
La votación de la Corte Suprema cayó como un bombazo en la Casa Rosada. En especial, por el voto en contra de Manuel García-Mansilla, el académico que fue propuesto por Javier Milei por sus ideas y se transformó la semana pasada en el cuarto miembro del cuerpo. Según trascendió, en Casa Rosada esperaban que, si no votaba por otorgar la licencia, García-Mansilla al menos se abstuviera, pero falló en contra.
El entorno presidencial esperaba que el pedido de licencia fuera un rápido, luego de que la semana pasada los tres miembros de la Corte le tomaran juramento a García-Mansilla, a pesar de que su pliego no tenía ni dictamen de comisión. García-Mansilla estuvo presente con sus pares en la Asamblea Legislativa que presidió Javier Milei, a la que también había sido invitado Lijo, aunque juez evitó estar en el foco de la polémica y no asistió.
Tras la decisión de la Corte de no otorgar la licencia a Lijo hasta que renuncie al juzgado federal número 4, se aceleraron los tiempos en el Senado para pedir una sesión especial donde se traten los pliegos de los magistrados propuestos por Milei (Lijo y Manuel García Mansilla, quien ya juró en la Corte) y luego nombrados en comisión en el máximo tribunal, lo que ya había reactivado el debate.
Ayer, un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en Justicia dirigieron cartas a cada uno de los senadores en las que les exigieron que asuman su responsabilidad institucional y rechacen los pliegos de Lijo y de García-Mansilla, designados “inconstitucionalmente” -dijeron- como jueces de la Corte Suprema por Milei. Afirmaron que “el Senado puede y debe revertir los nombramientos en comisión”.
El documento, firmado por Amnistía Internacional, ACIJ, CELS, ELA, Inecip y Poder Ciudadano, cuestiona lo sostenido por el Gobierno Nacional respecto de que, incluso con el rechazo del Senado, los nombramientos seguirían vigentes hasta fin de año.
Razones para el rechazo
Las organizaciones también señalaron que desde la postulación de los candidatos existían razones para el rechazo de los pliegos, pero que ahora esa necesidad es imperiosa, porque lo que está en juego es la vigencia de los equilibrios constitucionales en la conformación del Poder Judicial y la independencia del Máximo Tribunal de nuestro país.
En ese sentido, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, al analizar lo sucedido con la votación en contra de Lijo, advirtió que “la resolución adoptada por el tribunal cuando le tomó juramento a García-Mansilla y demuestra la ignorancia del Señor presidente y del exgobernador de la Provincia de Buenos Aires con mandato inconcluso Carlos Ruckauf en la materia. Por lo tanto, la validez constitucional del Decreto 137/2025 puede ser analizada por la justicia anterior en las causas en trámite y por la CSJN ante los planteos realizados en los casos arribados a su conocimiento”, dijo. Finalmente advirtió: “Una última cuestión: ¿Estaba habilitado García-Mansilla para expedirse sobre la “no emisión de juicio del Decreto 137/2025” cuando es uno de los directos beneficiados? ¿No debió haberse excusado de intervenir en base al decoro republicano?”.