El estudio de necesidades en obras públicas

A través de un decreto, la Provincia emitió un anticipo financiero de $1.000 millones para las obras del complejo carcelario de Benjamín Paz, a fin de que a fin de año se pueda comenzar a trasladar presos y aliviar la tremenda crisis carcelaria. Esta obra, considerada prioritaria por la provincia, había comenzado en 2022, tras la firma de un convenio de financiamiento con la Nación. Con la llegada del nuevo Gobierno nacional y el cese en el envío de fondos federales para trabajos públicos, se afectó la construcción de la nueva cárcel. En el marco de la ley de emergencia, el Gobierno tucumano adelanta estos fondos y confía en que la Nación -que ya habría reembolsado unos $400 millones por los gastos para la cárcel- reanude el envío de giros federales.

La cuestión ha generado fuerte inquietud, no sólo por la imperiosa necesidad de aliviar la crisis carcelaria, sino porque, como dijo el mismo Gobernador, “en el Presupuesto 2025 que se envió al Congreso de la Nación, que lo llevó personalmente el Presidente, en las planillas anexas no estaban algunas obras que hemos firmado en la Casa Rosada. Algunas obras donde la Nación aportaba el 70%, y el 30% económicamente lo aportaba la Provincia”. Al mismo tiempo que el mandatario se mostró optimista en cuanto a que lleguen a buen fin las negociaciones con la Nación, en distintas comunicaciones se ha hecho hincapié en el impacto que está generando la desfinanciación de las obras ya iniciadas. Así se vio cuando se explicitó como se pensaban distribuir las partidas en el presupuesto 2025, y los gobernadores insistieron ante la Casa Rosada que debería asegurarse el financiamiento para las obras consideradas prioritarias. También se vio en las obras no encaradas específicamente por la Provincia: hace pocos días el intendente de Concepción pidió que le giren fondos no reintegrables “como a Burruyacu”, “para la culminación de obras de mediana envergadura que se encuentran en avanzado estado de ejecución”. Como él, han de surgir circunstancias similares de otras jurisdicciones que ponen sobre el tapete la importancia de las obras y la distribución de prioridades.

La Nación, en la presentación del proyecto de Presupuesto, explicó que antes “transfería fondos desde el Tesoro de la Nación con la finalidad de que las jurisdicciones provinciales y municipales lleven adelante obras menores, y un sinfín de otras obras públicas que no corresponden, ni debería financiarlas el Tesoro de la Nación, adicionando que el nivel de avance de muchas obras no se condecía al nivel de fondos transferidos”.

Esto es lo que da pie a la inquietud y a la obligación de discutir las prioridades. La Provincia, que negocia con la Nación, tiene prácticamente la voz de mando en esta cuestión, pero también los municipios, más allá de la discusión sobre la adhesión al Pacto Fiscal y la distribución de partidas por coparticipación, necesitan definir las prioridades y aportar ideas y experiencia para determinar cómo se van a llevar a cabo las obras en los tiempos que vienen.