Por Gustavo Rodríguez
31 Mayo 2025
“Era lo que sabíamos que sucedería tarde o temprano. El problema que nos aflige es qué pasará con todos nosotros”, aseguró Maximiliano Pedraza, uno de los tantos tucumanos que descubrió ayer que todo el proceso de regularización dominial en El Cadillal fue suspendido hasta que sólo algunas personas cumplan con todos los requisitos.
Según el relevamiento realizado por el Estado, en esa villa turística hay unas 3.000 viviendas construidas en tierras fiscales. Más del 50% de esas casas fueron construidas entre 2019 y 2024. “Durante la pandemia acá pasó de todo y nadie hizo nada para detenerlos. Hubo unos pícaros que se apoderaron de lotes que dividieron en parcelas y luego la comercializaron con el apoyo estatal porque los delegados comunales sabían lo que está pasando. ¿A ellos nunca les harán nada?”, se preguntó Pedraza.
Las irregularidades comenzaron mucho antes de esa fecha. Por esa razón, se dictó una ley para que los poseedores de esas tierras pudieran comprar los lotes al Estado, siempre y cuando cumplieran con algunas condiciones. La primera de ella era que la ocupación se hubiera concretado antes de 2018 y que no se hubieran instalado en zonas de reserva natural o arqueológica. Según los funcionarios, poco más de 1.400 propietarios estaban en condiciones de acceder al plan de regularización.
De ese número, sólo 300 hicieron correctamente el trámite. Otros 1.000 decidieron recorrer otro camino para lograr la titularización de sus propiedades sin tener que comprar los lotes que ocupan. Por esa razón, el Estado presentó una denuncia penal contra empleados de la ex subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat ante la sospecha de que podrían haber cobrado sobornos para realizar este trámite.
Una oportunidad
Al analizar los expedientes que se habían presentado como la ley indicaba, los funcionarios rechazaron 100 porque no se ajustaban a la norma. Quedaron 200 que fueron estudiados. También terminaron siendo rechazados por la misma razón: las viviendas fueron construidas a la vera de caminos que no superan los cuatro metros de ancho, cuando códigos de planeamiento establecen que tendrían que tener al menos 12 metros. El Estado, al entender que estos propietarios tienen verdaderas intenciones de estar en regla, decidió darles una oportunidad.
Permitirá que continúen con el expediente si es que ceden parte de sus propiedades para que los caminos tengan el ancho exigido. “La propuesta es entendible, pero habrá que ver cuántos vecinos aceptarán. Algunos querrán ceder su terreno, otros no. Es como en la época en la que se estaba instalando el gas natural y siempre había algunos que no quería pagar su parte, afectaba a otros porque tenían que gastar más y después se conectaban a la red”, explicó María Laura Rivadeneira.
El caso de las personas que se instalaron en zonas prohibidas el panorama es más complicado, ya que el Gobierno confirmó que no podrán ingresar al plan. “Nos sorprendieron porque estábamos buscando una salida. Con esto, no sé qué pasará. Hay algunos que quieren salir a cortar la ruta para evitar que se avance con este plan”, finalizó Eduardo Giménez.
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