
Por la marcha de los jubilados, prevista para hoy a las 17, el Gobierno nacional desplegó un fuerte operativo ante la posible presencia de barras. La manifestación se realizará en el Congreso, donde habrá más de 850 agentes de las fuerzas federales. También dispondrán retenes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para evitar el ingreso de colectivos que lleven gente a la movilización.
El Gobierno reforzó el operativo antipiquete porque, tras la convocatoria de gremios e hinchas de clubes de fútbol, consideró “política” la marcha de los jubilados. El Ejecutivo sostiene que hará “todo lo que permite la ley” para mantener la movilización dentro de la plaza del Congreso.
"Quieren desestabilizar la gestión"
Más de 850 agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura junto con los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires participarán del operativo. “Pongan 100 o 100.000 personas, son los mismos que quieren desestabilizar la gestión desde hace un año”, dijeron en la Casa Rosada.

En tanto que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó también controles en los accesos a la Ciudad para filtrar el ingreso de colectivos que asistan a la marcha. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) participará del proceso. “Si no tienen habilitación, no entran. Si encontramos a alguien con pedido de captura, lo detenemos”, agregaron.
Controles a las personas para evitar el ingreso de armas
El Gobierno anunció que aplicará el operativo de Tribuna Segura, que se implementa en las inmediaciones de los estadios de fútbol cuando hay eventos deportivos. Abarca controles a las personas para evitar el ingreso de armas e identificar individuos con restricciones de admisión y pedidos de captura.
El Gobierno asegura que detendrá a todas las personas que “incurran en conductas que afecten la seguridad”. Además confirmó que les aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo. El Ministerio de Seguridad mantiene que se respalda en el artículo 94 del Código Penal.
“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años todo el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, advirtieron en un comunicado.