Por Roberto Delgado
14 Abril 2024
Las consecuencias de la parálisis del Tribunal Oral Federal, que se quedó sin jueces, no se pueden medir, aunque sí intuir: no se van a investigar, o se lo hará tarde y mal, causas complejas vinculadas con la corrupción y el narcotráfico. Y se pueden paralizar más las de lesa humanidad. Y quedarán para el olvido las de lavado de dinero. Eso sobresale en medio del silencio inquietante que domina en la Justicia Federal desde que el único juez del tribunal, Carlos Jiménez Montilla, pidió licencia por razones de salud y activó su trámite de jubilación.
El juicio por presuntas irregularidades con fondos de regalías mineras contra el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, y tres ex funcionarios, iba a comenzar el 29 de abril y ahora queda en una nebulosa. Es presunta corrupción: se trata del manejo de $ 353 millones entre 2006 y 2009 (equivalían a 85 millones de dólares en ese entonces) para obras en la Universidad, que llegaron cuando la Minera Alumbrera empezó a pasar dividendos a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), empresa en la que la UNT es socia con Catamarca y la Nación.
Por detrás de ese juicio hay una larga fila de cosas que se deben resolver: cómo fue la ruta del dinero de la minería en la Universidad, es decir si hubo más responsables además de esos cuatro imputados (eso pidió la Cámara Federal de Apelaciones); qué responsabilidad tienen una veintena de empresarios que participaron en esas obras; y qué pasó con el proyecto de la Ciudad Universitaria, que deberá reflotarse, en caso de que termine anulada completamente el acta firmada por Cerisola en YMAD del 2 de enero de 2008, y que abrió la puerta a todo lo que hizo el ex rector con el dinero de las regalías mineras.
Aun más: si el acta queda anulada –que es lo que ha pedido la UNT en la Justicia- habrá que investigar qué se hizo con todo el dinero que llegó por regalías a la UNT desde 2003 (cuando llegaron los primeros dividendos de la Minera Alumbrera) a 2014 (cuando comenzó el cierre de la mina).
Es que el acta de la polémica había cambiado lo que prescribe la ley 14.771, de creación de YMAD: dice que el 40% de las regalías de la explotación minera debe estar destinado a la construcción de la Ciudad Universitaria hasta que esta esté concluida y sólo entonces se podría usar ese dinero para otras cosas.
Si cayera el acta y si se hallara responsable a Cerisola de esas maniobras, habría que volver al proyecto de hacer la megaobra en San Javier, soñada por el equipo del ex rector Horacio Descole a fines de los años 40. Entre 2008 y 2014 habría llegado bastante dinero. Tal vez unos 110 millones de dólares. ¿A dónde fue esa plata? Gran pesquisa que debería hacerse. Ahora, desde que se planteó anular el acta, la UNT guarda en plazo fijo cualquier remesa que llega de YMAD.
La causa contra Cerisola se inició en 2010, a partir de denuncias del arquitecto Ramón Eudal y del abogado y peronista disidente Oscar López. Ya van largos 14 años. La principal defensa del ex rector tal vez sea que él hizo todo con consenso de funcionarios y consejeros. Así lo planteó en una solicitada de 2016 en LA GACETA. Sus ex funcionarios también irían a decir que obedecieron órdenes o bien que actuaron según las normas. ¿En el juicio se hará comparecer a funcionarios –muchos de los cuales siguen en la UNT- para determinar por qué se autorizaron cambios como el apartamiento de la ley de obras públicas? Es probable.
Todo esto debería analizarse a partir del 29. Pero el tribunal, que venía menguado desde 2018, cuando se jubiló la jueza Alicia Noli, y desde 2021, cuando pasó a retiro Gabriel Casas, está prácticamente paralizado. Hay dos jueces subrogantes, Abelardo Basbús, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, ambos con causas en sus propios fueros.
Desde hace tiempo hay planteos para cubrir las vacantes en la Justicia Federal tucumana. Pero las propuestas siempre han estado en el tira y afloja de la política y no hay nada decidido. Mientras el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quiere que se aplique la reforma del Código Procesal Penal federal en todo el país, en Tucumán no hay casi jueces, ni personal, ni infaestructura.
Hace pocos días el fiscal federal Pablo Camuña planteó en LGPlay el problema severo de los retrasos en las causas. “En 2018 teníamos 20 juicios por año y el año pasado tuvimos cinco, lo cual complica enormemente la tarea de llevar adelante las causas y se van acumulando”. “Eso va generando tiempo y quejas de todo tipo válidas en muchos casos de quienes están sometidos al proceso y no pueden tener su situación resuelta”. Mencionó que hay causas de política criminal en las que tienen mandato de la Procuración General de la Nación en temas como trata, narcocriminalidad, contaminación ambiental y corrupción.
Acá hay otro problema severo que genera la ausencia de personal y estructuras en la Justicia Federal. El 21 de marzo se reunió el gobernador, Osvaldo Jaldo, con la Cámara de Apelaciones federal y con el único juez, José Manuel Díaz Vélez, y plantearon la necesidad de pedir al gobierno nacional que se resuelvan las vacantes. Ahí quedó planteada la paradoja: todos miran con buenos ojos el modo en que la Provincia está combatiendo el narcomenudeo, con detenciones y secuestros de droga en pequeñas cantidades casi cotidianos. Todas causas menores. Pero a los narcotraficantes en serio, a los peces gordos, no hay quien los persiga ni quien los enjuicie. No hay grandes causas en investigación desde hace tiempo mientras es notorio que crece el gran tráfico de droga. No basta con detener perejiles y secuestrar plantas de marihuana. No puede ser que el narcomenudeo sea la gestión de gobierno y que a la vez no haya tribunal para los narcotraficantes.
Lo más popular
