Realmente indignan las idas y vueltas que tiene la aprobación final de la llamada ley de Ficha Limpia. Y lo decimos porque es increíble que, considerando el desfile interminable de hechos de corrupción de los últimos veinte años, difundidos por todos los medios de comunicación y redes sociales, todavía haya dudas de su implementación. Obviamente todos los involucrados en esto y sus cómplices o partícipes necesarios se opondrán. Pero los dilatadísimos tiempos de la justicia tampoco ayudan para nada. Y estamos hablando de causas resonantes, iniciadas a comienzos de siglo y con protagonistas del más alto nivel de la vida pública nacional. El paso de tortuga que acompaña la marcha judicial no hace más que consolidar la impunidad que todavía tienen estos delincuentes. Y en este punto queremos resaltar un detalle. Se hizo costumbre últimamente darles a las leyes el nombre de la víctima del hecho, como homenaje postrero a su memoria. En el caso puntual, que motoriza la ley de ficha limpia, sería lo más atinado ponerle el nombre de la victimaria. Y no tenemos ninguna duda, si no hubiera sucedido lo que sucedió, que la ley debería llamarse “Ley Néstor” y no “Ley Cristina”. Y para todos los que se rasgan las vestiduras hablando de proscripción debemos recordarles la tarea incansable del periodista Jorge Lanata que, con sus investigaciones, nos puso al tanto de todo lo sucedido. Y el contundente alegato final del fiscal Luciani pidiendo la condena de la ex presidenta en la llamada Causa Vialidad. Y amén de todo lo que puedan argumentar debe quedarles claro que la mayor condena, la social, ya fue emitida. Y en eso no hay apelación posible. Para terminar, esta ley también debería contemplar lo referido a las declaraciones juradas de los candidatos. Indigna sobremanera cómo el paso por la función pública de la mayoría los convirtió en archimillonarios, de la noche a la mañana. No tenemos ninguna duda que la mayoría no podría justificar mínimamente las inmensas fortunas personales que poseen, inexplicables con los sueldos que se pagan por ejercer la función pública.
Ricardo Rearte
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