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SONRISA. Tapia se mostró de buen ánimo a la salida de los tribunales de Comodoro Py.
El Gobierno nacional resolvió avanzar con una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de auditar su funcionamiento institucional, su situación contable y una serie de operaciones que están bajo análisis.
La medida fue oficializada a través de la resolución 128/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado del control de este tipo de entidades. La decisión se fundamenta en irregularidades detectadas tanto en aspectos administrativos como registrales, lo que derivó en la apertura de actuaciones y en la necesidad de profundizar la fiscalización.
Como parte de la intervención, fueron designados como veedores el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán amplias facultades para acceder a documentación, revisar libros contables y analizar operaciones vinculadas a la entidad.
Entre sus principales tareas estará la elaboración de un informe detallado sobre los estados contables, especialmente el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales. También deberán investigar distintos movimientos financieros y relaciones comerciales que están bajo la lupa.
Uno de los focos de análisis será la frustrada creación de la Universidad del Fútbol Argentino (UNFA), incluyendo su constitución, financiamiento y los convenios firmados con terceros. Además, los veedores deberán examinar las operaciones vinculadas a la empresa TourProdEnter LLC (relacionada con la comercialización de derechos de la Selección) y su circuito de fondos en el exterior.
En paralelo, se analizarán los vínculos con otras firmas, entre ellas Sur Finanzas, y el rol de distintos actores vinculados a la estructura económica de la AFA. La auditoría incluirá el seguimiento de transferencias, rendiciones de cuentas y movimientos de dinero tanto dentro como fuera del país.
La intervención también tiene como antecedente una serie de requerimientos de la IGJ que no fueron respondidos en tiempo y forma por la entidad, entre ellos la presentación de balances de ejercicios anteriores y documentación vinculada a cambios de jurisdicción y reformas estatutarias.
Transparencia, control y un contexto caliente
Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a garantizar la transparencia en la administración de una institución de relevancia pública y a asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.
Los veedores deberán presentar informes parciales durante el proceso y un documento final al término de los seis meses, que podría tener impacto en las causas judiciales en curso.
La decisión se produce en un contexto de tensión, luego de que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fuera indagado en la justicia penal económica y denunciara públicamente una persecución política. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia remarcaron que la intervención responde exclusivamente a la necesidad de ejercer el control legal correspondiente sobre la entidad.
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