El Gobierno prohibe por decreto las contrataciones directas en las universidades

El Gobierno nacional avanzó este viernes con un conjunto de decretos destinados a reformar el sistema de compras y contrataciones en las universidades argentinas. La principal medida establece la eliminación de las contrataciones directas, un mecanismo que hasta ahora permitía a estas instituciones gestionar sus adquisiciones con menos restricciones.

Anteriormente, todos los ministerios, organismos y secretarías del Estado estaban obligados a publicar sus licitaciones en la página web oficial, excepto las universidades públicas. Esto cambió con la entrada en vigor del Decreto (número/2024), publicado el mismo viernes. De acuerdo con funcionarios cercanos a la cartera liderada por Federico Sturzenegger, la medida busca corregir la falta de controles suficientes en la administración de fondos universitarios, un problema que habría propiciado escenarios de opacidad y permitido la realización de contrataciones discrecionales o con sobreprecios.

El objetivo de esta reforma es "asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos mediante normas y sistemas unificados que favorezcan la neutralidad y reduzcan los riesgos de prácticas ineficientes", según detallaron fuentes oficiales. En este contexto, los decretos establecen la obligatoriedad del uso de plataformas como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF para las contrataciones. Además, queda prohibida la realización de contrataciones directas con universidades o con personas físicas o jurídicas registradas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Aunque algunas universidades ya utilizan herramientas electrónicas como COMPR.AR y CONTRAT.AR, la mayoría alega que su carácter de entes autárquicos las exime de estas obligaciones. Sin embargo, desde el gobierno de Javier Milei señalan que esta situación "compromete la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos". Para abordar estas vulnerabilidades, también se exigirá la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), con el objetivo de promover procesos digitales, seguros y ágiles.

Restricciones específicas para las universidades

La normativa elimina las contrataciones directas que limiten la competencia entre oferentes, salvo en casos donde se demuestre que el proveedor es único en su tipo. Esto pretende erradicar lo que el Gobierno considera un "privilegio irrazonable" que afecta al interés público y obstaculiza el desarrollo de empresas privadas. Este problema ha sido particularmente evidente en los convenios interadministrativos entre la Nación y ciertas universidades.

Entre 2022 y 2023, se firmaron más de 2.000 convenios entre universidades y diferentes jurisdicciones. Estos acuerdos abarcaban servicios como consultoría, asistencia técnica, investigación y auditoría. Sin embargo, se argumenta que otras empresas podrían haber ofrecido estos servicios a mejores costos, pero no tuvieron la oportunidad de competir. “El uso desmedido de contrataciones directas con universidades contradice su carácter excepcional”, explicaron desde el Ejecutivo.

Además, se remarcó que la falta de integración de las universidades en los sistemas presupuestarios utilizados por otros organismos estatales va en contra de los principios de transparencia y eficiencia requeridos para obtener las mejores ofertas.

Con la entrada en vigor de estos decretos, las universidades públicas quedarán formalmente sujetas a las normativas que rigen la administración financiera y las contrataciones electrónicas del Estado. La transición hacia estos sistemas electrónicos será gradual y se ajustará a los plazos establecidos en el marco normativo. Una vez cumplidos los periodos estipulados, se aplicarán sanciones a quienes no se adecuen a las nuevas disposiciones.

Los organismos clave involucrados en esta reforma –incluyendo el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones– enfatizaron que el propósito de estas medidas no es intervenir en la autonomía de las universidades, sino garantizar un manejo transparente y responsable de los recursos públicos, así como optimizar la rendición de cuentas.

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