Una quincena de emergencias se prorrogarán por otro año

Con la reunión de Labor Parlamentaria prevista para hoy a las 12, la Legislatura comenzará a encaminarse para realizar la última sesión del año. Del encuentro surgirá la orden del día que se pondrá en consideración el jueves, pero se prevé que la mayoría de los temas sean renovaciones de emergencias solicitadas por la Provincia. Suman cerca de una quincena, y la mayoría ya cuenta con dictamen a favor.

Las leyes de emergencia posibilitan sistemas de excepción para atender situaciones de crisis. Se han convertido en una herramienta de uso recurrente en las últimas décadas, algo que viene siendo cuestionado por la oposición porque se extienden en el tiempo y, por lo tanto, dejan de ser una excepción.

Muchas de estas disposiciones, como la Emergencia Económica y la Hídrica y Social, datan de las gestiones de Julio Miranda (1999-2003) y de José Alperovich (2003-2015), y fueron prorrogadas sucesivamente con el correr de los años. Otras -como la Emergencia en Seguridad y la Emergencia en Violencia contra la Mujer- son más recientes, y fueron impulsadas por la gestión de Juan Manzur (2015-2023). En tanto que hay otras excepciones que vienen desde el interinato Osvaldo Jaldo, en 2021, como la Ley 9.466 que habilita realizar reparaciones en edificios escolares sin recurrir a una licitación pública por hasta ciertos montos.

Dictamen favorable

Durante la semana pasada se dictaminaron la mayoría de las emergencias que el Poder Ejecutivo (PE) solicitó por medio de proyectos de ley. La comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Carlos Gallia, otorgó dictamen favorable a la prórroga del Estado de Emergencia Hídrica y Social en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, se facultó al PE a otorgar a la Sociedad Aguas del Tucumán aportes financieros no reintegrables, exceptuando hasta el 31 de diciembre de 2025 a la SAT, de las disposiciones del artículo 204 de la Ley 6.970 (que prohibe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas o sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley).

Asimismo, se aprobó un dictamen mediante el cual se prorroga hasta el mismo plazo la posibilidad de realizar pagos anticipados no remunerativos de un 20% de los haberes a empleados públicos, suma que seguirá siendo no remunerativa para no incrementar las erogaciones de la Provincia en concepto de aportes.

También se resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025: la suspensión de los porcentajes de la ley N° 6.650 sobre fondos de desarrollo del interior y el procedimiento para comunas rurales; facultar a la Caja Popular de Ahorros para prorrogar contratos de Fideicomiso con municipios; declaración de emergencia económica en el Estado Provincial, municipalidades y comunas rurales; prórroga del diferimiento fiscal en el marco de la ley de emergencia agropecuaria; mantenimiento de alícuota del 0% en impuestos sobre Ingresos Brutos y Salud Pública para la producción agropecuaria; alícuota del 0% en impuestos para la venta de azúcar por productores cañeros con explotaciones de hasta 100 hectáreas; prórroga de la emergencia agropecuaria para la producción de limón y viveros cítricos certificados; y la modificación de la ley sobre cotejo de precios en obras de refacción de edificios escolares, entre otras.

El legislador oficialista indicó que a última hora ingresó un proyecto de la Casa de Gobierno para hacer modificaciones al Código Tributario (5.121) y a la Ley Impositiva (8.467), por lo que el comité volvería a reunirse para dictaminar la iniciativa antes de la sesión que se prevé para el jueves. Hasta aquí tampoco se dictaminó la prórroga a la ley que autoriza al Ministerio Pupilar y de la Defensa a hacer contrataciones directas por bienes y servicios.

Por un año, no dos

La comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte, a cargo de Tulio Caponio, trató el proyecto remitido por la Casa de Gobierno para prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia en materia de Obras Públicas (9.751). La particularidad en este caso es que la iniciativa preveía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026, pero sólo se la dictaminó por un año. Fuentes legislativas aseguraron que esta modificación fue consensuada con el Ejecutivo.

La comisión de Energía y Comunicaciones, por su parte, dictaminó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia del estado de emergencia del sistema eléctrico de transporte por distribución troncal en el ámbito provincial (Ley 8.342). El legislador Alberto Olea, presidente del comité, señaló que esta herramienta va permitir que la Provincia siga recibiendo ayuda por parte de la Nación para corregir algunos problemas del servicio y citó como ejemplo los trabajos que se realizaron en la Central Independencia.

A su vez, la comisión de Deportes, que preside Ricardo Bussi, avaló la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de la Ley 9.552, que declara la emergencia económica de las entidades deportivas y/o sociales sin fines de lucro. Dicha norma establece la inembargabilidad de los clubes y, además, el no pago de los servicios.

Algunas de las emergencias a prorrogar

1. La de Emergencia Económica del Estado provincial, municipalidades y comunas rurales, la cual establece la inembargabilidad de los recursos públicos (8.228).

2. El Obras Públicas (9.751), en un contexto de incertidumbre respecto a los fondos nacionales para los proyectos en curso. Se extenderá por un año.

3. En Violencia contra la Mujer (8.981), dado que se encuentran subsistentes las causas que dieron origen a esta norma.

4. La que habilita a la Caja Popular de Ahorros a suscribir convenios de asistencia financiera con los municipios (Ley 7.467)

5. La Ley (9.062) que autoriza a la Provincia a realizar aportes financieros no reintegrables a la SAT para la ejecución de obras y la adquisición de equipamientos.

6. La vigencia de la Ley 7.115, que suspende el sistema de aportes a comunas rurales del interior. Dicha norma rige desde el año 2001.

7. La Ley 7.875, que habilita la gestión y aplicación de recursos para obras hídricas, además de medidas de excepción para afectados por catástrofes climáticas.

8. El diferimiento fiscal (9.614) para las actividades de producción de limón, primaria e industrial, como así también a los viveros cítricos certificados por el Inase.

9.  Ley 9.466 para la contratación directa, previo cotejo de precios, para obras y la compra de materiales para la refacción de escuelas por hasta $90 millones.

10. La que declara inembargables los aportes estatales entregados a asociaciones civiles sin fines de lucro mediante subsidios o figuras similares (Ley 9.552).