La reaparición de las viejas mañas

Toda la arquitectura de seguridad policial de la que se ufana el Gobierno -baja de homicidios en un 50% y de delitos contra la propiedad en un 30%- quedó sacudida por el vendaval producido por el comisario que hacía trabajar a presos y a agentes en su casa en El Cadillal. “Arruinaron todo lo bueno que están haciendo. Ustedes mismos se encargaron de estropearlo”, les habría dicho el gobernador, Osvaldo Jaldo, a los otros policías, los de la plana mayor, que no se ocuparon de controlar lo que hacían los acusados Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, hoy exonerados de sus cargos en la Unidad regional Norte.

“Esto demuestra que estamos trabajando con firmeza en la depuración interna”, dijo el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. Es decir que la primera respuesta fue remarcar la efectividad de la capacidad de reacción de las autoridades ante la aparición de una manzana podrida. O varias; no se sabe si los que se quedaron callados o apelaron a la obediencia debida serán separados de la fuerza de seguridad o sancionados. Hoy continuará la audiencia judicial que ayer quedó suspendida porque uno de los acusados sufrió una descompensación de presión.

En la audiencia se está discutiendo la magnitud y el alcance de las maniobras de que se acusa fundamentalmente a Beltrán. Hacía que cuatro presos que estaban alojados en comisarías en vez de estar en la cárcel, fueran a realizar tareas de albañilería en su casa en El Cadillal. No se daba aviso a la Justicia del traslado de detenidos y se anotaba mal los datos en el libro de la sede policial. También los policías debían trabajar en la vivienda del alto oficial. La foto de los dos presos y los dos policías albañiles tirados en el piso cuando fueron sorprendidos por la comisión que fue a corroborar la denuncia dio vuelta al país.

Además, la vivienda del comisario está ubicada en la Villa del Parque en El Cadillal, uno de los barrios irregulares levantados sobre terrenos fiscales que una unidad especial de investigación de Fiscalía de Estado relevó hace pocos meses. Entonces se descubrió que de los 18 barrios que hay en El Cadillal sólo dos son regulares. Los otros son tierras fiscales y sus ocupantes están en medio de un largo debate por la usurpación de terrenos. No se sabe que el comisario Beltrán haya pedido regularizar ese terreno. Por ahora no se sabe qué ha de decir, ya que su abogado, Augusto Avellaneda, ha planteado en la audiencia que todo el procedimiento fue nulo porque el ministro Agüero Gamboa hizo el procedimiento sin autorización judicial. El juez Eduardo González le rechazó el planteo y le dio la razón a la fiscal Mariana Rivadeneira, que dijo que Agüero Gamboa actuó bien porque descubrió un delito en flagrancia.

En resumen, por ahora hay varias irregularidades en medio del escándalo. Se hacía trabajar a presos en beneficio personal; se hacía trabajar a policías con el mismo objetivo; se habrían alterado los libros policiales; no se avisaba a la Justicia de los traslados y se ocupaba un predio fiscal en un barrio irregular. Puras mañas.

Reforma estructural

La cuestión es si se trata de una -o unas cuantas- manzanas podridas señaladas por una fuerza de seguridad preparada para advertir estas irregularidades o, como rápidamente se comenta por redes sociales, es el sistema el que tiene el veneno por dentro. El dirigente libertario Federico Pelli -que antes de dedicarse a la política ya era experto en seguridad-, aprovechó la oportunidad ayer en LG Play para decir que la Policía de Tucumán funciona mal y necesita una reforma estructural.

No se sabe si el escándalo derivará en medidas más profundas del Gobierno, pero ayer todas las áreas de la Policía estaban en alerta. En la plaza de Villa Luján había a la tarde una gran reunión de policías del 911. Acaso debatían sobre la denuncia del párroco Enzo Romero, que dijo que el viernes hubo un robo de elementos y dinero por unos 6 millones de pesos de la casa de su madre, que había fallecido el día anterior. “Es la quinta denuncia que hago en dos años y nunca tuve una respuesta concreta”, dijo.

El debate sobre quién controla al guardián está instalado, como lo planteó en 2017 el ya fallecido presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, que pidió que se montara una oficina de Asuntos Internos en la fuerza de seguridad, sin que nadie le hiciera caso.

No se sabe si habrá intenciones de volver a tratar esta idea o la de los Asuntos Externos de control. Pero lo que ha regresado son las viejas mañas, que parece que nunca se fueron.