El Concejo Deliberante acumula cinco proyectos sobre la regulación de las apps

Distintos sectores suman iniciativas al debate para modificar el sistema de transporte público en el municipio.

REGULACIONES. Desde el municipio buscan que los conductores, de taxis o de aplicaciones, estén dentro del registro de Sutrappa. REGULACIONES. Desde el municipio buscan que los conductores, de taxis o de aplicaciones, estén dentro del registro de Sutrappa. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO

El Concejo Deliberante continúa acumulando propuestas para la regulación de las plataformas electrónicas: a los tres proyectos en estudio se les sumaron dos iniciativas, elaboradas por la bancada oficialista y por el Sindicato de Peones de Taxis, que resurgió luego de presentarse a principios de año. Además, la Federación Nacional de Conductores de Taxis pidió un lugar en las negociaciones que se lleven a cabo entre los poderes del Estado.

Los pioneros en la presentación de alternativas para regular aplicaciones como Uber, Didi o Cabify fueron Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical) y Carlos Arnedo (Acción Vecinal), el año pasado; y hace un mes la intendenta, Rossana Chahla, realizó uno propio. Ahora, Ernesto Nagle (Unión por la Patria) puso a consideración un nuevo articulado.

El proyecto de la bancada oficialista plantea, en líneas generales, que todos los choferes que transporten pasajeros en el municipio estén incorporados al Sutrappa, aunque teniendo la libertad de elegir la modalidad de trabajo.

Así, propone una modificación a la ordenanza N° 3.713 para que los vehículos puedan: trabajar de manera independiente (en automóviles de alquiler con reloj taxímetro para el cobro del servicio y con contratación por la vía pública), con agencia autorizada (que actúe como intermediaria) o a través de plataformas electrónicas (cuyas tecnologías deberán incorporarse a Empresas de Redes de Transporte o ERT).

El escrito contempla que, una vez sancionada y promulgada la ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) deberá realizar un llamado a inscripción de aspirantes de licencia del Sutrappa, de acuerdo a las vacantes que existan.

Por otro lado, el proyecto establece un plazo de 30 días corridos para que la Intendencia remita al cuerpo parlamentario un diseño para la creación de una plataforma digital propia, la normativa que regirá sobre las ERT y el canon que se les cobrará a las empresas, que no podrá ser superior a la que se les cobra a los taxistas.

“Planteamos que sea dentro del Sutrappa para poder tener un mejor control del mismo y regularizar una situación que ya existe dentro del ámbito municipal por parte de los usuarios de plataformas digitales”, defiende el escrito en la exposición de motivos.

En tanto, una propuesta del gremio taxista presentada en febrero, si bien tiene un articulado más extenso y específico, posee el mismo espíritu que el anterior. Entre otros detalles, el escrito plantea que la autoridad de aplicación -en este caso, la Secretaría de Transporte y Movilidad Urbana- sea la que fije el valor del servicio a través de las plataformas electrónicas habilitadas.

Además, agrega que las sanciones por incumplimiento sean multas equivalentes a entre 500 y 2.000 litros de nafta súper, suspensiones temporales o inhabilitaciones de la plataforma; y que se conforme un registro de permisionarios con información sobre los vehículos prestadores del servicio, los titulares y los conductores.

Otro grupo que representa al sector taximetrero, la Federación Nacional de Taxis, mantuvo una reunión con el presidente del cuerpo, Fernando Juri, y solicitó una mesa de diálogo interpoder. “Nos dijeron que no se va a tratar ninguna ordenanza hasta que tengamos una reunión con la intendenta, Rossana Chahla, y con el Concejo. También se va a convocar a la Legislatura”, informó Julio Rodríguez, tras el encuentro.

Otras propuestas

Aquellos proyectos se suman a otros tres que ya están en revisión: dos provienen del cuerpo parlamentario y uno de la Municipalidad. La principal diferencia entre las propuestas presentadas por Argañaraz y Arnedo es que el primero no considera que las empresas deban tributar en el municipio para poder funcionar. “Los contratos se dan entre usuarios y conductores. Las plataformas son medios, meros intermediarios; gravar impositivamente a conductores o intermediarios tiene el mismo efecto, que es aumentar el precio final para los usuarios. Hoy el Estado municipal funciona sin esos ingresos; se hacen obras, se pagan salarios. No estamos en un momento complicado financieramente, pero sí en uno complejo a nivel social”, defendió el radical.

El articulado de Arnedo, en tanto, contempla que los choferes de las plataformas electrónicas tengan un permiso municipal de dos años y que las empresas “liquiden y abonen, por cuenta y orden de los permisionarios registrados en sus aplicaciones, los gravámenes correspondientes”.

El Ejecutivo municipal también elaboró una iniciativa que está siendo revisada, junto a las demás, por la comisión de Transporte del Concejo Deliberante. En ella se plantean disposiciones generales a la temática, que incluyen el cobro de impuestos según el Tributo Económico Municipal (TEM) y la imposición de sanciones por incumplimiento por parte de la autoridad de aplicación.

La última reunión del comité fue el martes pasado, y al no obtener definiciones se pasó a cuarto intermedio que debía continuar esta semana. Finalmente, y en vísperas de la sesión parlamentaria, se decidió posponer el estudio hasta que se confirme una nueva convocatoria.

El municipio recibió a representantes de Uber

La Secretaría de Transporte y Movilidad Urbana mantuvo una reunión con representantes de Uber donde se definieron los detalles para la legalización de la aplicación móvil en la Capital. Del encuentro participaron Benjamín Nieva, a cargo de la oficina municipal; Pedro Giudice, subsecretario de Gobierno; y Pedro Martino, gerente de Asuntos Públicos para Cono Sur, de Uber.

Se habló sobre los requisitos que la Municipalidad pide a las empresas: que fijen domicilio en la ciudad, que sean sujetos pasibles de tributación, que se implemente un seguro aprobado por la superintendencia de la Nación, que sus conductores tengan VTV al día y una licencia de conducir profesional para el transporte de pasajeros.

“Los representantes de Uber llevaron todo el borrador para su estudio”, señaló Nieva acerca del proyecto de ordenanza. Y agregó: “Vamos a seguir con más reuniones hasta que esto pueda dar su fruto y que sea como nosotros estamos pretendiendo, ser el primer municipio en el país que pueda fijar las reglas del juego para que puedan trabajar acá en la ciudad y para poder prestar un servicio de excelencia dentro del municipio de San Miguel de Tucumán”.

El funcionario, por otro lado, se refirió a los alcances de la norma para el sector taximetrero. “El artículo 2 del proyecto de ordenanza nuestro dice, en el inciso A, que aquellos vehículos que son tipo taxi que están prestando servicio lo van a seguir haciendo y con una doble ventaja. No solamente van a poder ser taxi, sino que también van a poder prestar el servicio, pero dentro de las plataformas”, remarcó.

Por último, el titular de Movilidad Urbana detalló que será la Dirección de Ingresos Municipales la repartición que determinará el marco impositivo por el cual se regirá el servicio Uber en la Capital.

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