Se suspende la expropiación de la escuela Mistral

La causa por la expropiación del inmueble de la escuela Gabriela Mistral tuvo un revés para el municipio. El Juzgado Civil y Comercial Común dio lugar a la medida cautelar presentada por la Cooperativa, y suspendió el proceso expropiatorio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La Fiscalía Municipal, por su parte, sostiene que se objetará con un recurso de revocatoria y que la decisión del juez no afecta al inicio del ciclo lectivo 2025. Las clases -insistieron las autoridades- están garantizadas.

La Cooperativa de Servicios Educativos y Servicios Sociales, a través de su presidenta, Claudia Elizabeth Lobos, presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo en contra de la Municipalidad capitalina por la ordenanza N° 5.390, recientemente aprobada en el Concejo Deliberante. La norma dispuso la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble de la escuela Mistral, a nombre de la asociación. Desde sus inicios, el establecimiento educativo es administrado de manera mixta entre las partes, aunque con esta medida la institución educativa pasaría a ser completamente de gestión municipal.

Es así que la objeción de la Cooperativa se dirige a cuestionar la constitucionalidad de la Ordenanza, a la cual considera “inválida para declarar la utilidad pública, valorando que contiene fundamentos falaces vertidos por el Ejecutivo Municipal”, además de rebatir la potestad expropiatoria del Concejo Deliberante. Sumado a ello, la Cooperativa -cuyo representante es Alfredo Grassia- solicitó una medida cautelar para que se ordene la suspensión del procedimiento administrativo expropiatorio, hasta tanto se resuelva el entramado legal de la demanda.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para entender la causa y los autos fueron remitidos al Juzgado Civil y Comercial Común, de Feria, que a su vez giró el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, aunque no sin antes dar lugar a la cautelar “a los fines de otorgar tutela judicial efectiva y teniendo en cuenta que el dictado de una sentencia definitiva insumiría un plazo considerable, lo que eventualmente tornaría ilusorio su cumplimiento”. Así, la disposición emitida por el juez Pedro Esteban Yane Mana resuelve ordenar a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán la suspensión del proceso de expropiación iniciado mediante el decreto N° 1054, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa principal.

“Pedir precisiones”

La contraparte asegura que actuará frente a la medida cautelar concedida. “Vamos a presentar un recurso de revocatoria porque no nos dieron intervención previa para dictar la cautelar. Mínimamente nos deberían haber pedido un informe -según el artículo 21 del Código Procesal Constitucional- donde uno elabora un detalle de las circunstancias del hecho y de derecho que han precedido a la ordenanza, para tener las dos versiones antes de que la Justicia decida una cautelar de estas características”, explicó Conrado Mosqueira, fiscal Municipal de la Capital.

Además, al tratarse de una orden que no tiene carácter de sentencia, el doctor analiza que “la cautelar no implica en sí la suspensión del ciclo lectivo 2025, ni tampoco significa la devolución del inmueble a la Cooperativa”. Y fundamenta: “la suspensión del proceso expropiatorio es solamente eso, no tiene otras consecuencias. De ser así, lo tendrá que expresar la Justicia, que no se ha expedido en este sentido. Además, lo que están objetando es la ordenanza y la expropiación de la escuela, la cautelar es una medida previa”.

Mosqueira aseguró que el inicio de clases está garantizado para los más de 700 alumnos de la escuela Gabriela Mistral, como así también las obras de acondicionamiento del inmueble previstas para estos meses. “Hay que tener en claro que el convenio de la Cooperativa con la Municipalidad venció el 31 de diciembre, es decir, previo a ese vencimiento fue que se dispuso la expropiación del inmueble (en noviembre). Lo cual implica que la Municipalidad en ningún momento resignó la tutela ni hubo una devolución del inmueble hacia la Cooperativa”, remarcó.

Por último, reiteró: “la administración del ciclo lectivo 2024 fue exclusivamente de la Municipalidad. El acuerdo (que venció el año pasado) era que nosotros les pagábamos una suma mensual, pero ellos no formaban parte de la gestión educativa de la escuela en lo más mínimo”.

“Atropello” a las leyes

El legislador Walter Berarducci (Partido por la Justicia Social) consideró que la expropiación del inmueble a través del Concejo Deliberante “resulta un atropello a las leyes provinciales, a la propiedad privada, a la educación pública municipal y -principalmente- a la comunidad educativa”.

Pidió que se respeten los requisitos legales establecidos en la Constitución de la Provincia para el trámite expropiatorio “en razón de que la utilidad pública debe ser declarada por la Legislatura y no por la ordenanza N° 5.390 que sancionó el Concejo”. Y reflexionó: “en este complejo momento que atraviesa la provincia y el país, no deben primar intereses electorales por sobre el respeto a la Constitución, la ley y la educación pública, ya que deben ser prioridad más aún cuando se avecina el inicio del ciclo lectivo 2025, algo que puede perjudicar directamente a cientos de estudiantes de dicha institución. Le solicito a la intendenta (Rossana Chahla) que accione a través del diálogo y busque soluciones consensuadas y democráticas”.