Narcotráfico: el NOA está cada vez más parecido a México

Los especialistas consideran que el narcotráfico creció, crece y crecerá en México porque hay una relación directa entre narcos y el Estado. Señalan los expertos que combatirlo es cada vez más difícil porque terminaron forjando eslabones de una cadena imposible de cortar en estos momentos. Eso es lo que estaría sucediendo en todo el NOA. La detención de 20 de efectivos de Gendarmería Nacional acusados de haber facilitado el traslado de mercadería de contrabando y drogas es el último indicio de esta hipótesis.

El tráfico de drogas mueve millones de dólares que sirven para comprar voluntades para que la corrupción termine transformándose en un gran manto de impunidad. Eso quedó al descubierto en la causa en la que se investigan los arreglos entre gendarmes y bagayeros. Los que ingresan mercadería ilegal al país se colocaron el traje de víctimas para realizar una denuncia. No reclamaron al Estado que investigue el cobro de coimas en la ruta, sino que consideraron que eran excesivos por la cantidad de veces que debían abonar sumas de dinero para poder “trabajar”.

La detención de los efectivos de la fuerza federal es un golpe preciso y un disparador de varias preguntas. Gendarmería siempre fue considerada como un ejemplo en todo el país, pero ahora algunos de sus hombres y mujeres quedaron en la mira por haber tejido una red de corrupción en las rutas de la región. Según se conoció, los efectivos prestaban servicio en los destacamentos de El Naranjo (Salta), Molle Yaco (Trancas) y 7 de Abril (Burruyacu). Lo que nadie sabe es qué pasa en los otros 17 puestos de controles que deben superar los bagayeros que van a las ciudades de frontera. Además, el escándalo desatado por este caso no frenó los tours de compras, sino que apenas los disminuyó.

Las policías provinciales también están en la mira. Este año, en Salta fueron detenidos tres efectivos cuando trasladaban 400 kilos de cocaína en un móvil de la fuerza. El hecho generó el desplazamiento de todos los jefes de la fuerza de localidades que limitan con Bolivia. Pero la purga, según aseguran fuentes judiciales, no fue total y aún habría corruptos actuando. Por primera vez en cuatro años, en Tucumán se detuvo a un comisario señalado como líder de un grupo de policías que se habría dedicado a secuestrar transas para exigir el pago de un rescate. Esta es una banda diferente a la llamada “narcopolicías” cuyos integrantes fueron detenidos por haber cometido el mismo tipo de delitos y, posiblemente, al robo de droga. 

En la Justicia

Orán, en muy poco tiempo, se transformó en un centro de acopio y de distribución de drogas. Al menos el 80% de la marihuana y la cocaína secuestrados en el NOA partieron de esa localidad salteña. ¿Por qué tuvo esa transformación? En el pasado y en el presente se puede encontrar las respuestas. Todos los jefes policiales desplazados por el caso del “narcopatrullero” estaban radicados en esa localidad salteña. Allí también tenía su despacho el ex juez federal Raúl Reynoso, quien fue considerado como el abanderado de la lucha contra los narcos por el kirchnerismo, sumó su tercer proceso por favorecer a traficantes de drogas. En dos causas ya fue condenado. Como consorte del último expediente aparece el fiscal federal José Luis Bruno que también tiene jurisdicción en esa zona.

Todo el Poder Judicial tembló por el trabajo realizado por sus jueces de Orán. Edgardo Laurenci se jubiló días después de que se pidiera iniciar un jury de enjuiciamiento en su contra porque habría favorecido la fuga de un sicario. Un tribunal de Impugnación le quitó el expediente al magistrado Francisco Ayarzú por su actuación en un crimen narco. El magistrado Claudio Parici espera el inicio de un juicio político en su contra por haber dictado medidas que terminaron beneficiando a los que trafican droga.

En lo que va del año se conocieron que los narcos están empezando a utilizar tácticas desplegadas en México: si no se puede comprar las voluntades de un funcionario judicial, comienzan a imponer el terror. Fueron víctimas de amenazas el procurador salteño Pedro Oscar García Castiella fue amedrentado por una organización narcocriminal y los fiscales tucumanos Carlos Sale e Ignacio López Bustos cuando se preparaban para enjuiciar por homicidio a Miguel “Miguelón” Figueroa.

De crímenes y políticos

En noviembre de 2013, César “Oreja” Martínez, con antecedentes en causas por drogas, fue asesinado a balazos en la puerta de la vivienda donde cumplía la condena con modalidad de arresto domiciliario por una causa de tentativa de femicidio. Según la Justicia, la víctima se habría dedicado a pasar droga de Bolivia y habría sido asesinado por haber “perdido” un cargamento de la sustancia. Su hermano Carlos “Conejo” Martínez, intendente de Aguas Blancas, fue una de las personas sospechadas y por eso se allanó una de sus viviendas. Esa localidad, ubicada a 50 kilómetros de Orán, meses atrás fue noticia porque detuvieron al jefe de los Bomberos Voluntarios y a su hijo por trasladar 300 kilos de cocaína en un vehículo oficial.

En el expediente de este crimen narco hubo algunas irregularidades. El juez Ayarzú fue cuestionado por haber demorado primero y denegado después la autorización para que se analice el celular del sospechoso. El magistrado Parisi, que está cerca de la destitución, sumó otra acusación en los últimos días: haber filtrado información sensible de la causa a un abogado para que se la diera a “Conejo” Martínez.

En Tucumán, en las últimas elecciones, Elvio Díaz pretendió ser intendente de Juan Bautista Alberdi. Carlos Rodríguez era empleado del municipio y mano derecha del encargado de las finanzas de esa ciudad. Ambos se encuentran detenidos acusados de haber asesinado a dos ciudadanos bolivianos en un paraje de Orán. Para los investigadores, están ante un doble crimen narco. Otro caso similar es el de Antonio “Tony” Lobo. Con condenas por droga, por un puñado de votos no fue elegido delegado comunal de “El Naranjito”, localidad de Burruyacu que limita con Salta. Se dice que hay decenas de pasos clandestinos.

Demoras

Los funcionarios de todos los gobiernos democráticos reconocieron que el crecimiento del narcotráfico es una grave amenaza. Todos dijeron que dedicarían tiempo y recursos para combatirlo. Los años pasaron y el problema no sólo no se solucionó, sino que se agravó. Durante la pandemia de 2020, organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodec) y la DEA habían advertido del crecimiento de producción de hojas de coca (materia prima de cocaína) y de la presencia de los cárteles mexicanos y colombianos en la región que se aprovecharían de la permeabilidad de las fronteras y del alto nivel de corrupción que dijeron ver en Argentina.

Los resultados están a la vista. En lo que va del año, el secuestro de cocaína se incrementó en un 150% con respecto a 2023 y aumentó la incautación de marihuana que es producida en el norte del país. La semana pasada, se detuvo a un bagayero que transportaba 137.000 dosis de drogas sintéticas. Este fue el segundo hallazgo más importante de la historia. En 2015 se descubrió un cargamento de 221.000 dosis, pero el promedio de secuestro anual es de 100.000 unidades. La elaboración de este tipo de estupefacientes se transformó en los últimos tiempos en la especialidad de los cárteles mexicanos. Ese hallazgo es una prueba más de su penetración en la región.