Por Nahuel Toledo
03 Diciembre 2024
En 2024, el oficialismo hizo su debut legislativo con una marcada minoría tanto en el Senado como en la Cámara baja; eso lo llevó a demorar seis meses en aprobar dos leyes ambicionadas por el Gobierno, pero las consiguió. También logró sostener dos vetos del presidente, Javier Milei, sobre temas importantes como jubilaciones y universidades. Sin embargo, hay otras iniciativas impulsadas desde Casa Rosada que quedaron sin ser tratadas en el recinto o ni siquiera comenzaron su debate en comisiones. Ante esto, la agenda que compete al Congreso culminó con el período ordinario con un abultado paquete de proyectos pendientes de tratamiento, muchos de los cuales no se prevé que vayan a ser parte del temario de sesiones extraordinarias que defina el Poder Ejecutivo, si es que finalmente las convoca para diciembre. En este caso, el Gobierno está centrado en la reforma electoral, con la eliminación de las PASO como base del proceso.
Dentro de la batería de proyectos que quedaron con dictamen, pero no fueron al recinto, aparece en el listado de la Cámara de Diputados la privatización de Aerolíneas Argentinas. La empresa había quedado afuera de la Ley Bases pero, ante un conflicto gremial que se agudizó en la segunda mitad del año, el Gobierno decidió avanzar a toda marcha con los proyectos que proponían su venta, entre ellos los de Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (CC).
A fines de septiembre arrancó la discusión en comisiones, luego se frenó sin más novedades y se reflotó un mes después, interrumpiendo incluso el debate sobre el Presupuesto 2025. Como resultado hubo cuatro dictámenes. Si bien el oficialismo se alzó con el de mayoría, con acompañamiento del Pro, la UCR y aliados, los votos para su aprobación no estaban garantizados y no se convocó a sesión para tratarlo.
Desde el lado de la oposición, un tema con el que se avanzó fuerte a partir de un emplazamiento de comisiones fue la reforma a la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con la intención de evitar un uso excesivo por parte de Javier Milei. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre plantea, entre sus puntos principales, que el rechazo de una sola cámara bastará para dejar sin efecto un DNU y que los decretos que no se traten en un plazo de 90 días en el Congreso se caerán.
Los bloques impulsores convocaron a una sesión el pasado 12 de noviembre, la que finalmente se suspendió porque no iba a reunir quórum. La mayor razón del fracaso fue que se incluyó en el temario el DNU 846, sobre canje de deuda, lo que alertó al Gobierno. Finalmente triunfó el oficialismo en hacerla caer. Días más tarde, precisamente el martes 26, se convocó a una nueva sesión -que fracasó por falta de quórum- que incluyó el DNU sobre deuda pero no así el dictamen sobre el proyecto para reformar la Ley 26.122.
Juicio por jurados
En el segundo semestre, el oficialismo dio luz verde al debate sobre proyectos relacionados al juicio por jurados, un método que se aplica en una docena de provincias, más no a nivel nacional.
En un hecho inédito, se alcanzó un acuerdo casi unánime y el dictamen unió con sus firmas a La Libertad Avanza y Unión por la Patria, entre otros bloques. Sin embargo, no se convocó a tratarlo en sesión.
Entre otros temas que quedaron sólo en dictamen aparece un proyecto del oficialismo y aliados para declarar la amnistía para los delitos contra las medidas dispuestas en pandemia; y una iniciativa para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres respecto de la violencia en el ámbito laboral y académico, que contó con consenso de todos los bloques excepto La Libertad Avanza.
Aunque se debatió en comisiones, no prosperó la firma del despacho de la media sanción venida del Senado sobre tipificar y agravar penas por el delito de compra y venta de menores.
Anunciada con bombos y platillos desde Casa Rosada luego de la aprobación de la Ley de Bases, a finales de junio, la “ley hojarasca” fue enviada finalmente al Congreso en octubre.
Si bien desde el oficialismo se afirmaba que se le iba a dar un pronto tratamiento, en paralelo con el Presupuesto 2025, eso no ocurrió. Así, el proyecto que tiene por objeto la derogación de más de 60 leyes que desde el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger consideran “obsoletas”, no fue ni siquiera tratado una sola vez en un plenario de comisiones, puntualizó el portal Parlamentario.
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