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CGT. / ARCHIVO LA GACETA
Con la reforma laboral ya presentada en el Congreso y las sesiones extraordinarias en marcha hasta el 31 de diciembre, en el Gobierno nacional relativizan el impacto de la movilización que la CGT convocó para el próximo jueves, desde las 15, en la Plaza de Mayo. En Balcarce 50 no esperan una demostración de fuerza contundente ni anticipan un operativo de seguridad orientado al enfrentamiento directo con las columnas sindicales.
Puertas adentro, la estrategia oficial apunta a bajarle el tono a la protesta y, al mismo tiempo, aprovechar la confrontación discursiva con el sindicalismo, una dinámica que forma parte del ADN libertario. Sin embargo, antes de que se conociera el texto definitivo del proyecto, el Ejecutivo entabló contactos con dirigentes gremiales que derivaron en concesiones concretas para evitar un conflicto profundo, especialmente en un contexto de fin de año marcado por sensibilidades económicas y sociales, publicó La Nación.
En el Gobierno reconocen que la protesta era esperable. Funcionarios que participaron de la “cocina” de la reforma laboral ya preveían alguna reacción de la CGT frente a los cambios impulsados por la gestión de Javier Milei, plasmados en un proyecto de 71 páginas que ya fue enviado al Senado. La incógnita estaba puesta en el tenor de la respuesta sindical.
Desde la central obrera dejaron trascender que la reacción dependería del contenido final del texto. Una vez conocida la letra chica, la CGT reunió de urgencia a su cúpula y endureció el discurso contra la iniciativa, aunque evitó por ahora convocar a un paro nacional y optó por una movilización.
En ese marco, un alto funcionario de la Casa Rosada sintetizó la mirada oficial en diálogo con el mencionado medio: “Nos ayuda que se movilicen; cada vez que salen en la televisión, nosotros somos los buenos”. La frase refleja el contraste que el Gobierno busca instalar con los gremios, aun cuando en más de dos años no avanzó con una ofensiva estructural contra el sector, como sí ocurrió en otros ámbitos.
Para evitar una escalada mayor, el Ejecutivo movió fichas antes. Figuras centrales del oficialismo, como el ministro del Interior, Diego Santilli; el estratega Santiago Caputo; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendieron puentes con referentes sindicales para acercar posiciones. El resultado fue la eliminación de los artículos más conflictivos del proyecto, en particular cualquier modificación a la cuota solidaria que sostiene las cajas gremiales.
El secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, representante de la CGT en el Consejo de Mayo, tuvo un rol activo en esas negociaciones. Finalmente, la postura dialoguista se impuso y ese apartado quedó fuera del texto oficial. Para mantener alineado a su electorado, desde la Casa Rosada dejaron trascender que los cambios en materia sindical llegarán más adelante, en otro proyecto.
Más allá de la cuota solidaria, la CGT mantiene su rechazo de fondo a la reforma, al considerar que implica un “ataque a los derechos colectivos e individuales” y que algunos puntos resultan “inconstitucionales”. Entre los principales cuestionamientos figuran los límites al derecho de huelga, las regulaciones sobre asambleas y la ampliación de las actividades declaradas esenciales -con un 75% de presentismo obligatorio- y trascendentales, que requieren un 50%.
Desde el Gobierno, incluso, algunos funcionarios ensayan una lectura conciliadora y aseguran que la central obrera persigue el mismo objetivo que la administración libertaria: aumentar la cantidad de trabajadores registrados.
En materia de seguridad, la ministra Alejandra Monteoliva y otras fuentes oficiales ratificaron la aplicación del protocolo antipiquetes. No obstante, aclararon que no habrá una política de choque con la CGT: la idea es permitir la concentración, los reclamos y la desconcentración sin mayores incidentes.
El miércoles 18, además de la CGT, se movilizarán sectores de la izquierda por otros carriles, con grupos de mayor belicosidad y sin interlocutores en la Casa Rosada. Mientras tanto, enfocado en las negociaciones para reunir los votos necesarios para el Presupuesto y las reformas, el Gobierno confía en que, con el trámite iniciado en el Senado y con la exministra Patricia Bullrich como una de las voces centrales, el proceso legislativo “va a avanzar bien”.
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