16 Febrero 2024
ALEGATOS. La Fiscalía de Cibercriminialidad solicitó una pena tres años y seis meses. El defensor pidió la absolución o medidas de menor intensidad LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
“Estoy muy angustiado por la situación, la verdad es que no le encuentro ni sentido ni razón. Tengo a toda mi familia angustiada por lo que está pasando; me trato de mantener bien pero solamente para demostrarles a ellos, porque por dentro ya no puedo más. ¡Hace seis meses que siento que me están involucrando en algo que yo no tengo nada que ver!”, exclamó al borde del llanto Matteo Galván, el agente policial de 21 años que está siendo enjuiciado por la amenaza de bomba a la Secretaría de Trabajo, ocurrida el 28 de julio de 2023.
En la audiencia de ayer, además de escuchar al imputado, terminaron de declarar los dos testigos restantes y las partes realizaron sus alegatos de clausura. La Fiscalía de Cibercriminalidad solicitó la pena de tres años y seis meses y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años. La defensa fue por la absolución o medidas de menor intensidad. Hoy el juez Guillermo Taylor revelará su veredicto final.
En su declaración, el imputado explicó que ese día entró a trabajar a las 6.30 y que “antes de lo del llamado, se me acercó un hombre mayor y le presté mi teléfono para una llamada porque me dijo que tenía que buscar a un familiar; fue una cuestión de cinco segundos”.
El agente indicó que luego se comunicaron con él por la amenaza de bomba, por lo que fue a buscar a su compañero que cumplía servicio en la otra cuadra. “Lo hablé para que me asesore porque era la primera vez que me tocaba hacer esto. Le tomamos los datos al señor de la Secretaría, nos comunicamos con nuestra base y empezó todo el procedimiento. Luego seguí mi día de trabajo normal, es todo lo que tengo para decir de ese día. Por el sólo hecho de ser policía, cumplir mi trabajo y dedicarme a lo que me gusta se me está culpando de criminal”, manifestó.
Análisis fotográfico
Ayer se exhibió nuevamente el video registrado por la cámara de seguridad de la calle Mariano Moreno y el perito, Hugo César Suárez, realizó ante las partes el informe de los fotogramas de las imágenes, minuto por minuto. En una de las fotografías analizadas se observa que Galván a las 8 horas 2 minutos y 7 segundos “comenzó a realizar, aparentemente, una llamada telefónica que duró hasta las 8 h. 2 m. 22 s.”, relata el informe. Posteriormente se ve que “se acerca una persona al personal, aparentemente le consulta algo, un domicilio posiblemente, y este le indica para dónde ir”.
El fiscal Carlos Saltor le preguntó a Suárez si en las imágenes se ve a Galván facilitarle el teléfono al civil, a lo que el perito respondió que no.
Peritaje de las líneas
También se presentó Jesús Aranda, a cargo del departamento de informática forense del Ministerio Público Fiscal, y que se encargó del peritaje de los celulares y tarjetas SIM secuestrados en el domicilio del imputado.
El especialista informó que la línea del número desde el cual se realizó la llamada intimidatoria estaba a nombre de Galván y que una antena ubicada en Moreno 145 registró la comunicación. Además dijo que la llamada duró 13 segundos y que el Imai que impactó en la llamada no coincide con el de los dispositivos analizados.
Alegatos de la Fiscalía
En su alegato de clausura, Saltor afirmó que a lo largo del debate quedó probada la teoría presentada por la Fiscalía de Cibercriminalidad y dijo que a raíz de los testigos y documentos se comprobó que Galván intervino en el desalojo del establecimiento.
“Se puede observar de alguna forma la intencionalidad de que se produzca rápidamente el desalojo de la Secretaría. No hemos logrado saber la motivación concreta de los hechos del imputado, esperábamos hacerlo con su declaración pero no pudo ser así” expresó el fiscal.
“Del análisis del hecho no surge ningún tipo de elementos de justificación de exculpación de la conducta de Galván”, finalizó el representante del MPF y solicitó que el acusado sea condenado a tres años y seis meses de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años.
Defensa
El defensor Facundo Peñaloza, por su parte, solicitó la absolución de su pupilo o en última instancia que sea sometido a medidas de menor intensidad por considerar que “no hay pruebas contundentes que demuestren que Galvan es el responsable del hecho”.
Además sostuvo que su representado fue víctima de un robo de identidad. “Galván jamás se le ocurrió que podía pasar esto, pero todos estamos expuestos a este tipo de delitos. Comprendemos que no contamos con las herramientas tecnológicas para determinar en profundidad y de manera concreta quién está detrás de este hecho”, argumentó.
Hoy se escucharán las últimas palabras y el juez dará a conocer la sentencia. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero)
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