El sector agropecuario uruguayo quedó en el centro de un escándalo sin precedentes tras la caída de tres fondos de inversión ganadera que operaban bajo un esquema Ponzi, dejando un vacío de más de 250 millones de dólares. Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera prometían rentabilidades muy por encima del mercado a inversores que depositaban su dinero en la supuesta compra y engorde de ganado. Sin embargo, la falta de regulación y el colapso del sistema llevaron a la quiebra a estas empresas, afectando a más de 6000 personas, incluidos 60 argentinos. La estafa salió a la luz cuando Grupo Larrarte fue denunciado por apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado de activos, desencadenando una crisis en cadena.

El modelo operaba con promesas de intereses de hasta el 11,3% en dólares, en un mercado donde la ganadería tradicional apenas rinde entre un 3 y un 4%. A medida que el esquema se desmoronó, los inversionistas intentaron retirar su dinero, pero ya era tarde: los fondos no tenían respaldo real y funcionaban con el capital de nuevos aportantes. El colapso de República Ganadera, que administraba 80 millones de dólares, y luego el de Conexión Ganadera, el fondo más grande con 400 millones de dólares, dejó expuesta la fragilidad de un sistema que operaba sin supervisión del Banco Central de Uruguay. La situación se agravó con la muerte de Gustavo Basso, directivo de Conexión Ganadera, en un accidente automovilístico a finales de 2023, dejando a miles de damnificados en una incertidumbre total.
Las consecuencias del fraude son devastadoras. Según el abogado Carlos Esponda, que representa a 420 afectados, muchos perdieron todos sus ahorros e incluso embajadores y empresarios internacionales están entre las víctimas. Actualmente, las empresas están en concurso de acreedores y la fiscalía de lavado de activos investiga posibles vínculos con lavado de dinero en Argentina y Paraguay. Se estima que los inversionistas solo podrán recuperar entre el 10% y el 15% de su dinero, mientras que un 30% de los afectados ni siquiera se presentará a verificar sus créditos por el origen dudoso de sus fondos. Más allá del impacto financiero, el caso dejó en evidencia la falta de regulación y la vulnerabilidad de los inversores ante promesas de rentabilidad demasiado buenas para ser ciertas.