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En el Concejo Deliberante capitalino nace una nueva propuesta en materia de urbanismo: la creación de un Instituto de Investigación y Planificación Urbana que funcione como una entidad descentralizada y que colabore con el armado de políticas públicas para la ciudad. El proyecto cuenta con el apoyo de ediles oficialistas y opositores, y avanza su paso en comisión.
El órgano, según el escrito que obtuvo dictamen de la comisión de Planeamiento, estaría dotado de autonomía administrativa y financiera -por lo que no significaría un gran gasto para el municipio- y tendría la responsabilidad de formular, evaluar y coordinar la ejecución de planes y proyectos urbanísticos. A través de un enfoque integral y sostenible, se elaboraría un “Plan Maestro de Desarrollo Urbano” que busque asegurar el acceso a servicios básicos para todos los sectores.
La composición de la entidad propuesta está definida en su articulado. Habría un directorio a cargo conformado por representantes de las áreas técnicas municipales, por expertos en urbanismo y por representantes de la comunidad, cuya designación se realizaría por concurso público con aprobación del cuerpo parlamentario.
El director sería designado por el Ejecutivo municipal previo acuerdo con el Concejo, el cual designaría, a su vez, a un subdirector. Los miembros del Instituto durarían en su cargo cuatro años y podrían ser renovados por un único período adicional, sujetos a la evaluación de desempeño del cuerpo parlamentario. A su vez, se determina que el financiamiento del organismo provendría de asignaciones presupuestarias anuales, aportes de organismos nacionales e internacionales y donaciones y legados.
Cuatro ejes
El organismo estaría centrado en cuatro ejes: transporte, urbanización, medio ambiente e infraestructura. Se plantea el análisis de redes de transporte eficientes y accesibles en donde se reduzca el uso de vehículos particulares y la implementación de ciclovías; y también la creación de más espacios verdes que sirvan como sitios recreativos. Así, se espera que el Instituto permita gestionar de manera eficiente los recursos para revitalizar los parques existentes y crear nuevos. Por otro lado, se propone que se realice una auditoría que detecte las necesidades más urgentes en cuestiones de infraestructura.
Entre los propósitos fundamentales, está el de contar con una entidad que trascienda a los gobiernos y perdure en el tiempo, donde además se garantice la participación popular y académica en cada eje. El proyecto fue elaborado por el peronista Facundo Vargas Aignasse, pero ediles de la bancada de Unión por la Patria (UP) y de la oposición acompañaron con su firma.
Iniciativas similares: el CES estudia la cuestion urbanística en la ciudad
El Consejo Económico y Social (CES), un órgano creado por la Capital para ayudar en el armado de las políticas públicas, elaboró en su última sesión un ambicioso plan de movilidad urbana. Surgieron de allí más de 40 recomendaciones que incluyen la descentralización del área administrativa, el fomento del cicloturismo y la realización de auditorías al transporte público, entre otras. Según el propósito delineado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el organismo colegiado buscará construir consensos sobre las prioridades estratégicas para el desarrollo de la ciudad, alineado con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Plan Rector 2023-2030.
Se interpreta que ambas instituciones tendrían lineamientos similares, aunque el CES incorpora más áreas de estudio y no sólo la referente al desarrollo urbano, como empleo y desarrollo laboral, ciencia, tecnología, salud, inclusión social, turismo, cultura, patrimonio, desarrollo económico, deporte, participación ciudadana, alianzas municipales, entre otros. En el abanico de propuestas presentadas a la intendenta, se observan algunas que ya están en estudio o implementándose (como la creación de ciclovías seguras o la repavimentación de las principales arterias) y otras, más pretenciosas, que podrían desarrollarse en el largo plazo (como la aplicación de semaforización inteligente o la construcción de un monorriel). En definitiva, las más atrayentes tratan de que, por ejemplo, San Miguel de Tucumán debería trabajar en un proceso de descentralización de las oficinas de administración del microcentro, para aliviar la congestión automotor de la ciudad y revitalizar áreas suburbanas o periféricas, disminuyendo el tránsito en el casco histórico.
En tanto, la alternativa que se estudia en el Concejo Deliberante se hace en el marco de un proceso de reforma del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad; la idea es que el Instituto les sirva a las autoridades en la planificación integral del texto.
El articulado detalla cuáles serían las funciones del Instituto. Entre ellas, realizar estudios de investigación en temas relacionados con la urbanización, el transporte, la infraestructura y el medio ambiente; elaborar el Plan Integral de Desarrollo Urbano para la ciudad; proponer mejoras en el sistema de transporte público y movilidad urbana; y coordinar la planificación y mantenimiento de espacios públicos y verdes. Asimismo, el órgano se hará cargo de supervisar proyectos de infraestructura urbana y de fomentar la participación ciudadana en las decisiones urbanísticas a través de foros vecinales, presupuestos participativos y audiencias públicas. Y sus áreas de análisis serán: transporte público, conectividad, medio ambiente, servicios públicos, desarrollo económico y social y políticas de seguridad.
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