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Sesión de Diputados. PRENSA DIPUTADOS
El bloque de diputados nacionales del PRO acudió a la Justicia para frenar la designación de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), al sostener que el mecanismo aprobado por la Cámara de Diputados vulnera normas constitucionales. A través de un recurso de amparo, la bancada opositora pidió dejar sin efecto el nombramiento al considerar que el procedimiento fue irregular desde su origen.
La presentación judicial, firmada por el presidente del bloque, Cristian Ritondo, cuestiona la resolución 7018-D-2025, sancionada durante la madrugada del 18 de diciembre, mediante la cual se designó a tres integrantes del organismo encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos. Según el PRO, la decisión se tomó en un contexto que no respetó los límites fijados para las sesiones extraordinarias.
En un comunicado, el bloque sostuvo que la designación se realizó por fuera del temario habilitado por el decreto presidencial que convocó al Congreso, lo que, a su entender, implica una violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El tema no formaba parte de los asuntos autorizados para ser tratados”, remarcaron.
Además, el PRO criticó con dureza la forma en que se desarrolló la votación. Señaló que se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios básicos, lo que -según el bloque- priva al acto de transparencia y publicidad. Para la bancada opositora, esta acumulación de irregularidades vuelve nula la designación, consignó el diario "Ámbito".
Desde el espacio advirtieron que la situación trasciende una discusión formal y tiene consecuencias institucionales. Afirmaron que el proceso afectó los derechos políticos de los diputados y alteró el equilibrio del sistema de control del Estado, al comprometer el funcionamiento de un órgano clave.
En ese marco, destacaron la relevancia de la Auditoría General de la Nación dentro del esquema republicano. “No se trata de un organismo administrativo más, sino de un órgano constitucional destinado a controlar el uso de los recursos públicos”, subrayaron.
El amparo solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar para impedir que los auditores designados asuman o ejerzan funciones hasta que exista una sentencia definitiva y que se restituya la situación institucional previa al acto cuestionado.
Finalmente, el PRO buscó despegar el planteo de una disputa partidaria y sostuvo que la presentación apunta a la defensa de principios institucionales. “No se trata de nombres propios ni de una discusión política, sino de preservar la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, concluyeron.
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