Desde el inicio de esta gestión, el Gobierno decidió instalar un relato peligroso: que las Universidades Nacionales eran una “cueva del kirchnerismo”. No se trata aquí de defender al gobierno anterior -que también sometió a la comunidad universitaria a un duro proceso de desfinanciamiento-, sino de señalar una diferencia clave: en aquel entonces, los claustros no fueron incendiados mediáticamente como hoy. Lo que se observa en estos meses es un ataque sistemático y burdo contra la educación pública. Se caricaturiza a docentes e investigadores de prestigio, a trabajadores no docentes y a estudiantes, reduciéndolos al rótulo de militantes kirchneristas. Se demoniza a las casas de altos estudios, tratándolas como guaridas de lavado y desvío de fondos. Y para completar el cuadro, se insiste en que las universidades no son auditadas, una afirmación que revela más ignorancia que información. El propio Subsecretario de Políticas Universitarias, fue la voz encargada de agitar el fantasma de los “curros universitarios”: corrupción, manejos turbios, sueldos millonarios. Sin embargo, cuando fue consultado con seriedad, no pudo sostener sus palabras. Reconoció que no encontró pruebas y terminó retrocediendo en su discurso, rebajando sus acusaciones a la categoría de “gastos excesivos o innecesarios”. El saldo de esta operación es claro: no se descubrió corrupción, sino que se sembró sospecha. No se corrigieron irregularidades, sino que se construyó un enemigo político. El Gobierno eligió abrir un frente de conflicto con el sistema universitario porque sabe que atacar a la universidad pública es golpear uno de los últimos espacios de movilidad social, de pensamiento crítico y de resistencia cultural. Y esa, quizás, sea la verdadera razón de esta cruzada.
Williams Fanlo
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