En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

Amira L. tuvo que dejar la cocina para contribuir a la economía familiar. Su esposo, Germán C., trabajaba en un comercio pero, por cuestiones del presente económico, su patrón redujo costos del negocio y él quedó expuesto al desempleo. Ella, a su vez, enfrentaba el dilema de “cocinar para afuera”, pero ahora que el dinero escasea más que siempre, salió a buscar un empleo. Para ellos, lograr reunir los $959.000 mensuales (valor de la Canasta Básica Total en Tucumán) es una tarea titánica. “Ahora nos aproximamos a esa cifra, porque mi esposo hace changas y yo contribuyo con el sueldo que no es mucho, pero no deja de ser un ingreso”, se resigna la mujer. Ambos comparten, sin embargo, otro problema: la informalidad laboral. El empleo no registrado, al primer trimestre del año, afecta al 50,8% de los asalariados que residen en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, según el último reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia. Más de la mitad de esa fuerza laboral no está cubierta por una obra social, no podrá acceder a una jubilación porque sus empleados no hacen los aportes de ley, y están más expuestos a los vaivenes de una economía volátil. Más preocupante es el cuadro si se toma en cuenta todas las categorías ocupacionales (patrones, cuenta propia, asalariados y trabajadores sin remuneración): la tasa de empleo informal trepa al 59,7%, indica el informe oficial al que accedió LA GACETA.

El organismo que dirige Pedro Rollan revela que, respecto de la caracterización de la población ocupada según rama de la ocupación principal, del total de los ocupados informales, el 52,5% se concentra en tres ramas de actividad: el 29,4% en el comercio, el 11,0% trabaja en construcción y el 12,1% en servicios domésticos. También se destaca, un 7,9% los ocupados informales en hoteles y restaurantes, la industria manufacturera un 8% y otros servicios comunitarios, sociales y personales a un 8,7%.

A partir de la descomposición de la calificación ocupacional, se destaca que el grupo de los operativos es el que más abarca a los ocupados informales, con el 54,5%. Luego, continua los ocupados informales no calificados en 31%, los técnicos a 11,5% y el profesional, con un 2,8%.

“El problema más serio que existe en la Argentina es la precariedad laboral”, define Eduardo Donza, coordinador Desarrollo de Datos-Especialista en Trabajo y Desigualdad de la Universidad Católica Argentina (UCA). “Lamentablemente con la situación del país, la sociedad no se puede dar el lujo de estar desocupada y expuesta a la indigencia. Entonces, cae en el trabajo en negro”, puntualiza. El sociólogo señala que todo esto es consecuencia de la baja productividad en el país, que genera puestos de baja calidad. “En provincias como Tucumán, es fundamental reactivar las economías regionales, con políticas de Estado en los tres niveles que sean consensuadas con los actores de la producción y del trabajo, que vayan más allá de un subsidio o un beneficio impositivo, sino que tienda a generar puestos de calidad”, acota.

¿Qué implica la informalidad laboral? Según Julio Picabea, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral, la Argentina presenta una tasa de informalidad del 42%, según datos de Indec del primer semestre, superando ampliamente a países como Uruguay (9,6%), Chile (14,8%) y Brasil (23%). Además, en términos históricos, la informalidad ha aumentado notablemente en las últimas cuatro décadas, siendo que en 1985 se ubicaba cercana al 25%.

La informalidad laboral representa un desafío central, urgente e ineludible para la política argentina, plantea el también director de Desarrollo de Fundación León. “Se trata de un amplio sector de la población ocupada (9 millones de trabajadores) que no aporta al sistema previsional, generando gran presión sobre los trabajadores formales, quiénes deben hacer un mayor esfuerzo para la sostenibilidad del sistema”, puntualiza. A su criterio, la cuestión se agrava más a medida que se acerca el fin del “bono demográfico”, aumentando la proporción de población en edad adulta. Pensando a 10 o 15 años: ¿Cómo se sostendrá el sistema previsional si se mantienen estos niveles de informalidad, en el contexto, además, de una población envejecida? “Si queremos alarmarnos todavía más, miremos la foto de nuestros menores en Argentina: el 50% de los menores de 14 años vive en un hogar pobre ¿Cómo será nuestra próxima fuerza laboral?”, interroga. Picabea sostiene que, abordar la cuestión del empleo informal implica abrir la discusión sobre nuestra legislación laboral y repensar los convenios colectivos de trabajo. Está discusión debe involucrar a la política, el sector privado y las entidades gremiales. Es fundamental anticiparse a un problema que en algunos años será más complejo.

En sintonía, el presidente del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), Jorge Colina, el problema se vuelve estructural por la baja productividad que tiene la mayoría de los emprendimientos en Tucumán y en otros distritos de la región, especialmente en el comercio. “Esto se agrava si se focaliza que esos negocios facturan poco por hora trabajada, con salarios de convenio altos y que se negocian en Buenos Aires sin tomar en cuenta las realidades del interior”, fundamenta en un contacto con nuestro diario. Así, el economista señala que un trabajador en blanco puede costarle a un empleador una remuneración cercana a $1,5 millón por mes. “Los convenios colectivos están vetustos algunos como el de comercio tienen casi 50 años. Nunca tomaron en cuenta, por ejemplo, que en un comercio de Buenos Aires pueden pasar 10.000 personas por hora, pero otro del interior, en hora pico, tiene 100 potenciales clientes que transitan por la zona”, subraya. Según la experiencia, Colina indica que las MicroPyME, de menos de 10 empleados, podrían aplicar contratos con salarios mínimos más cargas sociales, liberándolo de los convenios colectivos, e ir mejorando los ingresos de acuerdo con la productividad.