Por Gustavo Rodríguez
11 Octubre 2024
OPERATIVO EXITOSO. Gendarmes y policías tucumanos cuando detuvieron un tour de compras en la localidad de 7 de Abril, al norte de la provincia.
Un procesamiento en la Justicia Federal es el punto de partida de un camino que normalmente finaliza en un juicio. El juez José Manuel Díaz Vélez decidió acusar y dictar la prisión preventiva a 12 efectivos de la Gendarmería Nacional acusados de integrar una asociación ilícita que cobraba millonarios sobornos para permitir el paso a los tours de compras que llevaban mercadería ingresada ilegalmente al país y drogas. Paralelamente imputó a nueve civiles por cohecho únicamente, por lo que resolvió otorgarles la libertad. Ahora surgió que efectivos que prestan servicios en el Operativo Lapacho también habrían solicitado coimas. Este dato es una prueba de que aún queda mucho por investigar.
La resolución del magistrado trascendió luego de que se informara que el decomiso de drogas en este tipo de excursiones se cuadruplicó con respecto al año pasado.
En 272 páginas surgen algunos detalles de una investigación que sorprende a propios y extraños. Una pesquisa que revela cómo es el sistema de complicidades que permite, entre otras, el traslado de cocaína y marihuana por las rutas de la región a distintos puntos del país. Es una prueba además de que, a pesar de este caso, no se eliminó totalmente la red de corrupción. El sábado, la Policía detuvo a dos tucumanos que transportaban 7 kilos y medio de cocaína. La habían traído desde Orán en un tour de compras.
Algunos de los puntos más relevantes de la investigación son:
1- El viaje
Según surge en el expediente, las personas contratan en Tucumán las excursiones pagando entre $40.000 y $55.000. Ese precio incluye el viaje de ida y vuelta y el derecho a traer dos bultos de ropa, o determinadas cajas con artículos de bazar o cubiertas ingresadas ilegalmente al país.
En caso de que el pasajero necesitara traer más elementos, pueden adquirir más tickets. Por ejemplo, si un bagayero quiere regresar con seis bultos de prendas y 36 cajas de bazar, debe abonar tres pasajes.
Antes de iniciar el recorrido, según la investigación, los coordinadores (así se llama a las personas que organizan el tour) realizan una colecta de dinero “para abonar” a los gendarmes que realizarán los controles. En principio, la suma que habrían solicitado irían de los $20.000 a los $50.000, según la cantidad que participen en la excursión.
DETALLADO. Un coordinador anotaba los montos, los lugares y a quiénes les pagaba la coima para transitar por las rutas del NOA.
El número final se definirá con la cantidad de pasajeros que aborden el micro. Muchas veces son menos las personas porque es mayor la cantidad de mercadería que tienen previsto trasladar.
2- Impunidad
Un hombre, que declaró bajo la figura de testigo de identidad reservada, dio más detalles sobre cómo son estas excursiones. Contó, por ejemplo, que el micro lleva a los pasajeros hasta Aguas Blancas, ciudad ubicada a escasos metros de Bermejo, localidad boliviana donde los pasajeros realizan las compras. El colectivo regresa a Orán donde esperará a los viajeros.
El micro se estaciona en la Central de Transferencias Orán, acompañado de banderas de Argentina, Brasil, Colombia y otros países. Tras un portón también llamativo por su dimensión, y cubiertos por paredones de material, los camiones y los colectivos se ubican uno a la par de otro para realizar la carga y descarga. Además, los visitantes pueden aprovechar otros espacios, como un bar para comer y refrescarse.
EJEMPLO. Varios acusados fueron detenidos después de una formación.
Los pasajeros van regresando y esperan que los pasadores les entreguen la mercadería que compraron en tierra boliviana. “Viene de todo, uno no sabe. Mercadería, ropa, cubiertas y adentro vaya a saber uno qué traen”, aclaró.
Ese lugar supuestamente es controlado por personal de Gendarmería Nacional. El testigo dijo que allí los bagayeros acomodan los bultos colocando algún tipo de distintivo. Luego llega el turno de acomodar toda la carga en el micro. Según los coordinadores que declararon en la causa, esa tarea dura entre tres y cuatro horas. Reconocieron que allí no hay ningún tipo de requisa. Están ausentes las fuerzas de seguridad y los organismos que deberían luchar contra el contrabando, como la Dirección General de Aduanas y la AFIP.
3- El regreso
El regreso a Tucumán es una verdadera odisea. El testigo relató que la mayoría de las veces son acompañados por uno o dos autos como punteros que tienen la misión de avisar sobre la existencia de controles en la ruta; idéntico sistema utilizan los narcos cuando transportan droga.
También señaló que normalmente se detienen en una estación de servicio ubicada en Metán. “Los coordinadores del tour hablan no sé con quién, que da la orden y ahí pasamos”, explicó. “Ellos se comunican con mensajes para avisar que pasemos porque levantaron el control. Otras veces, cuando no hay arreglo, al micro lo meten en el playón y ahí los coordinadores hablan con los gendarmes y arreglan con plata”, añadió.
Según este testigo, las coimas están tarifadas. “A veces es hasta $1 millón. Ellos negocian puede ser $500.000, $600.000 y hasta $700.000. Después, en el arco de Molle Yaco, los policías de la provincia nos piden $100.000 para pasar”, detalló. Estos efectivos son los que prestan servicios en el Operativo Lapacho.
Pero hay más. La persona que aportó estos datos señaló que también son detenidos en los controles que realiza la Policía Vial o la de Delitos Rurales en Tapia. “Ellos nos dejan pasar por $3.000 por micro”, señaló cuando declaró ante las autoridades. Además dijo que los únicos insobornables son los de la Policía Federal.
En el marco del Operativo Dignidad, el procedimiento que derivó en las detenciones de los acusados, también secuestraron documentación clave para probar los ilícitos. Entre ellos aparecen las anotaciones registradas por un coordinador donde informa el valor y el lugar donde abonaron las coimas.
4- La operatoria
En la investigación, la red de corrupción quedó al descubierto. Según surge en el expediente, los gendarmes Juan José López y Joel Juan Tosoroni eran los líderes de la organización que se encargaba de realizar los acuerdos con los organizadores de los tours de compras.
Mientras que Ángel Mendoza, Cristian Amarilla, Arnaldo Viravica, José Ortiz, Darío Ávalos, Rodrigo Agüero, Enrique Luque, Sergio Vilte, Maira Mamaní y Lucas Mariano Córdoba también formaban parte de la organización. Su función era no controlar los micros que pasaban por los puestos de control que la fuerza tiene en Trancas (fijo) y 7 de Abril (eventuales).
En el expediente surge un dato clave para probar la teoría del fiscal Agustín Chit. López, entre agosto de 2023 y junio de 2024, realizó 25 transferencias a una cuenta de su compañera Mamaní. La más baja fue de $15.000 y la más alta, de $400.000. En total le envió de manera virtual más de $1,3 millones. Díaz Vélez rechazó el pedido para que los uniformados también fueran acusados de lavado de activos.
Para el fiscal Chit los civiles detenidos también formaban parte de esta estructura, pero Díaz Vélez rechazó esa posibilidad y decidió acusarlos de cohecho. En esta línea aparecen Emma del Valle Olivera (suegra del gendarme López) y Diego Stick, que residía con Tosoroni (aclaró que sólo son amigos) en un departamento de Salta al 600. Ambos fueron acusados de recibir el dinero de las coimas a través de transferencias bancarias. El joven también habría realizado operaciones de compra y venta de dólares con el dinero espurio.
En un tercer grupo aparecen los organizadores y coordinadores de los viajes. Ellos son Neri Cristian Calle, Elizabeth Tolaba Melgarejo, Edgardo Vidaurre, Elizabeth Torrez Cuevas, Manuel Enrique Lazarte, Ramón Edgardo Suárez y María Cristina Uzieda Lozada.
5- El futuro
A todos los gendarmes el juez Díaz Vélez les dictó la prisión preventiva y ordenó que sean trasladados al penal de Villa Urquiza. Además, les trabó embargo a todos ellos por $190 millones. Dispuso que todos los civiles continúen el proceso en libertad, pero fueron embargados por $30 millones. El fiscal Chit no confirmó si recurrirá la resolución del magistrado.
Postura oficial: Agüero Gamboa aseguró que trabajarán para identificar a los policías mencionados
“El juez federal (José Manuel) Díaz Vélez y el fiscal (Agustín) Chit saben perfectamente que estamos a su disposición para colaborar en la identificación del personal que cometió un ilícito. Desde hace bastante tiempo que estamos separando al personal que no puede llevar puesto este uniforme”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
El funcionario reconoció que más allá de las cuestiones judiciales, por decisión de la Jefatura de Policía se iniciará una investigación administrativa para tratar de dar con los sospechosos. “Venimos siendo inflexibles con los policías que cometen delitos. Es lo que nos pidió el gobernador (Osvaldo) Jaldo y es lo que estamos haciendo. No vamos a tolerar este tipo de conductas”, explicó.
Agüero Gamboa también se refirió a los tours de compras. “No sólo hemos decidido fortalecer los controles, sino que además ya comenzamos a trabajar con el Comando Unificado para atender estas y otras cuestiones que tienen que ver con el ingreso de mercadería de contrabando y traslado de estupefacientes”, destacó en una entrevista con LA GACETA.
“Vamos a implementar un plan para que estas personas sepan que no pueden trasladar droga a la provincia. Las primeras acciones tienen que ver con un informe de situación sobre lo que está ocurriendo en cada una de las provincias para comenzar a planificar los pasos a tomar”, finalizó.
Interpretación: un acusado dijo que no tenía arreglos, sino que pagaba coimas porque lo amenazaban
Manuel Lazarte es uno de los organizadores de viaje que estuvo detenido por haber pagado sobornos a efectivos de Gendarmería Nacional. “El juez (José Manuel) Díaz Vélez interpretó correctamente lo que pasó. Nuestro defendido dijo que él no tenía ningún arreglo con los efectivos, sino que lo obligaban a pagar las coimas bajo amenazas de secuestrarle todo lo que traslabada”, aseguraron sus defensores Aníbal Paz y Jesús Ruiz Flores.
“Hasta que fue detenido por esta causa, Lazarte era un trabajador más, un feriante más, no podemos tapar el sol con la mano. La mayoría de los puestos de la ex Terminal de Ómnibus, como así también los que se encuentran sobre distintas arterias de la capital, es mercadería proveniente extranjera”, agregaron los profesionales en una entrevista con LA GACETA.
El nombre de Lazarte está mencionado en otros dos expedientes que están abiertos en la Justicia Federal y que vienen generando polémicas. Él era el propietario del micro incendiado el 24 de Julio y el coordinador del tour de compras en el que se encontraron 61 kilos de marihuana un mes después. “Cuando declaró por la causa de corrupción, el representante del Ministerio Público lo interrogó sobre esas cuestiones. Pese a que eran datos que nada tenían que ver, él con mucha claridad, dijo que no tenía ningún tipo de responsabilidad en esos episodios”, finalizó Paz.
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