Llevan a la Corte el pedido de juicio político contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez

Mirta Giménez confronta al poder judicial tucumano. Tras el suicidio de su hija Karla Robles -precedido según su versión por seis denuncias de violencia de género-, la mujer presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para revertir el archivo de su pedido de juicio político contra el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez. La demanda denuncia una inacción penal que, dijo, empujó a una joven de 27 años a la muerte, pero además impugna lo que ella considera un sistema legal diseñado para la irrecurribilidad, lo que la madre de Karla califica como un "esquema de impunidad" que protege a los funcionarios más poderosos de la provincia.

La presentación judicial desafía la Resolución N° 627, del 5 de diciembre de 2025, mediante la cual la Comisión de Juicio Político de la Legislatura rechazó in limine la denuncia contra el jefe de los fiscales. Según la presentación patrocinada por la abogada Patricia Neme, esta decisión administrativa fue tomada "en tiempo récord" y sin permitir la producción de las pruebas ofrecidas, lo que vulnera el derecho al debido proceso y el de peticionar ante las autoridades. Para ella, el rechazo no constituye una decisión política abstracta, sino un acto que "consagra la impunidad sobre la muerte de mi hija", al desoír las pruebas que vinculan la gestión de Jiménez con una desprotección sistemática de las víctimas de violencia, afirma.

En el desarrollo de su argumentación, Giménez, la madre de la joven, sostiene que la resolución legislativa padece de vicios insanables en su motivación y causa, alegando que los legisladores se limitaron a realizar un resumen dogmático de sus quejas sin profundizar en la gravedad de los hechos. La demanda subraya que la Comisión de Juicio Político omitió deliberadamente analizar "el núcleo de la denuncia", donde se exponía una supuesta manipulación de la estructura judicial para fines personales y políticos. "Al rechazar mi pedido de juicio político de forma infundada y sin considerar ni producir siquiera las pruebas aportadas, la Resolución vulnera, con arbitrariedad manifiesta, mis derechos de debido proceso, de defensa y de peticionar ante las autoridades", dice el texto.

La mujer solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de los artículos que pretenden blindar las decisiones de la Legislatura frente al control judicial. En particular, ataca el artículo 25 de la Ley 8.198 y el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, que establecen que los actos del juicio político son irrecurribles. En ese sentido, la mujer argumenta que este mecanismo de hermetismo procesal "genera un fortalecimiento de la corrupción"  y que ningún precepto local puede estar por encima de los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a combatir la impunidad. Según el documento, la "irrecurribilidad es de por sí una de las formas de perpetuar la corrupción"  en un contexto donde el poder parece estar concentrado en manos de una "casta" intocable.

Giménez, en su presentación, además recusa a la vocal de la Corte, Eleonora Rodríguez Campos, debido a su parentesco (sobrina) con el Ministro Fiscal. La demandante sostiene que la garantía de imparcialidad es un derecho humano fundamental que no puede ser soslayado por formalismos procesales. El escrito insiste en que "objetivamente ninguno de los recusados me garantiza una actuación imparcial". Mirta Giménez enfatiza que el temor de parcialidad no es una conjetura, sino un riesgo concreto dado que Rodríguez Campos debería juzgar a su propio tío por hechos que involucran responsabilidades penales y políticas de extrema sensibilidad institucional.

El relato de los hechos que fundamentan el pedido de remoción de Edmundo Jiménez abarca los femicidios de Paola Tacacho y Roxana Teves. En relación con su hija, Karla Robles, la mujer detalla que la joven "había radicado al menos seis denuncias contra el agresor"  y que, pese a las alertas constantes, la Justicia solo dispuso restricciones de acercamiento que nunca fueron controladas. Y señala que “la desidia del Ministerio Público Fiscal fue la causa fuente" del trágico desenlace, tras lo que asegura que "mi hija entendió que su vida no valía nada para el sistema, y que su voz se perdía en los cajones del Ministerio Público Fiscal".

El amparo además denuncia designaciones directas de familiares y amigos, así como intentos de censura a la prensa mediante "medidas mordaza" dictadas por jueces afines. Giménez asegura que el Ministro Fiscal "convirtió su posición en una herramienta de control político y personal", instalando una red de nepotismo que asfixia la transparencia institucional. La demanda resalta que la Comisión de Juicio Político tardó apenas cinco días hábiles en archivar estas acusaciones complejas, lo que evidencia, según la parte actora, una "ausencia total de deliberación real"  y una voluntad manifiesta de proteger al funcionario.

Finalmente, pide a la máxima instancia judicial de Tucumán que ordene "de modo urgente a la Comisión de Juicio Político a tratar nuevamente el pedido de Juicio Político", integrando de manera efectiva todos los elementos probatorios que fueron descartados de plano. El escrito concluye con una reserva del Caso Federal, advirtiendo que de no encontrar justicia en la provincia, la lucha se trasladará a la Corte Suprema de la Nación. Mirta Giménez cerró su presentación con una apelación a la ética de los magistrados, recordándoles que su función es garantizar el Estado Social de Derecho y no ser cómplices de un sistema donde la corrupción y el encubrimiento terminan costando vidas humanas.