28 Octubre 2025
La Asociación del Fútbol Argentino celebró una Asamblea Extraordinaria en el predio “Lionel Andrés Messi”, donde se aprobó por unanimidad una serie de modificaciones en el Estatuto. El punto más resonante fue el cambio de domicilio legal, que deja atrás la histórica sede de la calle Viamonte para pasar definitivamente a Ezeiza, en la Provincia de Buenos Aires. De los 46 asambleístas convocados, participaron 44, con ausencia de los representantes de “Huracán” y de la Asociación Civil Círculo de Directivos, Exdirectivos, Exjugadores, Exárbitros y Exdirectores Técnicos.
Durante el encuentro, tras el discurso de Claudio Tapia, los asambleístas ratificaron ajustes que el Comité Ejecutivo había realizado previamente en distintos artículos del Estatuto. Entre ellos, la confirmación de que se desestima la reforma integral del artículo 28 y de manera parcial la del artículo 35, adecuaciones solicitadas por la Inspección General de Justicia. Además, se mantuvieron cambios ya aprobados en noviembre de 2023 vinculados a la composición y funciones de los órganos internos, incluyendo la figura de la Dirección General.
Otro punto tratado fue la adecuación de los artículos 1°, 35° y 93°, relacionados con el título institucional, el funcionamiento del Comité Ejecutivo y el sistema de ascensos y descensos entre categorías. La Asamblea avaló las nuevas redacciones emitidas previamente, dejando en claro que estos cambios se realizaron bajo observación de organismos de control y serán elevados para su inscripción formal correspondiente.
En paralelo, se resolvió facultar al presidente y al secretario general para aceptar correcciones de forma que pudieran exigir la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o la propia Inspección General de Justicia. La intención es garantizar que el nuevo Estatuto quede inscripto sin contratiempos administrativos y con plena validez legal.
Un movimiento político en medio de la puja legal
El traslado del domicilio legal representa una maniobra estratégica de AFA en medio del conflicto con la Inspección General de Justicia, que en 2024 había intentado frenar la Asamblea y algunas reformas previstas. Desde ahora, la entidad quedará bajo el control jurídico de la Provincia de Buenos Aires, un cambio que redefine la relación institucional y regulatoria respecto al Gobierno nacional.
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