Por Gustavo Rodríguez
Hace 6 Hs
SOSPECHOSO. Felipe “El Militar” Sosa aparecería en tres expedientes vinculados a la comercialización de éxtasis y flores de marihuana.
“Todo esto es distinto a mi vida. Estar acá me da pánico. No puedo ver a mis hijos. En la cárcel me gritan asesina y me quieren pegar. No puedo salir de la celda. Mi familia está muy mal y como se dijeron cosas de narcotraficantes, me da terror el tema”, sostuvo Justina Gordillo, la secretaria judicial que está detenida y procesada por el crimen de Érika Antonella Álvarez, la joven asesinada el 7 de enero.
La muerte de la joven está atravesada por la droga. La víctima y el victimario, Felipe “El Militar” Sosa, no sólo estaban hundidos en el consumo de sustancias, sino que tenían vínculos narcos. La pareja de Érika era Carlos “El Paraguayo” Ferreyra, un traficante de Paraguay que tiene varias causas abiertas por dirigir una organización que se dedicaba al tráfico de marihuana en vuelos ilegales. Fue detenido en 2021 en Alberdi, la ciudad en la que el año pasado estalló un escándalo por los vínculos del poder político con la comercialización de drogas. LA GACETA no pudo reconstruir su derrotero procesal, pero se supo que regresó a la provincia en 2023.
“El Paraguayo”, según confiaron fuentes cercanas a la investigación, habría sido el hombre que presentó a Sosa con Érika. El imputado por el crimen habría estado vinculado a la comercialización de éxtasis y de flores de cannabis. “Nunca lo conocí a ese señor”, dijo la ex del “Militar”.
En su declaración ante el fiscal Pedro Gallo, Gordillo, que fue asistida por sus defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim, afirmó: “no, no sabía que él vendía drogas. Él me dijo que hace más de tres años estaba muy descontrolado y comercializaba pastillas en las fiestas electrónicas”.
Esa versión también fue aportada por Marianella Álvarez, hermana de la víctima. Según consta en el expediente, ella dijo que Érika le había contado que cuando visitaba al “Militar” en su casa, había descubierto bolsas con pastillas. “Me decía que eran muchas, pero que ella no las consumía”, indicó en más de una oportunidad.
El nombre de Sosa aparece mencionado en dos causas. En abril de 2024, la Policía Federal desarticuló un grupo que se dedicaba a la venta de éxtasis en las fiestas electrónicas que ellos mismos organizaron. Fueron procesados César Fernández Fazio y Mariano Valdez.
Según confiaron fuentes judiciales, en el expediente que está siendo instruido por el fiscal José Sanjuán, aparecería “El Militar” como supuesto proveedor de la sustancia que comercializaban. Ninguno de los acusados se atrevió a convertirse en testigo protegido para delatar a los otros miembros de la organización. “Estaban aterrados porque sabían que podrían recibir algún tipo de represalia”, comentó un investigador.
“El Militar” también fue procesado por cultivar plantas de marihuana. En 2023, en la casa de Frías Silva 1.336 (Yedrba Buena) -la misma que aparece mencionada en la investigación por la muerte de la joven-, durante una inspección ocular realizada en el marco de una causa del fuero civil, la Policía encontró 29 plantas florecidas de marihuana, otras 27 sin cogollos, 106 plantines, unos 400 gramos de cannabis, macetas, frascos, equipos de ventilación e iluminación y una prensa para compactar.
“Él me habia contado que le habian encontrado plantas de marihuana en el jardin de la casa de Frías Silva, pero como tenía certificado del Reprocann, lo terminaron absolviendo”, indicó Gordillo. En realidad, Sosa fue sobreseído por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, pero el fiscal Agustín Chit apeló la resolución en abril pasado y el planteo aún no fue resuelto.
Otra postura
Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, defensores de Sosa, desmintieron que su asistido esté vinculado a la distribución y comercialización de estupefacientes. “Lo que él padece es un grave problema de adicción. Es todo. No hay ningún indicio para que se corrobore esa versión”, comentaron en una entrevista con LA GACETA.
Gordillo, en su declaración como imputada, también dijo que el acusado del crimen de Érika se relacionaba con chicas que tenían problemas de adicciones y que lo buscaban para que les facilitara dosis.
Cosiansi y Flores, a través de un comunicado de prensa, informaron: “la problemática de consumo y adicción ha sido ratificada por el informe psicológico de parte, como por las evaluaciones realizadas por profesionales del Siprosa”.
“Se incluyeron intervenciones psiquiátricas, así como constancias así como por constancias del propio Servicio Penitenciario. No es una afirmación unilateral. Es una situación documentada. El aislamiento prolongado en una persona con vulnerabilidad psíquica acreditada no es neutro. Puede agravar su estado emocional y generar consecuencias acumulativas”, finalizaron.
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