Por Gabriela Baigorrí
29 Febrero 2024
EN DOS. Desde ahora, el total de beneficiarios actuales se dividirán entre los laboralmente activos y los que no.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de dar de baja el programa Potenciar Trabajo tendrá un fuerte impacto en Tucumán. Más precisamente, en las organizaciones sociales que administraban casi 48.000 planes.
En estos casos, las personas fueron registradas directamente por las diferentes agrupaciones, fundaciones y cooperativas ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La intención del Ministerio de Capital Humano sería, precisamente, la de desplazarlas del manejo de los beneficios destinados a los sectores vulnerables.
La provincia es el tercer distrito en número de receptores en el país, por detrás de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Sucede que el Gobierno provincial, a su vez, cuenta con 23.700 cupos en municipios y comunas que son centralizados por la Dirección de Unidad de Gestión de Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
La cartera nacional que conduce Sandra Pettovello suplantará el Potenciar por dos programas llamados “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”.
En un comunicado, la ministra consignó que se tomó la determinación porque se trató de un plan ineficaz porque, argumentó, de los 1.400.000 ciudadanos inscriptos apenas el 1,3% habría conseguido un empleo formal.
De acuerdo con las previsiones de la Provincia y de las propias organizaciones, serían alrededor de 30 los grupos responsables en el manejo del programa.
Los que más vecinos contendrían, con una mensualidad de $78.000, serían los movimientos de mayor magnitud como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita o Barrios de Pie-Libres del Sur, Martín Fierro y el Movimiento de Unidad Popular (MUP). En otra escala, estarían algunos como Somos Barrios de Pie, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Barrial 19 de diciembre y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otros.
Referentes de diversas líneas políticas e ideológicas advirtieron off the record que la cantidad de beneficiarios estuvo atada principalmente a la representatividad de cada organización en el territorio o a la afinidad política que tenían con el Gobierno del ex presidente Alberto Fernández.
Pobreza
Los distintos sectores dedicados al trabajo social veían venir una definición de esta naturaleza, porque han sido blanco de críticas por parte del nuevo Gobierno desde sus inicios.
“Aunque aún no hay una normativa clara al respecto, estamos preparados para lo peor”, consignó Gustavo Herrera, referente del Movimiento Evita. “Este Gobierno no plantea el diálogo con ningún sector, es todo confrontación. Muchas veces se hacen cosas para provocar y generar tensiones. Estamos atentos a eso, los movimientos tratamos de no movilizar individualmente, sino en conjunto. No esperamos nada bueno”, lamentó. Precisó que administran alrededor de 8.000 beneficios y que las contraprestaciones se materializan en huertas, merenderos y panaderías, entre otras actividades en zonas rurales y en la Capital.
Caracterizó al ministerio de Petovello como de “Capital Inhumano”. “No entregan mercadería ni asisten a quienes necesitan, a quienes no pueden comprar comida. No está llegando nada para los comedores. En la época de Fernández tampoco recibíamos, ahora se agravó”, añadió.
Herrera cuestionó a quienes los llaman “planeros” y afirmó que su organización no toca un centavo de los beneficiarios. “No vivimos de la pobreza, vivimos para combatirla”, cerró.
Hugo Heredia, del Frente Darío Santillán, dijo que cuentan con entre 4.000 y 5.000 beneficiarios. Describió que las personas que lo cobran cumplen funciones en merenderos, cocinas solidarias, huertas comunes, bloqueras, herrerías y en cuadrillas de limpieza y albañilería. Aseguró que el impacto será generalizado en Tucumán y advirtió una maniobra del mileísmo para estancar los ingresos. “Por ley, el Potenciar iba atado al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Se cobra el 50% de esa suma. Cada discusión y actualización del Salario impactaba en el plan. Como ahora no habrá Potenciar, esta resolución viene a destruir las bases que hacían que el programa se sostuviera pese a la inflación. La Argentina, en vez de producir trabajo, precariza el trabajo”, sentenció. Aclaró que los montos de por sí ya son magros en relación a la canasta alimentaria y la línea de pobreza. Añadió que el 90% de quienes lo perciben son mujeres y consideró que es un signo más que palpable de la feminización de la pobreza.
“Es un grave error”: Romano (Mup) cargó contra la Nación
“Es un capítulo nuevo en la obsesión del Gobierno nacional por desmembrar las organizaciones sociales”, consideró Luis Romano, del MUP. “Es un grave error en un contexto de crisis económica y social. La lógica sería fortalecer a quienes hacemos de dique de contención social. Somos la primera línea de batalla de la pobreza y la miseria que se vive en los barrios”, afirmó el dirigente nacional. “Quieren tener en la mano la herramienta que les permita condicionar a los beneficiarios para que no participen de marchas y protestas”, cerró.
Incompatibilidades: presuntos cobros irregulares
En el fuero federal continúa la investigación por presuntos cobros irregulares y el posible uso político del programa de inclusión laboral. La causa originalmente es llevada adelante por el fiscal Guillermo Marijuan y tiene sus derivaciones en las provincias. La sospecha es que al menos 9.000 empleados públicos cobraban el plan social en el país, cuando tener un puesto es incompatible. En Tucumán, según el Gobierno, los investigados suman 702. El gobernador Osvaldo Jaldo ordenó iniciar sumarios administrativos a los agentes cuestionados.
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