Por Gustavo Rodríguez
04 Octubre 2024
PRUEBA FOTOGRÁFICA. Uno de los caños que fueron encontrados en la finca donde se había construido la laguna para almacenar el agua.
“Cuchara” es el nombre técnico del sistema que habría utilizado Juan Zamora para desviar agua de un caño de la Sociedad Aguas del Tucumán a una laguna construida en una finca que es de su propiedad. El mecanismo en cuestión, según explicaron fuentes judiciales, podría ser determinante para agravar la acusación en contra del citricultor.
Según la investigación de la fiscala María del Carmen Reuter, el empresario, desde mayo de 2023 aproximadamente, se conectó clandestinamente al acueducto que transportaba el líquido hasta la cisterna que tiene la empresa en Lomas de Imbaud, provocando fallas en el suministro. Según las estimaciones de los responsables de la empresa, al menos 7.000 personas se quedaron sin el servicio durante varios días.
El auxiliar Rodrigo Bilbao, siguiendo las instrucciones de Reuter, pidió que se acusara a Zamora de robo agravado. Los defensores Camilo Atim, Juan Pablo Di Lella y Pablo Romano Campero se opusieron al pedido, porque consideraron que el agua no es un bien mueble y porque no estaba acreditado cuál era el agravante.
El juez Federico Moeykens reconoció que no se había probado el agravamiento del delito, pero sí entendió que el agua debía ser considerada como un bien mueble porque es un recurso clave para el desarrollo de la vida humana. Por esa razón, decidió acusarlo de robo simple, delito que contempla una pena de un mes a seis años de prisión.
Reuter entiende que sí se está ante un caso de robo agravado. Sostiene que Zamora no realizó una mera pinchadura del caño, sino que instaló todo un sistema para apoderarse de la mayor cantidad de agua que se tomaba del río de Las Piedras. Para ello, según especificó Bilbao en la audiencia, contrató especialistas para instalar el sistema conocido como “Cuchara”.
El nombre grafica casi a la perfección de qué se trata. Es un elemento que normalmente se coloca transversalmente a un caño para conseguir que la mayor cantidad de líquido se desvíe, en este caso, a la laguna que había instalado en su finca para, supuestamente, destinarla al riego de sus campos.
Para confirmar esa hipótesis, en los últimos días fueron entrevistados varios técnicos para reunir más información sobre el tema. También solicitó una serie de medidas que respaldarían su teoría del caso.
Posibilidades
El código procesal penal de la provincia establece que el Ministerio Público puede cambiar la acusación contra una persona, para agravarla o aliviar su situación procesal. Para ello debe convocar a lo que se conoce como una audiencia de reformulación de cargos. En este caso en particular, la posibilidad de que Reuter realice un nuevo pedido está cada vez más cerca.
Lo haría después de que Zamora regrese de Europa, donde se encuentra realizando negocios. Su situación procesal puede cambiar. Si finalmente se acepta que sea acusado por robo agravado, hasta se podría solicitar su detención. Al poder recibir una pena más alta, se incrementan los riesgos procesales, uno de los principales motivos que fundamentan el dictado de la prisión preventiva.
El entorno del citricultor continúa en silencio. Trascendió que sus hijas regresaron de Estados Unidos y en los próximos días lo haría el imputado. Al cierre de esta edición, LA GACETA no pudo confirmar la versión de que Zamora nombró un nuevo equipo de defensores.
A fondo
La investigación se está abriendo paulatinamente. Mientras se resuelve la situación del acusado, la fiscalía está tomando otras medidas para determinar si otros productores utilizaron el agua para regar sus campos. Si se confirma esta posibilidad, podrían ser acusados del mismo delito.
También investigan si el personal de la Agencia de Yerba Buena actuó correctamente al recibir una nota en la que se denunciaba la existencia de esta conexión clandestina. La presentación fue enviada por las autoridades del Parque San Javier a través de WhatsApp.
“Vamos a acompañar la denuncia de la provincia porque creemos que los vecinos son los principales afectados por este desastre. Consideramos que si se llega a aplicar una multa los fondos recaudados deberían destinarse a los afectados de Yerba Buena”, explicó Fernando de la Orden, secretario de Gobierno de ese municipio.
Querella provincial: la fiscala de estado definió el robo de agua como “un salvajismo”
Gilda Pedicone de Valls ratificó que la Provincia será parte activa como querellante en la causa por el robo de agua en Yerba Buena. La funcionaria dijo que le exigirá a la Fiscalía la investigación, la condena y, eventualmente, el resarcimiento por los daños. En una reunión con los abogados de la SAT diseñaron una estrategia conjunta. “Ellos hicieron lo que les toca, que es defender la tarea de la empresa, y la Provincia en el rol de cuidadora de los intereses de la sociedad, de una comunidad que se vio perjudicada”, sostuvo.
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