Por Gustavo Rodríguez
16 Septiembre 2024
LOS FAMOSOS PAPELITOS. Los vendedores de drogas envuelven las dosis de un gramo en papel glasé metalizado para luego comercializarlas. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
En promedio, en nuestra provincia se hicieron tres procedimientos antidroga por día desde el 1 de diciembre de 2022, día que se puso en vigencia la ley de narcomenudeo en Tucumán. En 690 jornadas, que corresponden desde esa fecha hasta el 31 de agosto, según la información oficial a la que tuvo acceso LA GACETA, fueron concretados 2.308 operativos. Estas cifras, que por primera vez salen a la luz, generaron diferentes opiniones entre abogados penalistas, beneplácito entre algunos vecinos y anuncios de las autoridades de que no bajarán los brazos en la lucha contra el microtráfico de sustancias.
Tucumán se adhirió a la desfederalización de la lucha contra la comercialización de drogas en 2015, cuando el ex presidente Mauricio Macri pidió la colaboración a las provincias para frenar la creciente modalidad delictiva que hasta nombre le pusieron: narcomenudeo. Su aplicación se frenó por los planteos realizados por el ministro fiscal Edmundo Jiménez.
En agosto de 2019, un día después de haber sido reelecto, en una entrevista de “Buen día”, el por entonces vicegobernador Osvaldo Jaldo anunciaba que insistiría con el dictado de una nueva norma para hacerle frente al microtráfico de sustancias. En menos de tres meses se modificó la ley originaria, pero no pudo superar las trabas judiciales.
Al hacerse cargo interinamente del Poder Ejecutivo en septiembre de 2021, Jaldo aceitó los engranajes y en 14 meses logró poner en marcha la ley de narcomenudeo. Desde ese momento ordenó a las fuerzas que actuaran contra los “transas” y, de manera paralela, organizar a las instituciones para que brindara asistencia a los adictos.
Los resultados salen a la luz con las estadísticas. De los 2.038 procedimientos, sólo 883 fueron realizados por causas de narcomenudeo. El resto fueron allanamientos concretados por otros delitos como robos, amenazas, lesiones y hasta de violencia de género lo que generó todo una discusión sobre su legalidad.
PERITAJES. Los policías realizando pruebas de campo en un operativo.
Paralelamente, el Gobierno logró formar una red de más de 180 ONG para brindar asistencia a las personas con problemas de adicción. El Ministerio Público también se sumó a esta iniciativa inaugurando albergues y aportando recursos secuestrados en investigaciones para que puedan desarrollar su tarea.
“Lo único que queremos es que lo saquen de una vez por todas a estos delincuentes. Han causado mucho daño a la juventud. A ellos no les importa nada a quién vende. Esta era una zona tranquila hasta que ellos vinieron. Ahora los jóvenes andan perdidos por el consumo o buscando qué robar para comprar porquería”, explicó Esteban Martínez, vecino de Villa 9 de Julio.
“Creo que se demoraron mucho. A nadie le importó la llegada del paco y de la pasta base. Cuando reaccionaron, ya teníamos muchos chicos perdidos y gente que se hizo rica vendiendo esto. Ahora será más difícil”, aclaró Olga Pedraza que aseguró que todos los problemas que hay en San Cayetano tienen un mismo origen: la adicción a las drogas.
Más números
La cantidad de detenidos por causas vinculadas a la comercialización de estupefacientes también es llamativa. En total, en los casi 21 meses de vigencia de la norma, hubo 2.092 detenidos, lo que da un promedio de tres por día. Para tener una idea, esa es la cantidad aproximada de presos que están alojados en las dependencias policiales en plena crisis carcelaria.
Además, según los registros del Ministerio de Seguridad, fueron demoradas 420 personas que luego recuperaron la libertad. Fuentes policiales señalaron que son hombres y mujeres que estaban el lugar cuando se realizó el allanamiento o que tenían sustancias para consumo personal.
Dentro de ese mar de números hay otro dato para tener en cuenta. Hasta el 25 de agosto, se habían arrestado a 982 personas (promedio de cuatro por día). Si se mantiene esa tendencia, a fin de año podrían superar los 1.400 detenidos. Ese incremento refleja una sóla situación: la lucha contra el narcomenudeo está lejos de ganarse. ”Me parece bien que hagan algo, pero tienen que ser más duros. Meten en cana a uno y a la semana, ya están vendiendo sus parientes”, se quejó Laura Herrera, de Villa Amalia. “Estos sinvergüenzas no tienen que salir más de la cárcel. Ellos no sólo son responsables de que los chicos anden como fantasmas por las calles, sino que además, de la inseguridad de los barrios. Son los ‘piperos’ los que roban lo que pueden”, opinó su vecina Gladys Heredia.
En la Justicia
Las estadísticas que confecciona la Corte Suprema Justicia de la provincia también son importantes. En 2023, se dictaron 104 condenas por narcomenudeo, de las cuales 84 fueron de cumplimiento efectivo (penas de más de tres años) y las otras 20, condicionales.
Hasta el 15 de agosto de 2024, se dictaron 95 sentencias. Con ese ritmo se superarán con creces las del año pasado. De ese número, 75 fueron efectivas y 20 condicionales. Pero lo más importante es que sólo hubo dos casos de reincidencias.
Aunque las comparaciones son odiosas, es importante determinar qué ocurría cuando la Justicia Federal entendía las causas de narcomenudeo. Estiman que entre 2015 y 2023 dictaron unas 500 condenas por este tipo de delito, lo que da un promedio de 55 por año. Se debe aclarar que se trata de un fuero que está prácticamente colapsado por las vacantes en fiscalías, juzgados y por no contar con un tribunal oral.
Además, recién para el próximo año está previsto que se aplique el nuevo código procesal penal, que es similar al de nuestra provincia y que le imprimió velocidad al cierre de las causas. Un ejemplo, en Salta, en donde ya está en vigencia el digesto, un narco es condenado en seis meses como máximo. En Tucumán, Rogelio “El Gordo” Villalba, símbolo del microtráfico en La Costanera, fue arrestado en septiembre de 2016 y hasta el momento no se informó si recibió algún tipo de pena.
Otro enfoque
“En el encuentro del Consejo de Seguridad Interior se habló y mucho del tema. Hubo coincidencias de que debe producirse un giro y atender la demanda. Además de incrementar los planes de lucha contra las adicciones, debemos evitar que las sustancias arriben a las provincias”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
Hasta el viernes, en lo que va del mes según los registros de Gendarmería Nacional, se secuestraron 440 kilos de cocaína (un promedio de 34 kilos por día) que eran trasladados por las rutas de la región. De esa cantidad, 171 kilos estaban vinculados a Tucumán, ya que 29 fueron secuestrados en nuestra provincia y los 142 restantes habrían sido para ser comercializados aquí. A esos se le debe agregar los 10 kilos encontrados por la Policía cuando fueron arrojados por sus transportistas en Las Talitas.
Agüero Gamboa y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico Jorge Dib continúan elaborando un plan para blindar la frontera norte de la provincia. “Vamos a seguir con el Operativo Lapacho, pero la intención es que personal especializado en la lucha contra la droga tenga mayor presencia en los controles”, aseguró el ministro. Hay un ejemplo: en el puesto limítrofe de 7 de Abril, al noreste tucumano, los gendarmes comparten espacio físico con la policía y el escáner para realizar controles, puesto que la fuerza federal no cuenta con esos recursos.
“El lanzamiento del Comando Unficado reforzará eso. Creado a instancias de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, se formará un cuerpo con representantes de todas las fuerzas federales y la Policía para trabajar de manera conjunta. Este grupo hará inteligencia criminal para profundizar la lucha contra el tráfico de drogas en grandes cantidades”, finalizó Agüero Gamboa.
Opiniones: los penalistas destacan los resultados, pero piden que se hagan varias mejoras
“Las investigaciones son muy eficaces y normalmente terminan cerrándose en juicios abreviados en el que se imponen penas de cuatro años, que es el mínimo que contempla la ley”, sostuvo el abogado José del Río. “Sin embargo creo que estos resultados son irrelevantes porque hay que perseguir a los grandes narcos y no únicamente al eslabón final de la cadena porque nunca se acabará el problema”, añadió.
Javier Lobo Aragón (h) sostuvo que el resultado de la aplicación de la ley de narcomenudeo es positivo porque pasó a llenar un vacío legal que generó numerosos inconvenientes en la provincia. Ponderó también el sistema judicial que se utiliza porque favorece el cierre rápido de los expedientes. “Si bien estas condenas buscan disuadir el delito y mantener la seguridad pública es fundamental considerar las implicaciones que pueden generar. Entre ellas, el importante incremento de la población carcelaria. Ahora urge la necesidad de crear programas de rehabilitación y de capacitación laboral que ofrezcan alternativas para evitar la reincidencia”, opinó.
“La dureza de las penas y la falta de distinción entre el tráfico a gran escala y el narcomenudeo ha llevado a una criminalización desproporcionada, sin resultados efectivos en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el abogado penalista Juan Pablo Bello. “Las investigaciones a organizaciones más complejas han disminuido, mientras que ha aumentado la persecución al vendedor minorista en busca de condenas que solo benefician discursos políticos. Este enfoque también ha incrementado la persecución de usuarios con Reprocann e incluso de profesionales, como los investigadores del cannabis”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Patricio Char fue el patrocinante de la llamada Causa Gargiulo que se hizo conocida por ser la primera sentencia que se anuló porque la Policía, en una investigación por un robo, terminó encontrando droga. El profesional realizó otro análisis sobre los datos aportados por la Corte Suprema de Justicia. “El hecho de que solo haya habido dos casos de reincidencia hasta ahora puede ser un indicativo de que las medidas tomadas están teniendo un impacto positivo en la reducción de la repetición de delitos, aunque sería importante analizar más a fondo los factores que contribuyen a esta baja reincidencia”, aseguró.
“En general, estos números sugieren que hay un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para abordar el narcomenudeo, aunque es fundamental seguir monitoreando la situación para evaluar la eficacia de las políticas implementadas y considerar posibles mejoras”, finalizó el abogado que participó en la redacción del proyecto de ley sobre denuncia anónima que fue presentado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse y aprobada por unanimidad en la Legislatura.
Los secuestros hasta el 31 de agosto
60 kilos kilos de cocaína.
341 kilos de marihuana.
5.865 plantas de marihuana.
34.487 dosis de psicofármacos.
311 troqueles de LSD.
3 gramos de hongos alucinógenos.
$ 69,5 millones en efectivo.
U$S 1.372 en billetes.
1.615 celulares.
169 dispositivos electrónicos.
305 balanzas de precisión.
34 armas de fuego.
1.506 proyectiles de diferentes calibres.
169 vehículos.
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