Prohibición de cobro de tasas y cargos: más dudas que certezas

La prohibición nacional respecto de la imposición de tasas municipales en los servicios públicos privatizados, ¿será de cumplimiento efectivo? Una primera respuesta indica que, más allá de la decisión adoptada por el ministro de Economía Luis Caputo de frenar las imposiciones comunales, esa medida no tendría efectos prácticos. ¿Por qué? El fundamento que esgrimen los intendentes de varios distritos de la Argentina es que la Nación no puede avasallar la autonomía municipal, contemplada en la Carta Magna. Pero hay otras bases argumentativas.

En Tucumán, las autoridades creen que el avance de la Casa Rosada está directamente relacionado con la conducta que adoptaron los intendentes de Buenos Aires de aplicar sobretasas no sólo en servicios como el gas y la electricidad, sino también en el combustible y ahora en los supermercados. Caputo puso sobre la mesa de discusión un asunto que puede tener un efecto en cadena. Ahora arrancan con las tasas municipales, mañana tal vez pueda ser la mismísima coparticipación federal de impuestos. Ese es el temor que tienen los gobernadores, aunque en las últimas jornadas hubo una suerte de abroquelamiento para generar una red de contención política y jurídica para que no se toque el esquema de distribución automática de los recursos que se reparten de la recaudación nacional. La Nación ya les cortó el grifo de las transferencias discrecionales o no automáticas, un recorte que, en los primeros ocho meses del año, promedió el 60%, aunque hubo jurisdicciones como el caso de Tucumán, en que la poda llegó hasta el 80%. La obra pública fue la otra víctima del plan de ajuste instrumentado por la administración del presidente Javier Milei.

Ahora, en los hechos, pese a que las tasas municipales promedian el 15% del total de la facturación en las boletas del servicio de electricidad, los funcionarios señalan que resistirán, a capa y espada, una decisión que atente contra esa recaudación. Mucho más se observará en el caso de la provincia, si es que la medida, en el futuro, tiene alcance hacia el impuesto sobre los Ingresos Brutos. “La energía tributa”, aclararon por las dudas desde la Casa de Gobierno tucumana.

Entonces, ¿qué se argumenta para no tocar la factura de la luz? Fuentes vinculadas a la actividad indicaron a LA GACETA que la aplicación de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio alcanza a servicios considerados federales (gas o el caso de Edenor o de Edesur), pero no a los servicios cuya titularidad es provincial, como el caso de las distribuidoras de electricidad. “Los que determinan el contenido de la factura son los entes reguladores, en criterios compartidos por el Gobierno provincial, en los que la Nación no tiene jurisdicción específica”, acotó la fuente consultada.

Con todo esto, las dudas son mayores que la certeza. Por lo tanto, tomando en cuenta la situación política, la factura del servicio de electricidad o de gas no tendrá grandes variaciones en los cargos, pero sí en el valor del consumo del servicio.