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ACLARACIÓN. Se respetarán derechos adquiridos, admite el Gobierno.
El Gobierno y la CGT se enfrentan en un duro debate acerca de los alcances de la reforma laboral que la administración del presidente Javier Milei impulsa a través de un proyecto de ley que ya está en tratamiento del Congreso. El disparador de la batalla verbal ha sido la declaración del ministro de Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, que declaró que aquella reforma aplicará a todos los contratos laborales y no solo a los que se celebren a partir de su sanción. “Es una ley para llevar a los argentinos a la formalidad”, justificó el titular del área de Transformación del Estado.
Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT (Confederación General del Trabajo), respondió al funcionario, acusándolo de cometer un “sincericidio” que expuso las verdaderas intenciones del Ejecutivo.
“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó Jerónimo en declaraciones radiales.
Diversos voceros del Gobierno habían intentado bajar el tono, asegurando que la iniciativa solo aplicaría para contratos pactados después de su sanción y que, por esa razón, no tendrá efectos retroactivos. “(Está equivocada) la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”, indicó una alta fuente del oficialismo ante la consulta de TN.com. Así, desde el Poder Ejecutivo insistieron con que los trabajadores que ya estén en un empleo seguirán bajo el convenio que estaba vigente al momento de su contratación.
El cegetista aclaró que el sindicalismo no le esquiva a la discusión acerca de las modificaciones a las normas laborales, pero advirtió que no admitirán imposiciones al respecto. “Nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”, remarcó.
Mientras tanto, en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel citó para el martes a una reunión de laboral parlamentaria para intentar avanzar con la discusión de la iniciativa. Paralelamente, la titular del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, organiza el trabajo en comisión para tener un dictamen cuanto antes.
El principal problema que se enfrenta La Libertad Avanza en este proceso de debate de la iniciativa es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que, en principio, no van a querer enfrentarse a la CGT. En ese sentido, se menciona los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los norteños, junto con el catamarqueño Raúl Jalil, son considerados dialoguistas con la Casa Rosada. Gran parte de los gobernadores vienen teniendo reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien analizaron, precisamente, la postura de los parlamentarios que les responde respecto de la reforma laboral.
La expectativa del oficialismo apunta a contar con el respaldo del mandatario del Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno. En el Ejecutivo saben que no contarán con el respaldo del ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora. El primer plazo que tiene el Gobierno es el 30 de diciembre, día que terminan las sesiones extraordinarias.
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