Los cinco pendientes de la Legislatura para 2025

La Legislatura que preside Miguel Acevedo cerró 2024 con varias decenas de leyes sancionadas a lo largo de una docena de sesiones. Sin embargo, además de numerosas iniciativas presentadas por los distintos espacios políticos, hay otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo (PE) que comanda Osvaldo Jaldo que no llegaron a tener tratamiento. En algunos casos porque no hubo tiempo para el estudio y el debate; y en otros, porque se trabó la discusión y no terminan de ponerse de acuerdo dentro del propio oficialismo. En este último lote se encuentra la reforma política provincial.

El vicegobernador dio inicio a un debate por la reforma para que todo el arco político exponga sus propuestas para modificar el sistema electoral vigente. En el primer encuentro se abordaron las iniciativas vinculadas a la administración electoral (boleta única, voto electrónico, boleta de papel) y organismos electorales (Junta Electoral y propuestas de creación de un Fuero Judicial Electoral).

Por cuestiones de agenda no se logró avanzar con los demás encuentros. El segundo tiene como temática cambios en la Ley de Partidos Políticos de Tucumán (5.454): financiamiento de los partidos; publicidad; campaña; y debates. Mientras que para la tercera mesa se dejó el nudo gordiano que representa la discusión por la limitación o eliminación del sistema de acoples: límites constitucionales a la reforma política; y la modificación de secciones electorales.

Propuestas en espera

Si bien el algún momento el propio Jaldo habló de reformar la Constitución para eliminar los acoples de cuajo, porque de otro modo -dijo- sería sólo maquillaje, la discusión se tensó dentro del oficialismo en particular. Hoy en líneas generales -y de hecho, hay propuestas así en la Cámara- se habla de limitar los acoples, pero sin tocar la Carta Magna.

En paralelo y dado que aquella discusión quedó pendiente, el PE envió en noviembre un proyecto de ley para que el acceso a la información pública sea responsabilidad de los tres Poderes del Estado, así como de los organismos descentralizados. Luego sumó la iniciativa de Ficha Limpia, para que personas con condena en dos instancias estén inhabilitadas para ejercer un cargo político. Ambas propuestas, sin embargo, se suman a la lista de pendientes para 2025 dado que los tiempos no permitieron desarrollar las discusiones pertinentes.

Valuación inmobiliaria

Con un tenor mucho más institucional que político, hay otras herramientas que solicitó la Casa de Gobierno pero que tampoco llegaron a ser debatidas. Una de ellas es la creación del Observatorio del Mercado Inmobiliario de Tucumán (Omituc), en el ámbito de la Dirección General de Catastro, para actualizar las valuaciones inmobiliarias. De prosperar, esto se traduciría en un incremento en el Impuesto Inmobiliario, aunque el oficialismo sostiene que no se impulsa con fines recaudatorios.

“En el caso de la provincia de Tucumán, los valores fiscales actuales, derivados de un revalúo de 1997, evidencian una significativa desproporción asimétrica y distorsiva de estos frente a los valores de mercado”, se indicó en los fundamentos del proyecto, que ingresó al palacio espejado con las firmas de Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.

El propio funcionario provincial explicó en diálogo con LG Play que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así también como Córdoba, ya cuentan con un observatorio de estas características. “Tucumán jamás hizo un revalúo de los inmuebles. Se da la paradoja, a veces obscena, de que se va a transferir un inmueble que vale U$S100.000 y en la escritura figura que se lo transfiere por el valor fiscal de $100.000. Es una cosa que no tiene sentido”, cuestionó. Dijo Abad que el observatorio lo que va a hacer es un inventario de todos los inmuebles de la provincia, públicos y privados, y que a partir de ese inventario -dividido por zonas- se tratará de llevarlo a valores que se asemeje al mercado. “Si no hay una evasión del pago de impuesto enorme que no tiene sentido”, desarrolló.

Fomento minero

Por último, un tema que inquieta a los sectores ambientalistas es el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para que se modifique la Ley de Fomento Minero (6.064), que data de 1990. Según se indicó, se busca actualizar el marco regulatorio para adaptarlo a la situación actual del sector minero de Tucumán. Estos cambios son mirados con recelo por grupos ecologistas, quienes están en alerta desde que la Casa de Gobierno intentó que en la Legislatura se derogue la ley que prohibe la minería metalífera (7.879) en el marco de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En los fundamentos se señaló que en 2007 se sancionó la Ley 7.879, que prohibió la minería a cielo abierto, limitó el alcance de esta actividad y el uso del fondo, reduciendo la explotación minera principalmente a la extracción de áridos para construcción. Debido a esta limitación, se señaló que la Dirección de Minería enfrentó desafíos en la implementación de regulaciones y supervisión, viéndose imposibilitada de financiar adecuadamente las inspecciones y el control ambiental, además de no contar con los recursos necesarios para emplear tecnología moderna, como drones y GPS.

La reforma propuesta por el PE redistribuye los recursos del Fondo de Fomento Minero, disminuyendo el porcentaje destinado a infraestructura en zonas mineras de 50% a 15%, y aumentando al 75% el financiamiento para equipar a la Dirección de Minería, permitiéndole responder a las exigencias actuales.

Representantes de las organizaciones que integran la Red de Acción por el Buen Vivir de Tucumán, en tanto, consideraron que la medida es una acción más dentro de la búsqueda de hacer caer la Ley 7.879. Consideraron que lo que se busca es desarrollar la extracción de arena de sílice, que sería como una minería de tercera categoría (como áridos o arcilla), pero que además sirve para el fracking.