Por Gustavo Rodríguez
23 Marzo 2024
ESCUCHANDO EL DEBATE. Cuatro imputados durante la audiencia en la que escucharon la acusación del Ministerio Público.
Fue mucho más que una audiencia para imputar el delito de haber intentado una sedición policial. Uno de los cinco policías que fueron procesados rompió el silencio. Dio a conocer detalles de cómo se estaban organizando los efectivos para realizar una protesta por cuestiones salariales. Además, su defensor, aseguró que este causa es política. Las dos versiones convalidan la investigación que realizan las fiscalas Mariana Rivadeneira y Susana Cordisco.
El sábado 24 de febrero, el jefe de Policía Joaquín Girveaux denunció que un grupo de miembros de la fuerza estaban organizándose para realizar una huelga. Al día siguiente, en diferentes allanamientos, se detuvo a cuatro efectivos en actividad y se le secuestraron los celulares a otros efectivos.
En dos audiencias, la representante del Ministerio Público, al realizar la acusación, dejó en claro cuál era el rol que había cumplido cada uno de los acusados y planteó su teoría del caso. Estos son los detalles:
- Carlos Alberto Córdoba: empleado de la Municipalidad de Lules que está acusado de haber publicado el mensaje “vamos por el autoacuartelamiento”.
- Walter Federico Moreno: empleado policial que es el titular de la cuenta donde se realizaba el depósito del dinero de la colecta que realizaban para contratar los servicios de un abogado.
- Juan Eduardo Adrián Chebbib: también efectivo que cuestionó a los administradores del grupo de WhatsApp por haber desaparecido.
- Héctor Eduardo Coria: empleado policial que trabajaba en prensa del Ministerio de Seguridad y que fue individualizado por haber facilitado el contacto para dialogar con un abogado.
- Víctor David Graneros: efectivo que fue el creador del grupo “Salario Policial 2024” donde los sospechosos se organizaron.
- Gustavo Morales: la fiscala decidió procesar al abogado al encontrar, entre otros indicios, un mensaje de audio en el que el profesional ofrecía sus servicios para “fines nobles y que estén relegados por una superioridad corrupta, aquí estoy”.
Otro paso
Las fiscalas Rivadeneira y Cordisco avanzaron con la pesquisa y consiguieron que un juez ordenara la detención de otros cinco policías en actividad: Sergio Ponce, Diego Armando Ibarra, Raúl Isaac Coronel, Ramón Eduardo Cabrera y Luis Marcelo Rivadeo.
Ayer, tal como marca la ley, los sospechosos fueron llevados a una audiencia. Sólo tres de los señalados decidieron declarar. Rivadeo rompió el silencio y, entre lágrimas, fue el procesado que más datos aportó sobre lo que buscaban los efectivos.
“Lo primero que quiero decir es que me siento afectado en mi honor por esta acusación”, indicó. “Lo único que queríamos hacer es elaborar un petitorio para ser presentado ante las autoridades. Por eso estábamos buscando un abogado para que nos brindara asistencia legal. Jamás pensamos en hacer algo que no sea pacífico para afectar al pueblo tucumano”, añadió.
Antes, la auxiliar fiscal Brenda Deroy, había enumerado los mensajes que habían enviado los acusados antes de que se desactivara la revuelta policial. Los efectivos se arengaban para imitar a sus pares de otras provincia que habían realizado protestas y recordaron en varias oportunidades que la única vez que fueron escuchados fue con las huelgas realizadas en 2011 y 2013. En la última, se registraron los saqueos.
Eso no fue todo. El defensor de Rivadeo, como nunca antes sucedió en el proceso, habló sobre la arista política del caso. “La única frase que encuentro rescatable de Karl Marx es: ‘el hambre enloquece’. No veo delito alguno para que acusen a estas personas”, indicó Luis Benedicto. “Acá hay una cuestión política. Esta gente pretendió reclamar por mejores ingresos, como lo puede hacer cualquier trabajador. Hay una decisión política de encerrar a todos los que decidieron reclamar por algo justo. Ese es el lineamiento del Poder Ejecutivo que es acatado a rajatabla por el Ministerio Público”, agregó.
La resolución
Deroy solicitó que se le dicte la prisión preventiva por 90 días a los cinco sospechosos. “Son efectivos que querían acuartelarse y rebelarse a las autoridades para provocar desorden y caos como en 2011 y 2013 en la provincia”, indicó la auxiliar.
“Es un hecho institucional grave donde se fomentó la posibilidad de un golpe al orden establecido por lo que nuestra posición es inclaudicable”, aseguró Nicolás López Duchén, el representante del Gobierno que actúa como querellante en la causa.
Los defensores se opusieron porque consideraban que se estaba violando el derecho de expresión. También consideraron que se había violado la intimidad al considerar que se extrajo información de un grupo de WhatsApp que era privado. Sugirieron además que no se mantuvo el contexto de los mensajes.
El juez Alejandro Valeros aceptó parcialmente el pedido del Ministerio Público. Sólo dictó la prisión preventiva para Ibarra y Cabrera (permanecerá en su domicilio por padecer dengue) y a Ponce y Rivadeo les dictó el arresto domiciliario. En todos los casos, la medida cautelar será de 35 días. Coronel quedó en libertad, pero seguirá ligado al proceso.
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