Por Juan Manuel Montero
21 Octubre 2024
La grave crisis carcelaria y los avances de las obras tanto en la alcaidía de Delfín Gallo como en el penal de Benjamín Paz motivaron una reunión entre autoridades de la Corte Suprema y del área de Seguridad del Poder Ejecutivo para delinear cómo y cuándo serán los traslados de los internos alojados tanto en comisarías como en Villa Urquiza, operativo que se implementará en pocos días.
El encuentro se realizó en el salón Actos del Palacio de Justicia y estuvo encabezado por el Presidente de la Corte, Daniel Leiva y los vocales Antonio Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos, junto a los Jueces de Ejecución Penal Ana María Iácono, Alicia Merched, Valeria Mibelli, Ana Cecilia Escobar y Gonzalo Ortega, además de autoridades del Ministerio Público Fiscal, Mariana Rivadeneira, Fernando Blanco y Gerardo Salas y del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Daniel Plaza, Pablo Cannata y Guillermo González y María Marta Contreras Cuenca. Por el Poder Ejecutivo estuvieron presentes el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el Secretario de Estado del área, Héctor Gustavo Vizcarra y el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo.
Leiva destacó “el Estado tucumano ha reconocido una realidad que lleva mucho tiempo, y que se complejizó aún más a partir del cambio en el Código Procesal Penal, que derivó en una aceleración y optimización de los procesos penales y, con ello, en un alto grado de encarcelamientos a partir de las resoluciones que se vienen tomando y, luego, en base a otras medidas efectivas tomadas por disposiciones de los otros poderes”. Puntualizó que la reunión realizada en el Palacio de Justicia, de carácter ejecutivo, representa el inicio de un trabajo colaborativo para organizar las etapas a seguir con motivo de la apertura de las nuevas unidades penitenciarias. “Este Poder Judicial está ocupándose de todo lo que se va desarrollando en este proceso, para avanzar de la mejor manera posible hacia una solución de esta problemática”, dijo.
Agüero Gamboa en tanto, destacó también el espacio de diálogo y trabajo conjunto para encontrar las mejores alternativas hacia la resolución de la situación carcelaria. “Hoy estamos frente a un cambio de paradigma, porque vamos a tener un complejo penitenciario a 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán”, explicó. “Es un momento histórico porque se avanza sobre una crisis que lleva muchos años, para darle solución y lograr que las comisarías de la provincia vuelvan a cumplir con la función para las cuales fueron creadas, en el diseño de una política de seguridad más profunda: tal es la importancia que tiene la creación de estas nuevas sedes”, afirmó.
Además estuvieron presentes Oscar Faralle -director de OGA Capital-, Claudio Gabriel González -subdirector a cargo de OGA Ejecución Capital-, Santiago Frías Prado -subencargado de Penas Efectivas, y Gilda Pastorino, coordinadora de los Gabinetes Técnicos de OGA Ejecución, el asesor ministerial Sebastián Tula Rizo, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios Miguel Gómez, el director del Servicio Penitenciario Ramón Quinteros y el subdirector Diego Leal, además participaron el jefe de Policía, Joaquín Girvau y el subjefe de la fuerza Roque Yñigo.
Agüero Gamboa aclaró que de manera conjunta entre los organismos definirán quiénes serán los internos trasladados al Penal de Benjamín Paz, donde se alojarán solo varones y las internas que serán resguardadas en el Penal de Delfín Gallo, donde además habrá un espacio para el género no binario. Detalló que en los primeros días de noviembre sería entregado el Complejo penitenciario de Delfín Gallo y en diciembre ya estaría funcionando el de Benjamín Paz. Cada traslado se está analizando y se tendrán en cuenta diversos factores, como la edad, salud y condenas.
“La idea es priorizar las personas que tienen mayor condena, luego las que tienen alguna enfermedad o patologías para no agravarlas. Los empleados del Servicio Penitenciario tardarán unos diez días en poner en funcionamiento estos alojamientos. La idea es que antes de las ya estén todas las personas ubicadas”, afirmó.
Finalmente el ministro resaltó que la idea es descomprimir la situación carcelaria en nuestra provincia, ya que hace 100 años no se hace un complejo penitenciario en Tucumán, así de esta manera pueden desocuparse las Comisarías que no son utilizadas para su función original. “Necesitamos que estas dependencias policiales vuelvan a cumplir su función para las que fueron creadas para poder profundizar la prevención dentro de lo que es el delito y también vamos a ir disponiendo de mayor cantidad de personal policial para brindar la seguridad y seguir trabajando como lo estamos haciendo”, concluyó.
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