El trámite para obtener el certificado de “buena conducta” próximamente dejará de ser presencial y en soporte físico. La Legislatura incluirá en la próxima sesión un proyecto de ley para la creación del Registro Provincial de Antecedentes, un sistema que permitirá la digitalización del acta que da constancia si alguien tiene o no antecedentes penales o procesos pendientes. La iniciativa cuenta con dictamen favorable de la comisión de Seguridad y Justicia, y se encuentra lista para su tratamiento.
La iniciativa llegó a la Cámara en abril desde el Poder Ejecutivo, con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa. En ella se fundamentó que va en consonancia con los nuevos paradigmas de considerar a los derechos digitales de las personas como derechos humanos y la modernización del estado como garantía de eficiencia y transparencia. El parlamentario José Cano (Radicalismo Federal) presentó un proyecto similar días después. Ambas propuestas fueron estudiadas en conjunto y dictaminadas por el comité que preside Carlos Najar (bloque Justicialista).
El texto que envió la Casa de Gobierno advirtió que el sistema de registración actual implica “una práctica costosa y lenta en tiempos en que la digitalización implica mayor eficiencia por el ahorro de tiempo y de recursos humanos”. A su vez, se destacó que en un contexto de globalización de bienes y servicios y de información en tiempo real, la política de Estado debe trascender los gobiernos y abordar los cambios sociales de manera positiva.
Información unificada
El dictamen, que cuenta con 25 artículos y será puesto a consideración el miércoles 28 en el recinto, fija que el Registro Provincial de Antecedentes Personales funcionará en el Departamento General de Policía. Tendrá como función centralizar la información referida a las denuncias, procesos penales y contravencionales sustanciados en todo el territorio de la provincia e informar sobre los antecedentes penales y personales de todos los ciudadanos mayores de 16 años.
El Registro se formará con información digital aportada por el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Tucumán y el Servicio Penitenciario. En él se plasmará información de cada ciudadano en hechos como prisión preventiva, rebeldía, elevación a juicio, probation, medidas de seguridad, requisitorias de citación, entre otras. También se incluirán datos personales como fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, empleo o profesión, nombre y apellido de los padres y características relevantes que faciliten la identificación, entre otras.
Costos, PDF e IA
El certificado de antecedentes, conocido popularmente como “de buena conducta”, se otorgará en formato PDF con un sistema de doble validación que determinará el registro y será enviado al correo electrónico del solicitante. Tendrá una validez de tres meses. Se indica también que el interesado deberá gestionar el certificado a través de la página web oficial habilitada por el Registro, siguiendo el protocolo de validación de identidad previsto a tal efecto. Se propuso también que el arancel por la emisión del certificado digital se fije según su urgencia. Por ejemplo, si se solicita la emisión en un plazo de 72 horas hábiles, el valor será equivalente a un litro de nafta súper de YPF (actualmente en $1.066). En cambio si se pide que el certificado se expida en un plazo de 24 horas hábiles, el equivalente serán tres litros ($3.198). Se exceptúa del pago a jubilados con haberes mínimos o personas que acrediten certificado vigente de discapacidad.
Especialistas del Ministerio de Seguridad que trabajaron en la iniciativa del PE indicaron que están digitalizando los legajos de más 700.000 personas para tener todo listo cuando se implemente la norma. Explicaron que para el nuevo sistema se implementará inteligencia artificial (IA), para la corroboración de los datos biométricos, pero que habrá un doble chequeo con agentes que estarán monitoreando las acciones en tiempo real. Indicaron que semanalmente se emiten unos 2.000 certificados de “buena conducta”. Por último, aclararon que si bien la normativa busca que el trámite sea 100% digital, sí deberán concurrir de modo presencial aquellas personas que tramiten por primera vez la constancia.
“Ha quedado obsoleto”
Cano expresó en su proyecto que lo positivo será contar con una herramienta informática “indispensable para el desempeño de cada tucumano y que, cuando le sean solicitados sus antecedentes personales en sus actividades laborales, comerciales o a la hora de ingresar a un nuevo trabajo y muchísimos otros trámites más, pueda hacerlo conociendo los requisitos y documentación necesaria para su tramitación”.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, quien es vicepresidente de la comisión de Seguridad y Justicia y también firmó el dictamen, manifestó que la digitalización del sistema es crucial e indispensable en estas épocas. Además, destacó que los beneficios serán múltiples en la faz preventiva, investigativa, operativa y administrativa. “Nuestros uniformados contarán con información plena, actualizada y oportuna que hará más eficiente su labor desplegada en el terreno, como así también en las investigaciones”, destacó. Señaló también que el sistema actual, de fichas dactiloscópicas mediante el pintado de huellas dactilares a través de tinta, ha quedado obsoleto. A tal punto que en países de primer mundo hace tiempo se implementa el registro de datos biométricos mediante el uso de tecnología acorde (lector de huellas, escaneo del iris, fotografías, entre otras). “Esto debe ser una oportunidad de desarrollo para las instituciones encargadas de administrar justicia y de hacer cumplir la ley”, cerró.
Actas válidas y truchas
En la actualidad, el trámite se realiza de modo presencial en las instalaciones de la Jefatura de Policía (Italia 2.061), tanto para solicitar el certificado como para retirarlo. Se realiza con un turno previamente solicitado a través de este link. Si es la primera vez que se tramita se debe acompañar con fotocopias del DNI, acta de nacimiento -y de matrimonio, si corresponde- legalizada, entre otros requisitos en soporte físico. Tiene un costo significativo de $99, pero las autoridades señalaron que es un valor histórico que hoy no cubre ni los insumos (por ello se buscó el valor de un litro de nafta).
La modificación del sistema permitiría también terminar maniobras ilícitas que durante años se vinieron realizando para la gestión de certificados “de buena conducta” truchos. Hace unos años, por ejemplo, detuvieron a un ex policía retirado que vendía turnos falsos para gestionar el acta con papeles adulterados. En redes sociales como Facebook, incluso, abundan las publicaciones de personas que dejan sus teléfonos celulares para ofrecerse como gestores de turnos para sacar el certificado.