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Cristian Auguadra, el flamante titular de la SIDE.
La reconfiguración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se consumó esta semana con un movimiento que ratificó el dominio de Santiago Caputo sobre los resortes estratégicos del Gobierno. Tras semanas de desgaste interno, Sergio Neiffert fue desplazado de la titularidad del organismo para ser reemplazado por Cristian Auguadra, un funcionario de perfil técnico y lealtad absoluta al asesor presidencial.
La operación política, sellada mediante decreto, fue precedida por una intensa agenda de reuniones. Horas antes de la jura de diputados en el Congreso, el presidente Javier Milei recibió a Caputo en la residencia de Olivos, un encuentro que validó la reestructuración. Posteriormente, el asesor encabezó una reunión en Casa Rosada junto al flamante titular, Auguadra, y al subsecretario administrativo, José Francisco Lago Rodríguez, con el objetivo de alinear la gestión operativa y administrativa de la nueva etapa.
El fin de la era Neiffert
La salida de Neiffert respondió al deterioro irreversible de su relación con el "triángulo de hierro" del Gobierno. Según fuentes oficiales, su gestión estuvo marcada por tensiones sobre el manejo de información sensible y, fundamentalmente, por intentar construir vínculos políticos propios dentro del Gabinete, una autonomía que incomodó al entorno presidencial.
El episodio final tuvo tintes casi cinematográficos: mientras su destitución ya estaba decidida, Neiffert se mostró públicamente en la jura de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, conversando con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Santiago Caputo, el artífice de su salida, brilló por su ausencia en ese evento alegando "motivos laborales".
Un perfil técnico para un control férreo
La llegada de Auguadra, proveniente del área de Asuntos Internos, supone un giro hacia el hermetismo. Su designación se lee como una victoria del "caputismo", garantizando un control riguroso sobre los fondos reservados y anulando cualquier foco de interna política.
Para la oposición, este esquema verticalista enciende alarmas sobre la transparencia institucional; para el Gobierno, es el paso necesario hacia la "profesionalización" de una inteligencia sin interferencias.
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