28 Febrero 2024
La administración del presidente Javier Milei dará el control de los fondos fiduciarios al Ministerio de Economía. En los próximos días, el jefe de Estado suscribirá un decreto para encomendar la gestión de dichos fideicomisos a Luis Caputo.
Fuentes oficiales señalaron en los últimos meses se realizó una auditoría y se descubrió que son “más de los 30 que se dijeron en un comienzo”, por lo que las autoridades nacionales empezaron a analizar cómo desarmarlos.
En un comienzo, Nación estudió la posibilidad de eliminarlos directamente, pero aquí surgió la primera complicación, ya que solamente nueve de estos fideicomisos podían desaparecer a través de la firma de Milei, pero para el resto de ellos se necesita una ley.
Según señaló un artículo del portal Infobae, en la Casa Rosada remarcaron que en muchos casos también es difícil terminar con estos financiamientos, que sirven, por ejemplo, para obras de infraestructura, ya que hay algunas iniciativas que están en pleno desarrollo y con contratos vigentes con distintas empresas.
Por estos motivos, la decisión del Poder Ejecutivo fue optar por una forma para, en lugar de eliminarlos, controlarlos y tener el manejo del circuito del dinero en cuestión. Esto lo lograrán con un único Decreto que se publicará en el Boletín Oficial.
La norma establecerá que, a partir de su entrada en vigencia, el Ministerio de Economía de la Nación será el fiduciario de todos los fondos existentes, por lo que tendrá el manejo de los mismos, siempre cumpliendo con los términos establecidos en el contrato original.
Más poder para Economía
De esta manera, señalaron fuentes oficiales, se le quitará el poder de decisión sobre el dinero a los actuales fiduciarios, que en general son el vicegobernador o algún funcionario de la provincia beneficiada, para dárselo directamente a Caputo.
Técnicamente, un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El primero de ellos transfiere ciertos activos o propiedades al segundo, quien los gestiona, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato, para favorecer al último.
En la práctica, los gobernadores y la Nación utilizaron en varias oportunidades este mecanismo legal, que tiene menos controles, para poder avanzar con diferentes proyectos -como obra pública- que no estén contemplados en el presupuesto anual aprobado por el Congreso.
Algunos de los que ya existen son, por ejemplo, los programas de fomento de algunos sectores productivos o incluso el plan “Procrear”, destinado a la construcción de viviendas para los sectores humildes, entre muchos otros.
A diferencia de las partidas que se encuentran en la ley de Presupuesto, sancionada todos los años por la Cámara de Diputados y el Senado, estos fondos no pueden ser modificados ni destinados a ningún otro objetivo que no sea el que estableció el contrato.
Asimismo, el dinero en cuestión es gestionado por los funcionarios que son designados para esa tarea, pero que no se tienen que someter a los mismos mecanismos de control que demandan otras formas de financiamiento para garantizar su transparencia.
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