04 Septiembre 2025
Agosto cerró con casi 1.600 focos de fuego por quema de vegetación; principalmente, cañaverales, restos de cosecha y pastizales. Hubo un promedio de 54 incendios por día, con picos que variaron entre 81 y 141 focos entre el 22 y el 29 del mes. Con cerca del 70% de la cosecha ya realizada, hasta fines de agosto se habían registrado aproximadamente 14.500 hectáreas quemadas (LA GACETA, 30 de agosto). De esa superficie, algo más del 50% corresponde de áreas minifundistas, quienes precisamente se manifestaron reclamando que se les permita continuar con la práctica. El otro 50%, en cambio, permanece en silencio, lo cual despierta interrogantes: ¿qué se quemó allí, caña en pie o rastrojos? ¿Por qué no se expresaron? La frase “a confesión de parte, relevo de pruebas” cobra en este contexto una vigencia contundente. La justicia tendrá la última palabra tras los procedimientos en curso. Sin embargo, lo central no es si la superficie afectada resulta “menor” que en años anteriores, sino que las leyes siguen siendo sistemáticamente vulneradas y que las mediciones con sensores muestran palmariamente la contaminación atmosférica que provocan esas quemas. Las evidencias médicas, con estudios realizados por investigadores de la Facultad de Medicina de la UNT, reconfirman los efectos. La superficie de 14.500 hectáreas, al culminar agosto, representó la inyección a la atmósfera de más de 150.000 toneladas de anhídrido carbónico en un solo mes, sin contabilizar otros gases nocivos liberados por la quema. El daño a la salud pública es igualmente grave. En tres jornadas de agosto, las concentraciones de partículas finas PM 2,5 superaron entre 2,7 y hasta 20 veces los valores guía establecidos por la OMS. Esto significa que miles de personas respiraron aire altamente contaminado, con riesgo directo para su bienestar y su vida. Quemar sigue siendo ilegal. Quemar sigue siendo un delito contra el ambiente y contra la salud de todos.
Juan A. González
San Juan 158 - Lules
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