Casamientos tras las rejas: desde Alperovich hasta Amín, los casos más polémicos

José Jorge Alperovich no será el único condenado tucumano que decida casarse mientras cumpla su pena por abuso sexual. En la historia policial de esta provincia hubo varios casos. Los jueces sostienen que esta es una práctica común en el sistema carcelario, pero siempre renace la polémica cuando contrae matrimonio una persona conocida o que fue protagonista de un delito que movilizó a la sociedad.

En octubre de 2007 se registró en un hotel ubicado al frente del parque 9 de Julio uno de los crímenes más espeluznantes de las últimas décadas. El santiagueño Pablo Amín mató a su pareja a golpes, le extrajo los globos oculares y después arrastró su cuerpo por las escaleras.  Dos años después fue condenado a perpetua por un crimen.

En diciembre de 2018, Amín contrajo matrimonio con una mujer que había conocido en el penal. Según publicó LA GACETA, por la mañana hubo una ceremonia civil y, luego, dieron el sí en la capilla del penal de Villa Urquiza. Después del enlace, hubo una pequeña reunión en la que participaron los familiares de los flamantes esposos y otros reclusos.

Desde ese día no se separaron más. Según confiaron fuentes del Servicio Penitenciario, la pareja emprendió varios proyectos comerciales que fueron exitosos y que les permitieron llevar una vida sin sobresaltos económicos. Amín fue autorizado a gozar de salidas transitorias, medida que cumple en el hogar familiar.

Un hecho histórico

En octubre de 2013, en el penal de Mujeres de Banda del Río Salí, se registró un hecho trascendental. Las ex novicias acusadas de la desaparición y el crimen de Ángela Beatriz Argañaraz, se transformaron en uno de los primeros matrimonios igualitarios en condición de encierro de la provincia.

Marcos Daniel Fernández (en el momento de ser condenada a 20 años se llamaba Nélida Fernández) y Susana Acosta (recibió la misma pena) contrajeron matrimonio en una modesta ceremonia realizada en el penal de Banda del Río Salí. En la puerta de la unidad penitenciaria, la hermana de la víctima, Liliana Argañaraz expresaba su malestar por el enlace. "Basuras, ni Dios las va a perdonar. Este matrimonio es una chicana legal más, que sella su pacto de silencio. No podemos hacer nada porque toda persona tiene derecho a casarse, pero ahora, por el vínculo, no van a poder decir nada en contra de la otra", señaló.

La Justicia rechazó el pedido que hicieron las condenadas para compartir una misma celda. Al cumplir los plazos legales, ambas comenzaron a gozar de un régimen de semilibertad. En principio lo debían haber cumplido en su casa de El Cadillal, pero las autoridades descubrieron que no estaban cumpliendo las reglas de conductas impuestas y volvieron a quedar tras las rejas.

Condenados por droga

Mario “El Gordo” Reyna fue condenado por dirigir una red de narcomenudeo que tenía varios quioscos de venta de droga en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) y en Manantial Sur, por sólo mencionar algunos. En ese expediente también fue sentenciada su pareja, Lorena Herrera. Ella ya se había hecho cargo de una causa en la que encontraron varios kilos de marihuana en la distribuidora de gaseosas que tenían y que utilizaban como pantalla.

Antes de la pandemia, Reyna logró que la Justicia autorizara su casamiento por civil. Para concretar el matrimonio, Herrera debió pedir un permiso especial para abandonar la vivienda donde cumplía el arresto domiciliario. La ceremonia fue sencilla y se desarrolló en el penal de Villa Urquiza. Estuvieron presentes familiares de ambos que también estaban cumpliendo penas en la cárcel.

En los últimos tiempos se registraron otros casamientos que generaron comentarios y controversias. El año pasado, en la unidad de Concepción, se casó un recluso con una chica trans. Dos abogadas también dieron el sí con los hombres que conocieron cuando los defendían por diferentes delitos.