Hay que aprovechar el Congreso, no despreciarlo

Con el inicio de las sesiones ordinarias los legisladores nacionales pueden armar su propia agenda y no seguir la que indique el PEN. El impulso de normas será una tarea compartida. Y eso complicará a Javier Milei si no sabe hacer aliados.

En una entrevista días atrás el Presidente dijo que no necesita del Congreso salvo a largo plazo y que tras las elecciones de 2025 tendrá bancas suficientes para impulsar legislación. Algo similar expresó en su discurso del viernes. Error. Primero, hay medidas que requieren leyes y necesitan tiempo para tener efecto de modo que mejor tomarlas lo antes posible. Segundo, ¿quién asegura que las personas aguantarán hasta 2025? Las decisiones legislativas de fondo deberían comenzar a mostrar su bondad empalmando con el descenso de la paciencia social. Tercero, ¿quién asegura que La Libertad Avanza tendrá buenos resultados en 2025? Y cuarto, mientras el Congreso tenga vida propia diputados y senadores pueden promover proyectos que interfieran con los planes presidenciales. El Ejecutivo deberá estar atento a ello además de a sus preferencias.

Por supuesto, hay (y habrá) decisiones propias del Ejecutivo que son importantes pero muchas tienen bajo o nulo efecto sobre la situación económica. Por lo tanto, hay peligro de que su impacto positivo se agote rápido. Reducir el número de embajadores políticos de 25 a seis, como explicó Diana Mondino, es un ejemplo (si bien aumentará la productividad de la política exterior). También cerrar el Inadi o el Ministerio de la Mujer, porque sólo se anuló la estructura de las cúpulas respectivas, pero si las funciones (y en consecuencia el personal) pasan al Ministerio de Justicia el gasto casi no disminuirá. Similar con el mal llamado idioma inclusivo, aunque tiene su aspecto económico. Lo básico de los idiomas es que sus códigos sean compartidos, para ahorrar costos de comunicación. Ellos se construyen de manera espontánea, hasta cierto punto son una creación democrática. De hecho, para Friedrich von Hayek, uno de los popes de la Escuela Austríaca de Economía, eran su ejemplo preferido de evolución institucional informal.

Pero la economía de comunicación exige que al menos el sector público utilice la estandarización más ampliamente comprensible así como que la enseñe para aumentar las posibilidades de interacción de los ciudadanos. Los mensajes del Estado requieren precisión y comprensión. Eso se logra con adhesión al pensamiento científico y respeto a los estándares comunicacionales más extendidos. Cuanto más deba traducir el ciudadano, menos claro queda el marco legal; cuanto más le cueste al empleado público entender los reglamentos, peor los aplicará. Las interferencias idiomáticas juegan en contra del fluir de las interacciones. Aunque al final el mensaje quede claro, la rispidez del código desusado tienta a dejar de prestar atención o a menospreciar el reglamento.

Las preocupaciones de respeto e integración pueden seguir otros caminos, sobre todo cuando es dudoso cuánto sirve el intento de imponer una jerga (chocante con la idea de la construcción social voluntaria). Como caso anecdótico para preguntar, no como prueba científica, sobre los impactos idiomáticos puede verse el alemán. El artículo “der” se corresponde con el castellano “el” y “die” con “la” (“das” es para palabras no germanas). Pero los plurales sólo usan “die”. Al revés que en español, donde el plural genérico suele ser masculino. Además, “padre” como varón con hijos es “Vater” y “padres”, el plural, es “Väter”. Pero para varones y mujeres con hijos se usa “Eltern”. Evita la confusión del castellano “padres” que sin contexto no es claro si refiere sólo a varones o a varones y mujeres. Parece un idioma muy progresista el alemán. Pues bien, no evitó la aparición de los nazis, quienes hablaban en inclusivo.

No es que en el castellano esté todo bien. Por algo “hombre público” implica una alabanza y “mujer pública” una deshonra. Pero pareciera que no es introduciendo ruido comunicacional que se logra la igualdad social.

Sí, la “batalla cultural” puede incidir en el progreso. Pero en sus aspectos de rescatar el valor del mérito, la importancia de luchar por las metas individuales incluyendo las materiales, el fomento a la iniciativa privada o la figura del empresario exitoso el resultado no pasa por un relato sino por su correlato de realidad. De nada sirve resaltar lo negativo de vivir de planes sociales si la iniciativa de montar una Pyme no tiene chances de éxito por las regulaciones, la carga tributaria y la falta de crédito y de capital humano. O si no hay demanda de mano de obra por miedo a la “industria del juicio”.

Todas esas metas necesitan marcos legislativos adecuados. Puede recordarse el decreto 70/23; por algo sus disposiciones fueron plasmadas como DNU y no en un reglamento común. También el contenido de la “ley ómnibus”. Si no hubiera necesitado forma de ley no se hubiera presentado como proyecto en el Congreso. Véase un caso fundamental para la situación fiscal y por lo tanto la inflación y con impacto en productividad, como son las empresas públicas, de las que debería justificarse su existencia, no su cierre o privatización. Pero el avance con esos proyectos Milei lo pretende, de nuevo, a todo o nada. No se trabaja así en democracia. Hay que seleccionar qué se puede sacrificar para que subsista lo esencial. Claro, no se puede negociar con cualquiera ni cualquier cosa, pero de eso trata la habilidad política.

Lo propuesto por el Presidente es muy valioso, de peso económico como penalizar la emisión para financiar al gobierno, o ejemplar como las “medidas anticasta”, y merece un análisis profundo. Pero LLA debe entender que no logrará todo. También que no se debe dejar de lado al Congreso. Que las reformas que necesita el país sean por ley ayuda a su permanencia si son fruto de un debate abierto, transparente, que llegue a la comprensión de los ciudadanos. No se puede esperar a que la motosierra y la licuadora estabilicen todo y en 2025 intentar imponer las ideas.