San Miguel de Tucumán: apuran la digitalización del boletín oficial

Concejales oficialistas y opositores exigieron a la Intendencia.

OPOSITOR. José Canelada. OPOSITOR. José Canelada.
16 Abril 2024

Concejales de San Miguel de Tucumán presentaron un proyecto de resolución para solicitar a la Intendencia que avance en la elaboración del boletín oficial Municipal para la Capital. Se trata de una ordenanza aprobada durante la gestión de Germán Alfaro, que debía implementarse en el corto plazo.

Esa ordenanza -presentada por el oficialista Emiliano Vargas Aignasse- rige desde julio del año pasado, cuando se había dispuesto un plazo de implementación de 60 días hábiles a 90, como máximo. Si bien esto coincidió con el cambio de gestión entre Alfaro y la actual intendenta, Rossana Chahla, aún no se comunicaron avances sobre el nuevo boletín oficial.

“Insistimos en su cumplimiento efectivo. No sólo porque es una obligación legal del Ejecutivo, sino también porque apoyamos las políticas públicas encaminadas a generar espacios de gobierno abierto”, dijo Ramiro Ortega (Fuerza Republicana). El edil sostiene que la modernización de la estructura administrativa es un gran desafío, pero también un paso más en el avance hacia una forma de gobernanza más abierta y accesible al ciudadano. “Esto nos acerca a un gobierno inteligente que agiliza, transparenta y simplifica. Existen formatos obsoletos que deben ser revisados; no sólo por el gasto excesivo que insumen, sino también porque mantenerlos presupone un obstáculo en la organización de un gobierno más ágil”, indicó.

Facundo Vargas Aignasse (Unión por la Patria) consigna que advirtió que, como durante los ocho años de Alfaro, no llegó al Concejo el boletín oficial en versión papel. “Auguramos que pronto lleguen ambos formatos: papel y digital”, señaló.

Al igual que Ortega, consideró que se trata de un paso adelante hacia la transparencia de los actos de Gobierno, ya que con la implementación de la ordenanza quedarían digitalizados resoluciones, convenios, licitaciones, edictos y demás documentos de la Municipalidad. “En campaña, Chahla hablaba de la necesidad de la existencia de un boletín digital; y en la última sesión se hizo un proyecto de resolución instando a que se aplique lo más rápido posible. Esperamos el anuncio”, desafió.

Decisión política

“Celebro que el Concejo Deliberante, sin distinción de bancadas, haya tomado esta decisión política”, dijo José Canelada (Unión Cívica Radical). Y remarcó la necesidad de que San Miguel de Tucumán sea un Estado que rinda cuentas de cada una de las acciones que lleva adelante y de los gastos que realiza. “No podemos seguir en esta nebulosa. Exigimos que se implemente el boletín oficial. Los tucumanos esperan de nosotros ordenanzas que puedan hacer que vivamos mejor; pero que también seamos vigías para que el Departamento Ejecutivo cumpla con sus obligaciones, no cometa excesos y no pase por encima de las ordenanzas que nos rigen”, dijo Canelada.

Gustavo Cobos (UCR) se remitió al ámbito legal. “El boletín oficial tiene la particularidad de que necesita dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Municipios de Tucumán, que señala que las ordenanzas que sanciona el Concejo Deliberante son obligatorias desde su publicación, y esa publicación se realiza en el boletín. Por lo tanto, estamos en una situación de inestabilidad jurídica para el municipio, porque si alguien decidiera cuestionar judicialmente las ordenanzas podría decir que ninguna está operativa”, explicó.

Además, señaló que la correcta implementación de la ordenanza N° 5.301/23 es importante para que los vecinos puedan acceder a datos oficiales del municipio. “Para que la gente sepa cuáles son las normas que reglamentan nuestra vida. Si no, ¿cómo van a saber qué se debe cumplir si no lo conocen?”, cuestionó Cobos.

Herramienta

De la misma manera, Federico Romano Norri (UCR) valoró que la digitalización del sistema permite a la ciudadanía, y a la oposición en particular, estar al tanto de los actos de gobierno y de todo lo relacionado a la vida legal y administrativa del municipio. “En definitiva, es una herramienta de ponderación de la institucionalidad que debe existir”, reflexionó.

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