10 Febrero 2025
La polémica por la ocupación de terrenos fiscales en El Mollar continúa. Los vecinos que están siendo desalojados denunciaron a funcionarios públicos por la operatoria cuestionada en la Justicia y aseguran que compraron las propiedades de buena fe. “Nos atendieron empleados del Estado y el Estado nos dio información sobre quién era el dueño de los terrenos. Ahora los corrieron y cerraron oficinas, pero ellos actuaban en representación del Gobierno. No nos pueden atropellar”, planteó Lucia Moreira Sierra, vocera del grupo durante una conferencia de prensa realizada en Concepción.
Más de una docena de familias pidieron la intervención del diputado Roberto Sánchez y de la legisladora Raquel Nievas. Ambos solicitaron informes a dependencias nacionales, vinculadas con la administración de tierras fiscales, y a las autoridades provinciales. “Creemos que debe haber una instancia de conciliación. La gente compró de buena fe. Hay familias, niños que viven en el lugar y están siendo atropellados por topadoras. Tenemos que buscar salidas”, planteó Nievas quien también informó que pidió detalles de la causa a la sede del Poder Judicial en Monteros.
Sánchez no dudó en responsabilizar al gobierno de Osvaldo Jaldo por las irregularidades en la compra y venta de terreno. “No actuaron bien. Es extraña la rapidez con la que disolvieron el organismo que está sospechado y destituyeron al comisionado rural. Tienen que hacerse cargo”, insistió el diputado.
En tanto, los vecinos reiteraron que hay pruebas contundentes de las irregularidades cometidas por el Estado. “Cuando compramos, nos mostraron un padrón catastral que pertenecía a Juan Pablo Castro. Ahora cambiaron esa documentación, la hicieron desaparecer. Nos mostraron un mapa del terreno y luego lo modificaron. Ahora pusieron carteles sobre la propiedad del Gobierno, pero antes estaba en un predio cercado. No somos usurpadores”, precisó Moreira Sierra.
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