La reforma de la ley Penal Juvenil asoma como prioridad en el oficialismo

Con el segundo semestre del año en marcha, la agenda del Poder Legislativo Nacional promete un ritmo frenético porque aunque se hayan sancionado la Ley Bases y el paquete fiscal, las iniciativas que pretende impulsar la Casa Rosada prometen un debate tan profundo como complejo. En este contexto, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados entiende que el plazo para avanzar es acotado porque el 15 de septiembre es la fecha establecida para que ingrese al Congreso el Presupuesto 2025 y es una norma que por su complejidad suele paralizar al resto de las discusiones.

Tras su paso por Tucumán para acompañar al presidente, Javier Milei, en la firma del Pacto de Mayo, los diputados y senadores del oficialismo remarcaron que en las próximas semanas el debate parlamentario se centrará en la reforma de la Ley Penal Juvenil. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hace semanas que la gestión nacional tiene la intención de avanzar en este sentido y remarcó que hasta el momento solo ingresó al Congreso un anteproyecto para bajar a 13 años la edad de imputabilidad. “Delito de adulto, pena de adulto”, es una de las frases que más replican los referentes oficialistas cuando se refieren al tema.

La propuesta que estimula el Gobierno nacional se fundamente en distintos ejes como por ejemplo el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región, amparado en que en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú la edad de imputabilidad es a los 14 mientras que en Brasil es a los 12. Otro de los aspectos contemplados en la nueva reforma es “la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país”, la cual establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, “incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal”. Además, se hace hincapié en “la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad”.

Sobre lo que puede ser la implementación de la legislación, la titular de la cartera de Seguridad adelantó que en caso de que el Congreso avance con la temática, cada una de las provincias deberá realizar las adaptaciones pertinentes en sus códigos procesales para definir qué tipo de lugares de retención van a utilizar para los menores condenados.

Cambios y sugerencias

Actualmente, el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980, establece que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Solo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados Centros de recepción y contención de menores.

En referencia a este tema, Unicef en su documento ‘Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil’ advirtió: “En Argentina la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.

En esta línea, la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, explica que “los Estados partes deben establecer una edad mínima de responsabilidad penal”, e insta a que no la eleven y sea lo más cercana posible a los 18 años. Además, sostiene que “la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años”.

Paquete de seguridad

Más allá de lo que puede llegar a demandar el debate por la reforma de la Ley Penal Juvenil, el gobierno tiene en mente también impulsar un paquete normativo que engloba, entre otros, el proyecto de Ley Antimafias. La iniciativa tiene como objetivo que “aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.

Otro de los proyectos que está en la agenda del oficialismo es el de ley resguardo del orden público, que sustituye artículos del Código Penal en atención al resguardo del orden público. Desde la oposición ya advirtieron que esta propuesta solo apunta a una mayor criminalización de la protesta social.

Finalmente, no se descarta otro proyecto que intente modificar previsiones del Código Penal, del Código Procesal Penal Federal y del Código Procesal Penal establecido por Ley N° 23.984, en materia de reincidencia, concurso de delitos y unificación de condenas.