Por Gustavo Rodríguez
03 Junio 2025
“Estamos sorprendidos porque pensábamos que no iba a pasar nada. Pero esta vez sí pasó. Veremos si el Gobierno nos dará una nueva posibilidad para estar en regla. Vamos a hacer lo que nos pidan para poner todo en orden. No queremos perder todo el esfuerzo de muchos años”, aseguró Mario Reyes, uno de los propietarios de El Cadillal que sigue el desarrollo de la regularización dominial que inició la Provincia. Muchos esperan una segunda chance para lograr la titularidad de los lugares que poseen. Una oportunidad que puede generar polémica y poner en juego la credibilidad del plan de reordenamiento que lanzó la Provincia para reordenar el patrimonio de todos los tucumanos.
Las autoridades hicieron en ese centro turístico dos relevamientos con poco más de 10 años de diferencia. En el primero, efectuado en 2011, se relevaron unas 1.500 viviendas. A principios de 2025, se hizo otro trabajo en el que se contabilizaron unas 3.000 casas. Entre 2018 y 2022, hubo un festival de usurpaciones, especialmente en los tiempos de la pandemia. Los dos informes revelaron que más del 90% estaban construidas en tierras fiscales, sin ningún tipo de autorización, violando las normas urbanísticas y ocupando predios destinados a la preservación de los recursos naturales y arqueológicos.
Hay dos ejemplos claros que hablan de las irregularidades. El más antiguo es el emprendimiento que inició Daniel Olivera, conocido como Villa del Lago. Consiguió que se le otorgara una concesión para instalar un camping y terminó vendiendo parcelas. Ese proyecto se inició hace más de 20 años y actualmente hay unas 100 viviendas. Todas son construcciones irregulares por tres razones: fueron construidas en zonas protegidas y fiscales; no respetaron la franja de 35 metros de seguridad de la cota máxima del espejo y utilizaron barrancas para tener una mejor vista sin tener en cuenta los riesgos que corren. Los habitantes cuentan que hay mucha gente poderosa en el barrio, pero por temor no dan nombres. Incluso señalan que hasta Atsa, gremio que cuenta con un importante complejo en la villa, tiene una edificación que lo utiliza como salón de fiestas. Sí se pudo confirmar que muchos comenzaron a “regalar” sus propiedades antes de perder todo.
El otro caso es más grave aún. El emprendimiento es conocido como Torres Espeche. Al parecer, utilizando dudosos papeles de posesión, comenzó a vender parcelas en un lugar privilegiado de la villa. Al haber obtenido un importante éxito comercial, el emprendedor decidió extenderlo. Lo hizo desmontando bosques nativos y ocupando tierras que pertenecen a la Provincia. Cuentan los compradores de los lotes que nunca sospecharon de nada porque el vendedor habría utilizado las maquinarias de la comuna para cometer ese enorme daño a la reserva.
Los cómo
Muchos se hacen la misma pregunta: ¿cómo se llegó a este descalabro dominial? No hay una respuesta, sino varias:
1- Personas aprovecharon la falta de control para ocupar tierras fiscales y luego comercializarlas a través de loteos ilegales.
2- Los últimos cinco comisionados habrían tenido algún tipo de complicidad. No sólo no denunciaron la ocupación de tierras fiscales, sino que cobraron impuestos y habilitaron negocios desconociendo que sus titulares ocupaban predios fiscales.
3- Fallaron los controles de los organismos estatales.
4- Personas se encandilaron por los bajos precios de las tierras y no realizaron las averiguaciones correspondientes sobre la titularidad de los lotes que habían adquirido.
5- Durante dos décadas no hubo una decisión política de preservar los bienes del Estado, que en definitiva son de todos los tucumanos.
6- La Provincia inició demandas judiciales contra los ocupantes, pero no las continuó hasta el final o consiguieron órdenes de desalojo que no fueron ejecutadas y hoy, por el paso de 10 años, no puede solicitar que se cumplan.
El plan
Ante semejante caos territorial, a través de la ley 9.179, la Provincia lanzó un generoso plan de regularización. Invitó a todos los ocupantes a participar de una licitación pública para adquirir al Estado los terrenos que habían ocupado. Sólo podían acceder a este plan las personas que estaban en condiciones de demostrar su posesión hasta 2018; los terrenos que no tuvieran más de 3.000 metros cuadrados y los lotes que no estén en zonas de reservas naturales y arqueológicas.
Según los funcionarios, unos 1.500 propietarios estaban en condiciones de acceder a esta propuesta. Sólo 300 lo hicieron de manera correcta. Otros 1.000 se inclinaron por hacer otro trámite para evitar tener que comprar las tierras al Estado. Los restantes, directamente, no hicieron nada porque pensaban que nunca pasaría nada. “La verdad es que pensé que era una trampa para sacarnos plata. Por eso no presenté los papeles. Ahora me arrepiento”, contó Josefina de Domínguez.
El Cadillal pasó de un festival de usurpaciones a una industria de la corrupción. Con el apoyo del actual comisionado comunal, personal de la desaparecida subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat se presentaron en la villa y ofrecieron conseguir la titularización de sus propiedades a través de otra norma. A cambio, debían contratar a los agrimensores que ellos les recomendaban para que les hicieran los planos de mensura e iniciar los trámites. A los que tenían lotes que superan los 3.000 metros cuadrados, les proponían dividirlos para que no tuvieran problemas. Los empleados que realizaron esta maniobra fueron denunciados penalmente y los 1.000 expedientes iniciados terminaron siendo rechazados.
El final
El final de este caso es incierto. La única certeza es que habrá que tomar una decisión política para resolverlo. Ya está demostrado que la idea de la Provincia es poner orden, pero en el caso específico de El Cadillal, aún no se sabe cómo. Estas son algunas de las posibilidades:
- De los 300 propietarios que presentaron correctamente los papeles, sólo 200 podrían continuar con el trámite de titularización, siempre y cuando amplíen a 12 metros los caminos que llevan a sus domicilios, ya que la mayoría de ellos tienen cuatro metros, lo que está prohibido en las normas urbanísticas.
- No tendrán oportunidad los que construyeron sus viviendas en zonas prohibidas, como ocurre en Villa del Lago y el loteo Torres Espeche. Más aún si lo hicieron después del 2018.
- Las personas que demuestren que esa es su única vivienda y que residen de manera permanente, tendrían una chance de conseguir la titularidad. En caso de que estén ocupando zonas prohibidas, podrían ser reubicados en otros lotes que disponga el Estado y los tendrán que adquirir.
- Las autoridades deberán definir qué hacer con las personas que realizaron por “izquierda” el trámite para evitar comprarle al Estado las tierras. No tienen posibilidades para corregir su situación, ya que los plazos de presentación de expedientes caducaron.
- No están contemplados los terrenos ocupados (con o sin viviendas) desde el 1 de enero de 2019. Para que ello ocurra, tendría que dictarse una nueva ley, pero en la Legislatura no existe ningún proyecto sobre el tema.
Está visto que hay varios caminos que pueden llevar a la solución del conflicto. Los poseedores ya comenzaron a peregrinar por ellos para tratar de encontrar la mejor solución. El Estado deberá escucharlos y definir si le darán otra oportunidad. En el medio, están los que se preguntan si se la merecen después de haber generado un perjuicio patrimonial, de haber atentado contra el medio ambiente y, fundamentalmente, haber recurrido a atajos irregulares con tal de no cumplir con una ley que los beneficiaba.
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