Las Pirámides, un rompecabezas para la UNT

Próspero Marcelo Sosa, el dueño de “Las Pirámides”, ese barrio privado asentado dentro del predio del parque Sierra de San Javier de la Universidad Nacional de Tucumán, es un nudo gordiano para la UNT. Mientras él avanza con su proyecto inmobiliario en el km 28 de la ruta 338, que ya lleva al menos 15 años, la UNT intenta hacer funcionar lentamente los engranajes de la Justicia Federal: ahora el juez Guillermo Daniel Molinari ha dispuesto la elevación a juicio de la causa contra Sosa por desobediencia a funcionario público, dado que no acató la orden de la justicia, de diciembre de 2018, de no seguir construyendo ni desmontando el bosque nativo, considerado zona roja de reserva ambiental.

Sonidos del silencio

Sosa resiste callado. “No voy a declarar”, dijo cuando debió presentarse en el juzgado por esta causa, que había llevado adelante el fiscal federal Agustín Chit. Sus argumentos se sostienen, para él, en una historia larga en la que defiende su derecho a la posesión del predio en que estuvo su familia desde hace más de 50 años y en la que acusa a la UNT de carecer de derechos y de no tener existencia legítima. Incluso ha denunciado a la institución, a sus funcionarios y también a varios magistrados. Dice que hay “crímenes de lesa humanidad”, en esta extensa querella por reivindicación que lleva adelante la Universidad para recuperar el predio y hacer –según expresó el abogado Máximo Castro, de la UNT- que se demuelan todas las casas y se restituya el bosque.

La Universidad recibió hace 77 años las 14.200 hectáreas de lo que hoy es el parque Sierra de San Javier –que abarca toda la parte del cerro que está arriba de Yerba Buena y Tafí Viejo, desde el límite con Villa Nougués hasta Tapia, y que llega hasta algunas partes de Horco Molle, donde se encuentran la Escuela de Agricultura y la Reserva universitaria. Fue una gigantesca expropiación de terrenos en el marco del plan Quinquenal de Juan Domingo Perón, que compró esos predios para que se hiciera realidad el proyecto de la Ciudad Universitaria, que el rector Horacio Descole llevó a cabo desde 1948 y que quedó trunco, por falta de fondos, hacia 1952.

Ocupantes ilegales

¿Eran bosques deshabitados? No. Eran predios que pertenecían a diferentes familias –los Paz Posse, los Mena, los Frías Silva, entre otros- y que, según se ha podido saber, generaron gran interés en esos tiempos y dieron lugar a procesos de compraventa previos a la gran expropiación. La UNT acaba de lograr que la Justicia ordene la escrituración de 1.756 hectáreas en la zona de Tapia, que habían pertenecido a Guillermina Viaña de Colombres Garmendia, quien los había comprado pocos meses antes de la expropiación. Dentro de esos terrenos había pobladores. Campesinos, trabajadores de distinta índole –en un informe de la Secretaría de Bienestar Universitario, del año pasado, se calculaba que siete décadas después, hay dentro del área del parque unos 1.500 ocupantes ilegales-; gente que trabajaba en las fincas de ese entonces que pasaron a ser parte de la UNT. Los herederos de esas personas viven, por ejemplo, en el barrio debajo del CAPS de Horco Molle que ya estaba formado antes de que se constituyera la UNT. Muchos eran empleados de la finca de caña de los Frías Silva y luego pasaron a trabajar para la UNT. Con ellos la entidad educativa ha tenido una relación tensa que se agravó cuando hubo intentos de agrandar el barrio o bien de conseguir papeles de posesión de los terrenos. No los van a expulsar, pero no les van a permitir titularizar sus viviendas.

Sosa es un caso especial. Durante un tiempo ha tenido relación de convivencia pacífica con la Universidad –un hermano suyo fue guardaparques-, acomodado en una situación parecida a los del barrio Horco Molle: mientras viviera ahí y no se expandiera o hiciera requerimientos de posesión lo dejaban estar. Así estuvo, según él dice, su padre y su familia desde antes de la existencia de la UNT. Illo tempore eran terrenos de Paz Posse y ellos vivían ahí.

Dos décadas y media de contienda

Pero a fines de siglo ya comenzaron algunos incidentes. Un episodio con armas de fuego en el que intervinieron guardaparques. Sosa comenzó a decir que tenía derecho de posesión. En 1998 la UNT lo querelló, acusado de usurpación. La causa fue boyando lentamente en la Justicia hasta que en 2008 (diez años después) el juez federal Raúl Daniel Bejas hizo lugar al pedido de sobreseimiento “en razón de haber transcurrido con holgura el plazo máximo previsto para la pena del delito de usurpación que se le imputa (tres años)”. En consecuencia, Sosa adujo derecho de posesión y comenzó su proyecto para construir el barrio. La primera casa data de 2010.

En 2018 la UNT descubrió, a raíz de un incidente de hombres armados con excursionistas en la cascadita llamada “El salto de la corzuela” (ubicada en la parte sur del parque) que se estaba construyendo un barrio privado. Se estaba comercializando por internet. Entonces comenzó el segundo round de la UNT contra Sosa. Tras el fracaso de la denuncia anterior por usurpación, se hizo una demanda por reivindicación para recuperar el predio, con un reclamo monetario por daño ambiental. Sosa afirma tener derecho a más de 4.600 hectáreas, es decir casi un tercio de la extensión del parque universitario. Al iniciarse la causa ya había unas 30 casas levantadas. La justicia le ordenó suspender de inmediato toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector. La UNT demandó un año después que Sosa seguía construyendo y hubo que esperar hasta que en 2022 se hiciera una inspección que corroboró que ya había más de 50 casas. Ahora la contienda de la UNT no es sólo con Sosa, sino con algunos de los compradores de esas viviendas.

Desobediencia

Esta causa civil va lenta, enmarañada en apelaciones y pruebas. La que ha avanzado es la de la desobediencia, que tal vez llegue a juicio en breve. Acaso haya una condena liviana, de hasta tres años de prisión condicional (no iría a la cárcel) que, a juicio del abogado Castro, sumaría para el reclamo de reivindicación de la UNT. Esta ya ha ido cerrando frentes en la defensa del patrimonio del parque -dice- con la escrituración de los terrenos que tenían los Colombres Garmendia en Tapia. “En algún momento se va a lograr que se demuela lo construido –reitera el abogado- y se pueda reconstruir el bosque nativo”.