Las aristas más polémicas del caso Adhemar

Pasarán los años y el caso Adhemar Capital seguirá dando letra y alimentando comentarios. Según los especialistas, se trataría de la mayor estafa que se registró en el NOA. Un expediente que encierra algunos condimentos particulares, en el que quedaron a la vista los vínculos políticos que estableció la financiera.

Edgar Bacchiani fue el cerebro de esta maniobra. Desde 2018 hasta que explotó el caso captó capitales de ahorristas para que hicieran inversiones en criptomonedas. Firmaba un contrato de seis meses y pagaba una tasa de entre el 7% y el 20% mensual. Quien invertía 10.000 dólares podría haber acordado una tasa del 15%, por lo que al terminar el vínculo hubiese obtenido U$S 19.000.

Miles de personas quedaron hipnotizadas con semejante propuesta. El primer local se abrió en Catamarca; el segundo, en Tucumán, y el último, en Córdoba. Pero también hubo inversionistas de al menos otras 10 provincias. La bomba estalló en abril de 2022 cuando muchos comenzaron a darse cuenta de que no podrían recuperar sus ahorros.

Algunos datos

Los investigadores creen que fueron unos 5.500 inversores. Según sus cálculos habrían aportado unos U$S 400 millones. De ese número, U$S 320 millones eran capitales de catamarqueños y de otras provincias; unos U$S 80 millones de tucumanos, y unos U$S 20 millones pertenecían a inversionista cordobeses Los pesquisas también estimaron que los fondos tenían tres orígenes:

- “Legales”: capitales aportados por ciudadanos comunes que invirtieron todo lo que tenían o también lo que no tenían. En Catamarca varios taxistas vendieron los autos para hacerse de un capital para invertir.

- “Negros”: eran fondos que al no ser declarados por personas no podían hacer operaciones legales que les permitiera incrementarlos.

- “Ilícitos”: los que provenían de algún delito. También se sospecha que funcionarios catamarqueños podrían haber realizado inversiones con fondos del erario público.

Cambios

Los problemas de Adhemar surgieron cuando el gobernador Raúl Jalil pidió públicamente a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central de la República Argentina que investigaran a Adhemar Capital. Al confirmarse que no contaba con la autorización para operar comenzaron los problemas. Hubo una corrida que generó la cesación de pagos a partir de enero de 2022. “Esta causa está llena de manejos extraños que fueron realizados por el poder catamarqueño. Buscaron chivos expiatorios para proteger a peces gordos”, opinaron Javier Lobo Aragón y Aníbal Paz, quienes asistieron a Lihué Banegas y a Lucas Barrera Oro, los tucumanos que fueron investigados y luego desvinculados de la causa.

La firma de Bacchiani actuó durante mucho tiempo con el apoyo de todo el arco político catamarqueño. Diputados del PRO se mostraron cercanos al CEO y apoyaban las actividades que realizaba. Al mismo tiempo, “El Pelado” firmaba convenios con el Estado catamarqueño para que los empleados públicos pudieran invertir a través de descuentos por planilla o para que la Agencia de Recaudación de Catamarca (el equivalente de Rentas de Tucumán) abriera subdelegaciones de control en la misma sede de la empresa. También para modificar el código tributario de esa provincia, para cobrar un impuesto a las ganancias de los ahorristas. Además, el ahora detenido trader estaba relacionado comercialmente con familiares del titular del PE catamarqueño.

En la causa también fueron mencionados dirigentes de otras provincias. El ex legislador y actual funcionario de la Ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán declaró como testigo. Un informe de la Unidad de Información Financiera daba cuenta de que Bacchiani habría realizado una millonaria transferencia a una de sus cuentas, pero él negó todo ante las autoridades judiciales.

Juan Carlos Rojas era ministro de Desarrollo Social de Catamarca cuando fue encontrado sin vida en su casa el 3 de diciembre de 2022. El primer fiscal que intervino en la causa dijo que había muerto de manera natural, por lo que no se preservó la escena y tampoco se inició una investigación. Horas después se confirmó que había sido asesinado de un golpe en la nuca. Ya han pasado más de 18 meses del crimen y la pesquisa está estancada. Los familiares de Rojas, ligado al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, siempre dijeron que la muerte del funcionario estaba vinculada a un trabajo que realizaba en su cartera. Habría descubierto faltantes por U$S 500.000 y se sospecha que podrían haber sido invertidos en Adhemar.

Derrotero

El caso generó un insólito derrotero judicial. El juez federal Miguel Ángel Contreras peleó a capa y espada para que la investigación quedara en esa provincia. Hizo planteos de todo tipo y consiguió que todas las denuncias efectuadas en contra de Bacchiani en el país llegaran a sus manos. En la tramitación hubo una polémica autorización para que tuviera acceso a sus cuentas y demostrar que tenía fondos. Fueron muy pocos los que pudieron recuperar la totalidad de sus inversiones. Dicen que sí lo hicieron aquellos “pesados” que llegaron a amenazarlo de muerte.

Los cordobeses se negaron al pedido de Contreras y siguieron la investigación en contra del CEO. La fiscala Valeria Rissi logró que un juez de garantías aceptara que Bacchiani sea enjuiciado por 50 casos de estafas, que dejaron un perjuicio de unos U$S 1,5 millón. Esa cifra representa menos del 10% de los U$S 20 millones que supuestamente captó en esas tierras. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no anula el proceso, el creador de la financiera podría recibir una pena de seis años si es encontrado culpable. “En Catamarca tiemblan con la posibilidad de que se desarrolle este debate. Saben que aquí se pueden conocer detalles que podrían complicar a muchos”, explicó el abogado tucumano Alfredo Aydar.

El fuero penal de la Justicia de Catamarca nunca investigó a Bacchiani. Los funcionarios sintieron un enorme alivio cuando el juez federal Contreras decidió acumular todas las causas porque estaban siendo criticado por su inacción. El fuero comercial no sólo actuó, sino que lo hizo velozmente. “El Pelado” pidió la quiebra de Adhemar y la suya. Una jueza aceptó la solicitud de la firma y en tiempo récord comenzó con los trámites. Se presentaron 269 personas que reclamaron el pago de U$S 3,5 millones. Sólo se aceptaron los pedidos de 178 damnificados que intentarán recuperar poco más de un U$S 1 millón y quedaron fuera de la convocatoria más de U$S 2,3 millones.

Fuentes judiciales aseguraron que el acusado tiene al menos una cuenta en la que en diciembre de 2022 tenía U$S 3 millones y varios bienes con los que podría afrontar las exigencias de sus acreedores. Si lo hace, el hombre que está acusado de haber realizado la estafa más grande del NOA podría ser sobreseído.