¿Por qué puede ser difícil retocar la coparticipación?

“La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”. Eso es lo que propone el capítulo 6 del Acta de Mayo que, el martes a la madrugada, se firmará en Tucumán en oportunidad de los 208 años de la Declaración de la Independencia. El presidente Javier Milei propone a los gobernadores ese postergado debate del reparto del dinero de los impuestos, en un marco de caída de los ingresos federales, con una recesión galopante que resintió las arcas de los distritos subnacionales.

La iniciativa de la Casa Rosada, sin embargo, enfrenta tres desafíos fundamentales que implican un cambio profundo en la relación fiscal Nación-provincias.

1- La telaraña de impuestos que aportan para la distribución de recursos coparticipables. Este año, el asesor económico y financiero del Consejo Federal de Impuestos (CFI), Vicente Alberto Pollola, ha actualizado el laberinto de la coparticipación, un entramado de porcentajes de distribución que, como se observa en la imagen, implica un arduo trabajo de reestructuración, que, necesariamente, llevará a definir qué parte de la torta se llevan las provincias y cuál será la tajada para la Nación. La discusión se prolongaría si se mantiene el esquema actual. Ahora bien, ¿qué sucedería si la Nación cede parte de sus ingresos como gesto de federalismo fiscal? Eso facilitaría un acuerdo integral.

2- Las necesidades financieras. En el primer semestre de este año, las transferencias coparticipables exhibieron una variación nominal del 231,5%, que se traduciría en una caída real del 12,4% al descontar la inflación del período, advierte un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Otro reporte, el de Politikon Chaco, puntualiza que las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) perdieron poco más de $ 1 billón durante el primer semestre respecto de igual período del año pasado, por efecto de la quita de IVA y de Ganancias. La resignación de Tucumán, en ese aspecto, ha rozado los $ 45.000 millones (el valor de la mitad de una planilla salarial mensual). En parte se recuperaría si es que entre julio y diciembre se produce la restitución del cobro del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría de trabajadores. En el global, significaría la distribución en el país de unos $ 638.000 millones, de los cuales $ 29.300 millones ingresarían a las arcas tucumanas hasta fines de año.

Fallo de la Corte

3- Las disputas políticas. Mauricio Macri encendió el ventilador. El líder del PRO pidió, a través de las redes sociales, que la Nación cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se restituyan fondos a CABA. “El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”. posteó desde su cuenta en “X”. El que le salió a responder fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y por la misma vía. “Si no hay plata, no hay para nadie”, escribió el mandatario norteño. Y fue más allá: “no niego la legitimidad del reclamo pero sí lo sectario y excluyente del mismo. Lamentablemente, las provincias no tenemos ningún pariente ex presidente que acompañe y apoye nuestros reclamos”. La cuestión política no es ajena. Lo difícil del debate por la coparticipación tiene otro interrogante: ¿qué gobernador retornará a su provincia para decir que perdió un porcentaje de la torta coparticipable en la negociación? A Tucumán eso ya le pasó cuando en la década de 1990 tuvo que resignar casi un punto del índice que hoy es del 4,6%. Si eso no hubiera pasado, la provincia gozaría de casi $ 37.000 millones extra por mes.

La clave es el acuerdo integral: las razones para incluirlo en el Acta de Mayo

En la reforma instrumentada en 1994, los constituyentes le dieron rango constitucional a la coparticipación federal de impuestos. El texto de la Carta Magna nacional estableció que se trata de una “ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”. Se indicó que “deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara; no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias”. El Acta de Mayo intenta reparar aquel incumplimiento constitucional, 30 años después de la reforma.