Por Bárbara Nieva
02 Febrero 2024
EN CASA DE GOBIERNO. Monteros dialoga con Macchiarola cuando Yerba Buena adhirió al Acuerdo Fiscal.
De los tres municipios del interior que responden a Juntos por el Cambio, sólo dos firmaron el Acuerdo Fiscal Municipal (AFM) propuesto por la Provincia: Yerba Buena y de Bella Vista. Concepción ha decidido por ahora no adherirse al sistema que le garantiza el pago de los sueldos a los obreros. Los intendentes firmantes plantearon que la adhesión al pacto era necesaria para atender la situación financiera de cada ciudad pero insisten en una nueva ley de coparticipación. En un principio, el intendente Alejandro Molinuevo había dicho que sus pares acompañaban los planteos de la ciudad sureña, sobre que los montos a transferir eran insuficientes y que no se debía sostener la cláusula que impide formular denuncias contra la Provincia.
Sin embargo, la situación financiera de ambas municipalidades y las deudas que mantienen llevaron a que los funcionarios se separen del voto en contra. “Tenemos la misma postura, pero tácticas diferentes porque tenemos otras realidades”, dijo a LA GACETA Pablo Macchiarola, líder municipal de Yerba Buena.
“En el caso de Concepción, es mucho menos difícil salir del pacto social -después de más de 20 años- porque es un municipio de primera y recibe más fondos; en el porcentaje de torta coparticipable, ellos reciben un 4,5% y Yerba Buena, 3%; es un 50% menos”, explicó. Además, hizo referencia al superávit fiscal de la “Perla del Sur”, lo cual las otras jurisdicciones no tienen. “Concepción prácticamente no tiene deuda; Yerba Buena sí. Ante este escenario, creemos que lo mejor -por el momento- es quedarnos dentro del pacto”, expresó.
Macchiarola remarcó que esto “en absoluto” significa que la relación entre los mandatarios municipales opositores se haya visto afectada. “Alejandro Molinuevo es un correligionario, un amigo, un colega; siempre vamos a estar a su lado y apoyándolo”, insistió.
Nueva ley
Otro punto que el mandatario de la “Ciudad Jardín” no dejó pasar es que la firma del AFM no significa que no continuarán insistiendo en ir camino a una “solución de fondo”. “Hay que trabajar en una nueva ley de coparticipación que reconozca a Yerba Buena como una ciudad de primera; es la segunda después de San Miguel de Tucumán y tiene más de 100.000 habitantes”, defendió.
En segundo lugar, Macchiarola planteó que la “torta coparticipable” debe ser ampliada. “Tucumán es una de las provincias que menos coparticipa a los municipios. El promedio es de un 20% y Tucumán no llega ni a 13%”, manifestó.
“Hasta que Tucumán no tenga esa solución de fondo definitiva, que es modificar la ley que data de 1991, la distribución de ingresos va a ser inequitativa. En ese año Yerba Buena tenía 30.000 habitantes, su explosión demográfica es una de las más importantes de Argentina”, agregó el intendente.
Sobre la cláusula que impide a los municipios denunciar al Estado provincial, dijo: “consideramos que ese punto no debería estar, pero ante la necesidad económica de Yerba Buena nos quedamos sin margen de acción”.
Sin embargo, comentó que Darío Monteros, ministro del Interior, se comprometió a revisar esa pauta una vez que termine el acuerdo, en junio.
Por su parte, la intendente Ana Paula Quiles aseguró que la firma de Bella Vista en el AFM tiene el objetivo de garantizar el pago de sueldos a los empleados municipales, pero que el municipio buscará su autonomía en el futuro.
“No se puede salir del pacto de un día para el otro. La semana pasada hicimos unos planteos al Gobierno de la Provincia, que nos prometió llegar a un entendimiento hasta junio”, sostuvo.
Además, manifestó que: “Este convenio de seis meses nos permitirá ir trabajando para poder salir de la manera más ordenada posible. Mi prioridad siempre fueron los vecinos de mi ciudad y siempre voy a trabajar para defenderlos”.
Aún así, Quiles insistió en la necesidad de aplicar en Tucumán una nueva ley de fondos coparticipables.
Condiciones del AFM
A través de este programa de ayudas financieras, durante seis meses el Estado provincial les girará fondos a todas las intendencias para que puedan cumplir los compromisos salariales. El AFM no contempla subsidios para obras públicas, como sí lo hacía el Pacto Social vigente hasta el año pasado.
El Poder Ejecutivo provincial considera que la condición para la continuidad del nuevo convenio es que, transcurrido el período semestral, las municipalidades muestren un ahorro equivalente al 20% del total de sus erogaciones.
Paralelamente, tendrán que mejorar la capacidad de generar recaudación propia que, en definitiva, les servirá para atender el pago de los servicios esenciales, además de encarar un plan de trabajos públicos.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, ha señalado que el Acuerdo Fiscal Municipal modificó sus condiciones, en virtud de los cambios que ha experimentado la economía nacional y por la impronta que el propio presidente, Javier Milei, le ha dado a su administración con el recorte de los fondos no automáticos o discrecionales.
La situación de Burruyacu es particular. El intendente, Jorge Leal, anticipó que prescindirá de firmar el acuerdo, ya que no requiere -en la actualidad- de préstamos para cumplir sus obligaciones financieras. La coparticipación y el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), además de los ingresos propios, son suficientes para administrar el distrito que responde a Unión por la Patria.
En junio próximo, el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, revisará si es que los municipios que firmaron el acuerdo redujeron un 20% de los gastos. Tras ese diagnóstico, la Provincia definirá cómo continuará el programa fiscal.
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