
Tras las correcciones fiscales encaradas por la administración del presidente, Javier Milei, el mercado necesita nueva señales de que la economía nacional mejorará su competitividad no sólo a nivel regional, sino también global. Ahora, el desafío será poder lograr sustentabilidad fiscal sumado a la ejecución de reformas económicas y fiscales que apunten a mejorar sustancialmente la competitividad local, en un marco de tipo de cambio real relativamente bajo, que predominaría a futuro si continúan a buen ritmo las inversiones y exportaciones en el sector de energía y minería, definen Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, economistas de la Fundación Mediterránea.
Según los investigadores, entre las reformas necesarias para mejorar la competitividad local se destacan las dirigidas a bajar la presión tributaria y el peso de los impuestos más distorsivos, así como mejorar la cantidad y calidad de la infraestructura, que permita aumentar la productividad del sector privado, en especial de la producción de bienes y servicios transables con el exterior.
Tras la eliminación del impuesto PAÍS, los principales candidatos a revisión por su carácter distorsivo son los Derechos de Exportación (DEX) y el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB), a nivel nacional; el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y a los Sellos a nivel provincial; y la Tasa de Seguridad Higiene (TSH) a nivel municipal, detalla el informe al que accedió LA GACETA.
Variación
El peso de los impuestos más distorsivos en la economía argentina ha variado a lo largo del tiempo. Aumentó sustancialmente tras la crisis 2001-2002, y en 2015 representaban un 7,9% del PIB (2,9% nacionales y 5% subnacionales). Para 2024 esta crifra aumentó a 8,6% (3,7% nacionales y 4,9% subnacionales). Sin embargo, se proyecta que en 2025 el peso de estos impuestos disminuirá a un 7,6% (2,5% nacionales y 5% subnacionales), con la eliminación de PAÍS y la reducción transitoria en DEX. Si se compara 2024 versus 2015, los impuestos más distorsivos aumentaron su peso en 0,7% del PBI (+0,8% nacionales y -0,1% subnacionales), mientras que entre 2024 y 2025 bajarían en 1% del Producto (-1,1% nacionales y +0,1% subnacionales), indican. A partir del año que corre se requiere un acuerdo fiscal entre Nación y Provincias (y éstas con sus municipios) para morigerar la suba del gasto y así destinar los excedentes fiscales a eliminar progresivamente DEX e IDCB (éste podría subsisitir sólo a cuenta de IVA y Ganancias), eliminar Sellos y un mix entre disminución y transformación de IIBB y TSH, puntualizan los economistas. Pero la cuestión no se queda tan solo en los impuestos. “La Argentina necesita incrementar significativamente su tasa de inversión pública en infraestructura, tanto privada como pública, hasta alcanzar un 25% del Producto Bruto Interno en los próximos años. En 2024 la inversión total se situó en 16% del PBI (primeros nueve meses del año), por lo que queda mucho por mejorar”, finalizan los economistas.