25 Septiembre 2024
FOTO/FISCALES.GOB.AR
El teniente de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 del Ejército Argentino, Guillermo Díaz, está acusado de abuso sexual simple, en grado de tentativa. El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal y le impuso la obligación de no entorpecer el proceso penal y la prohibición de acercamiento, ya sea directo o indirecto, con la víctima.
Según expuso la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, el abuso, que tuvo como víctima a una joven suboficial, se concretó el 17 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 “Teniente Coronel Gerónimo de Helguera”, con asiento en el predio del Comando de la V Brigada de Montaña “General Manuel Belgrano”, ubicado en la capital salteña.
Indicó que la víctima realizaba tareas como “suboficial de semana” en la cuadra de soldados voluntarios masculinos, mientras que Díaz lo hacía como oficial de servicio. Explicó que, durante la noche de la jornada anterior, la relación laboral entre ambos había sido normal, pero que a medida que pasaron las horas el acusado comenzó a tener una conducta fuera de lugar.
La auxiliar fiscal precisó que, alrededor de las 21 del 16 de septiembre, el oficial insistió en que ambos se encuentren a tomar mate en la Aula de Adiestramiento Táctico Digital (ADITAC), a lo cual la joven se negó. En respuesta, completó, el imputado le anticipó a la víctima que entonces se haría presente en el lugar donde ella estuviera.
La funcionaria del MPF añadió que, en la madrugada del día siguiente, alrededor de las 2.30, efectivamente el teniente Díaz ingresó sin permiso a la habitación de la joven. Explicó que el acusado la llamó varias veces por su nombre, y que ella se mostró extrañada de que el sujeto hubiera ingresado a su lugar de descanso.
Sin embargo, en base al relato de la denunciante, la auxiliar fiscal sostuvo que la joven estaba “dormida” y que por esa razón no cayó rápidamente en cuenta de lo que estaba sucediendo, hasta que el oficial se sacó el correaje en el que llevaba las municiones y el armamento, y luego se quitó la camisa de combate. “Esto muere aquí”, le había dicho el oficial, quien terminó tirándose encima de la suboficial.
Altamirano indicó que, ante ello, la joven reaccionó, empujó al oficial y le reclamó por su accionar: “¡Qué hace, váyase ya de aquí o doy la novedad!”, replicó la suboficial, momento en que el acusado “rezongó”, se vistió y al retirarse previno a su víctima: “Cualquier cosa, vine a dejar las llaves del ADITAC”.
La representante del MPF indicó además que la suboficial, en su primera reacción, se sintió devastada, sin saber qué hacer, aunque luego, a los dos días, por el estado de angustia en el que se hallaba inmersa, dio la novedad de lo sucedido a los responsables del área de Género del Ejército.
Altamirano agregó que, posteriormente, y lejos de la asistencia correspondiente a una víctima, la joven comenzó a ser blanco de persecución dentro de la unidad militar, en particular por los camaradas del oficial. Sobre este punto, la auxiliar fiscal detalló el pesar que la suboficial tuvo que soportar, del cual destacó el haberle cuestionado y luego negado la entrega de una distinción que ya le había sido anunciada.
Sostuvo que, dado que desde la fuerza no se avanzó con su denuncia, la suboficial presentó el caso en el fuero provincial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes que, por razones de competencia, arribaron al fuero federal.
Por otra parte, Altamirano explicó que el clima hostil hacia la denunciante recién se disipó cuando fue trasladada. No obstante, informó que la joven continúa bajo tratamiento psicológico a raíz del abuso sexual del que fue víctima.
Las pruebas
Al avanzar con la formalización del caso, Altamirano resaltó, entre otras pruebas, imágenes tomadas por una cámara de video interna, en la que se aprecia al oficial cuando se dirige al cuarto de la suboficial y, a los diez minutos, regresa acomodándose su uniforme.
Esta prueba -dijo la fiscal- se ve robustecida con la declaración de un testigo, también integrante de la fuerza, quien identificó al oficial en el video e incluso remarcó que se trataba de Díaz, pues su forma de caminar coincidía.
Otra prueba destacada por la fiscalía fue la declaración brindada por la víctima en Cámara Gesell, oportunidad en la que no se advirtieron contradicciones, sino un relato coincidente con la denuncia inicial, sin rasgos de mendacidad ni animosidad.
La auxiliar fiscal agregó el aporte de la titular del Área de Víctimas de la Unidad Fiscal Salta, Verónica Olguín Rufino, quien evaluó el caso y concluyó en que la víctima presenta indicadores de vulnerabilidad, tanto de orden laboral como de género.
En ese contexto, la auxiliar fiscal repasó las convenciones contra la violencia de género y el trato igualitario, vigentes en nuestro país a partir de compromisos adquiridos por el Estado mediante tratados internacionales. Resaltó al respecto la organización vertical en el ámbito de trabajo de la víctima y valoró como una muestra de ello el hecho de que, recién en 2002, se permitió que las mujeres puedan acceder a cargos jerárquicos.
En función de estos argumentos, Altamirano solicitó al juez la formalización de la investigación penal. La posición de la fiscalía fue compartida por la Defensoría Pública de Víctimas, que solo objetó la calificación legal, pues consideró correcta la de abuso sexual simple, sin el carácter de tentativa. La defensa, por su parte, no opuso objeciones y adelantó que en el devenir del proceso propondrá pruebas para sustentar su teoría del caso.
En su resolución, en tanto, el juez coincidió con los argumentos de la fiscalía, aunque también admitió la propuesta de la Defensoría de Víctimas, en cuanto a la calificación legal. Consideró que la cuestión se terminará de definir en el curso del proceso.
El magistrado señaló que la fiscalía presentó “bastantes” pruebas fuertes, sin que la defensa hubiera refutado el relato de la víctima. Asimismo, compartió la exposición de la auxiliar fiscal en torno a la estructura piramidal del Ejército, como el análisis realizado en torno a los indicadores de vulnerabilidad y perspectiva de género. De esta manera, Bavio dio por formalizada la investigación e hizo lugar a las medidas cautelares requeridas.
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