Javier Curcio: el año terminará con 40% de ajuste en educación

El presupuesto educativo de 2025 será el de menor participación sobre el PBI de la última década, señaló el informe de Argentinos por la Educación. Hablamos con Javier Curcio, licenciado en Economía graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, que explicó cómo surgen estos datos.

-Este es un análisis recurrente que hacemos desde varios años. Argentinos por la Educación publica anualmente un análisis de lo que se espera, lo que se programa como plan de trabajo para el próximo período por parte de los gobiernos nacionales; este año es de especial relevancia porque es el primer plan de gobierno que la gestión de Milei hace para planificar el presupuesto del año próximo. Lo que de alguna manera podemos resumir muestra una caída estrepitosa del financiamiento educativo para este año. Las proyecciones implican que vamos a terminar el año con un 40 % de ajuste en la función educativa en relación con el año anterior; el ajuste en la función educativa es un poquito más alto todavía, el 44%; lo que es 40% es la Secretaría de Educación; todos los fondos que implementa la Secretaría de Educación, antes Ministerio, son un 40% más bajos de lo que teníamos el año pasado; y el año que viene no repunta: hay una leve alza por debajo del 1%, pero en términos del producto sigue siendo una caída porque se espera que el producto aumente mucho el año que viene, 5% real en la estimación oficial. Entonces el leve incremento en ese subsuelo, en ese piso más bajo que tiene el financiamiento educativo, implicaría una baja del financiamiento de la educación. En términos de producto estamos hablando de niveles de 0,8 punto del producto cuando el año anterior tuvimos 1,26 y este año cerraría en 0,9 el año próximo cerraría en 0,8.

Esa es la parte de la educación que invierte el Gobierno nacional y hay que complementar eso con lo que hacen las provincias; tenemos el formato legal de la obligación de cubrir el 6% de producto de Educación; estamos por debajo de ese estándar en niveles cercanos a 5% y con este ajuste vamos a terminar el año por debajo de 4%, retrocediendo 30 años. Estamos a niveles de finales de la década de los 90, donde se empezaron a impulsar estos crecimientos del financiamiento educativo. Y lamentablemente muy rápidamente la motosierra en forma plana en el marco de todo el contexto de ajuste y demás quiere rescatar la educación y al revés de eso le aplica un ajuste incluso por encima del promedio del Gobierno nacional.

- ¿Se puede distinguir en áreas puntuales en las que se aplica justamente el recorte?

-El recorte es especialmente significativo en lo que era el Fondo de Incentivo Docente que se elimina y ahora queda un componente de compensación salarial muy chiquito, que es casi un 98% de reducción respecto del año anterior. Prácticamente eliminar la función compensatoria que de nuevo viene de la Ley Federal de Educación. Tenemos a partir de la descentralización educativa un rol muy importante que ejerce el Gobierno nacional: es el de compensar y de generar nivelaciones que permitan que la posibilidad de acceder a un nivel de educación de calidad en los niveles obligatorios, desde la sala de cuatro hasta los 18 años; hasta completar la escuela media no dependa tanto del lugar en el que nos toca nacer o de cuál sea la situación de la familia, sino que el Estado tenga un rol activo de posicionar la educación de calidad. Lamentablemente ese estándar se cumple muy mal, pero este paso que estamos dando va en contra de la posibilidad de sostenerlo; se le saca el financiamiento, se desentiende y deja que cada provincia haga lo propio bajo una sospecha generalizada de corrupción; todo un tipo de improperios que lamentablemente mi opinión está en contra del proceso.

- En base a esto ¿cómo se están manejando las provincias? Tucumán se está haciendo cargo del incentivo docente…

Exacto. Ese fondo aportaba más o menos el 10% del total del salario, dependiendo de cada provincia; entre otras cosas, buscaba compensar parte de esas inequidades. Algunas provincias lo lograron reabsorber y otras menos. El ajuste sobre el salario docente en las provincias también es muy fuerte; no tan marcado todavía, no tenemos datos agregados, pero sabemos que no es tan marcado y los reclamos están siendo más controlados que los que tiene el Gobierno nacional; en cualquier caso, eso depende ahora de la situación de cada provincia.

Otro de los frentes de tensión importante en el plano fiscal que tiene el Gobierno nacional con las provincias es cómo se administran estas escaseces. Podremos tener un panorama de cómo avanza este proceso en los próximos meses, cuando tengamos consolidadas las 24 jurisdicciones provinciales. De cualquier manera, sabemos que el salario real está cayendo a niveles de dos décadas atrás; tenemos caídas muy difíciles que son incompatibles con sostener niveles de calidad adecuados. Lamentablemente, de no revertir rápidamente este proceso, vamos a tener muy malas noticias en materia de rendimiento educativo, porque no hay forma de que alguien que cobra el 40% o el 30% menos de su salario en tres meses pueda seguir sosteniendo los niveles de calidad. Y no hay mejoras más allá del discurso, no hay mejoras en términos de cómo asignamos mejor los recursos o de qué manera priorizamos ciertos programas, etcétera; se aplica una motosierra plana y a todo el mundo le baja el salario. Eso no puede no traducirse en una situación de deterioro de la calidad.

-¿Cómo analiza el conflicto por el financiamiento de las universidades en comparación con los datos de este informe?

-La caída del sistema universitario es cercana al 32% -dijimos que la educación en promedio cae 40%-. O sea que universidades está un poquito mejor que el promedio porque como al Fonid lo eliminan, a las universidades ese peso le resulta un poco más bajo; pero ese recorte 32% es superior al recorte del promedio del sector público nacional, que está cercano al 25 o el 26%; por lo tanto, el reclamo que hacen las universidades es válido en el sentido de que se ajustaron los gastos de la universidad por encima del ajuste del promedio del sector público. Lejos de priorizar a la educación, se la despriorizó; tenemos un Ministerio de Capital Humano que desinvierte en vez de invertir, o sea una lógica de inversión en el capital pero sin sostenerlo con financiamiento. Hay muchos argumentos para justificar esos ajustes que -en mi opinión- son inválidos, del tono de “la movilidad social ascendente no es potente y van solo los ricos a la universidad o no se auditan”; el ministro de Economía dijo que eran chorros. Probablemente haya situaciones de malversación y, de hecho, el propio ministro y cualquiera que conozca esa situación tiene la obligación de denunciarlo y la Justicia tendrá que operar. Las instituciones, las universidades y otras seguramente tienen problemas de control, pero no es verdad que no sean controladas; son controladas en múltiples ámbitos. Cualquiera de estos argumentos que tienen, podemos decir semillas de verdad, pero que son en general falseados y establecidos para desviar la discusión, no son compatibles con buscar un sendero de mejora de la calidad de resolver los problemas y de recuperar la tragedia educativa, el esplendor que tuvieron las universidades en otros momentos. Todavía hay mucha información que surgió en estos datos nos permite mostrar que casi el 50% de los chicos que van a la universidad son pobres; pertenecen a los deciles más bajos de la población, por lo tanto es cierto que todavía tiene una potencia de movilidad social ascendente muy importante. También que hay sectores muy ricos que van a la universidad y que podrían aportar con algún tipo de financiamiento. Tenemos que dar el debate de a quién se le puede financiar y pedir un financiamiento adicional o no. Todo eso es incompatible con una motosierra plana que le dice a todo el mundo “usted cobra un 30, un 40% menos de lo que cobraba hace tres meses: siga trabajando igual y, aparte, lo acuso de que es chorro” y no sé cuántas otras cosas. Lamentablemente no es el camino para resolver los múltiples problemas y muy profundos que tiene la sociedad.

-¿Qué ve de acá a los próximos meses, en cuanto a esta imposibilidad de encontrar acuerdos por el presupuesto?

-El debate parlamentario está en marcha. El secretario de Hacienda participó de la comisión de presupuesto hace algunos días y está previsto que haya reuniones informativas en las distintas comisiones en las próximas semanas. Espero que haya un buen tratamiento de la ley, que los legisladores puedan revertir y generar recomposiciones de algunas de estas líneas. La situación es crítica en tema en términos de financiamiento y necesitamos conseguir acuerdos para administrar esa escasez con inteligencia. Es un concepto que maneja con mucho cinismo el secretario de Educación, que plantea la necesidad de invertir de manera inteligente, pero propone un presupuesto que le baja transversalmente con una motosierra plana el 40% de los recursos a todos los programas. Por lo tanto hay que revertir esa situación; hay que generar diálogo, consenso y en función de eso ojalá logremos legitimar un presupuesto con el consenso de las fuerzas vivas, de las representaciones en el Congreso, que nos permitan la legitimidad y la atención para poder enfocarnos en los problemas reales que tiene el sistema educativo: cómo logramos que los chicos aprendan mejor, cómo logramos hacer que aquellos que tienen factores asociados más desfavorables puedan revertirlos y superar la situación, etcétera. Nada de eso está en el centro de la agenda hoy cuando todo el sistema está en pie de guerra porque del otro lado se acusa de cuestiones generales sin ningún tipo de evidencia y, al mismo tiempo, con recortes de estos niveles que estamos planteando.